La situación acontecida con el COVID-19 ha alterado la campaña de frutos rojos de este año desde muchos puntos de vista. Uno de ellos ha sido con respecto al cierre de fronteras con Marruecos y la disponibilidad del contingente de trabajadoras procedentes de contratación en origen.

De las 16.500 personas trabajadoras seleccionadas en origen al inicio de la campaña, solo 7028 han sido las que finalmente han podido trabajar debido al cierre de fronteras decretado por el COVID-19. Estas personas son repetidoras que han venido en campañas anteriores, por lo que su experiencia y cualificación es considerable y se han mantenido contratadas debido a que han suplido parte de la mano de obra del contingente que no pudo venir.

No obstante, la evolución de la campaña de la fresa (venida a menos por la situación sanitaria y sus consecuencias económicas) hace que a finales de mayo el 80% de los productores finalicen su cosecha, por lo que la necesidad de mano de obra ha ido cayendo salvo para aquellas personas vinculadas a explotaciones que han solicitado ampliar la estancia laboral hasta final de julio. 

Inicialmente se abordó la posibilidad de que estas personas pudieran trasladarse a otras provincias (si lo deseaban) para prolongar sus contratos en otras campañas. Sin embargo esta posibilidad ha sido nula en la práctica debido a una falta de demanda y a que el 70% de las personas trabajadoras han manifestado su deseo de volver a su país, pero no pueden hacerlo porque el Gobierno Marroquí no habilita por ahora esta posibilidad de retorno.

Detectada la situación y el problema que se plantea, las organizaciones implicadas en el procedimiento de gestión de la contratación en origen, entre las que se encuentra UPA Huelva, remitieron un escrito el pasado 20 de mayo a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se dejaba constancia de la intranquilidad que se estaba creando entre las personas trabajadoras por la situación y la necesidad de articular medidas para que se posibilite el retorno a su país de origen.

De ello es responsable el Gobierno de Marruecos, que es quien decretó el cierre de fronteras, pero es necesaria la mediación política del Gobierno de España para llevar a cabo el proceso. Por ello, UPA Huelva se ha dirigido también al Consulado de Marruecos para trasladar la situación e instar a que se actúe en amparo de estas trabajadoras. 

De esta situación ya se tienen precedentes similares, pues se han habilitado corredores de traslado de personas trabajadoras de Bulgaria y Rumanía a sus países que se han realizado de forma segura. En el caso de Marruecos es su Gobierno quien es responsable de estas casi 5.000 personas, dado que son súbditos del Reino de Marruecos los que se encuentran en esta situación. Por otra parte la solución es similar al retorno habitual pero a través de habilitar con agilidad y seguridad un corredor sanitario desde Huelva a Tarifa en autobús para posteriormente cruzar el estrecho a través de Ferry.

Desde UPA Huelva entendemos que es una situación que debe abordar el Gobierno de España como mediador con el Gobierno Marroquí. Son las propias trabajadoras las que demandan el retorno dado que muchas de ellas están fuera de sus hogares desde el mes de diciembre de 2019 y estaba en sus previsiones volver en estas fechas, por lo que su retorno cobra un carácter humanitario y no demorarse la gestión de cara a no tensar a este colectivo de trabajadoras que deben poder elegir cuándo volver a su país para estar con sus familias y hacerlo de una forma segura.