El ingreso mínimo vital que el Gobierno de España aprueba este viernes en Consejo de Ministros será un “respiro” para muchos hogares de la provincia de Huelva en situación de vulnerabilidad, una medida “histórica, única, pionera, una ayuda a las familias que peor lo están pasando, y que beneficiará a 2,3 millones de personas en nuestro país”.
Así lo ha señalado en un comunicado la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y vocal en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María Márquez, quien indica que los ayuntamientos son los que “mejor pueden garantizar que este recurso atienda de la forma más justa a las familias porque son los que mejor conocen las necesidades de sus municipios”. Criticarlo como hace el Gobierno de la Junta es “cuestionar la inmensa labor que están realizando estos regidores y regidoras en sus municipios en esta crisis sanitaria. Absolutamente reprobable porque nadie mejor que ellos y ellas conocen las necesidades de sus vecinos”, ha manifestado.
La socialista ha indicado que ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó su intención de que esta ayuda la gestionen directamente los ayuntamientos, una apuesta por el municipalismo, y porque son los que mejor saben de la realidad a la que se enfrentan día a día en sus pueblos y ciudades.
Por eso, resulta lamentable que, nuevamente, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, vuelva a polemizar con el Gobierno de la Nación, oponiéndose a que sean los alcaldes y las alcaldesas los que gestionen este recurso, “confrontando con el municipalismo de manera injustificada e innecesaria, precisamente en estos momentos donde debería de reconocer públicamente el trabajo ingente que han hecho en esta crisis sanitaria”.
“En la provincia de Huelva, los alcaldes y alcaldesas han dejado su vida, su piel, su alma… en estos días tan complicados: han repartido mascarillas por las calles y barrios de sus pueblos y ciudades, han repartido fichas de deberes para combatir la brecha digital y la brecha económica en el ámbito de la educación a la que nos hemos enfrentado en estos días, han hecho labores de desinfección, han ayudado a las auxiliares de ayuda a domicilio para que fueran a trabajar con unas condiciones de seguridad sanitarias, algo que por ejemplo debería haber hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía porque forma parte de sus competencias, pero que no han reprochado y que han paliado con recursos y con trabajo propio de todos sus trabajadores y todo su equipo”, ha enfatizado.
En estos momentos, el Gobierno de la Junta y su presidente solo debería de tener para los ayuntamientos palabras de agradecimiento y, por supuesto, conociendo la realidad de cada pueblo, sabiendo que son ellos y ellas, los alcaldes y las alcaldesas los que mejor conocen la situación de sus vecinos y vecinas, defender que sean ellos lo que gestionen este ingreso mínimo vital, que va a ayudar a muchísimas familias.
“Le pedimos al Gobierno de Andalucía que abandone la confrontación, que abandone la crítica por la crítica, que asuma sus verdaderas competencias, que han estado abandonadas a lo largo de todo estos meses y que han tenido que asumir los propios ayuntamientos, y que no critique y cuestione una medida que mejor que nadie van a gestionar los alcaldes y alcaldesas”, ha concluido María Márquez.
