El sindicato traslada su respaldo a la empleada pública y exige a la administración contundencia y asistencia jurídica, psicológica y laboral
El sector de la Administración General del Estado (AGE) de CSIF ha manifestado su «más rotunda condena» a la agresión sufrida por una funcionaria destinada en las oficinas de Muface de Huelva mientras desempeñaba sus funciones de atención al público, cuando dos usuarios protagonizaron un grave incidente en las dependencias del organismo, increpando y amenazando al personal presente, según la información a la que ha tenido acceso CSIF Huelva.
Desde el sindicato explican que la situación fue escalando hasta producirse amenazas y contacto físico con una trabajadora, generando una situación de riesgo e intimidación que obligó a requerir la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tras lo que los efectivos policiales personados restablecieron la normalidad.
Desde esta organización sindical trasladan todo su «apoyo, solidaridad y respaldo a la compañera afectada, así como al conjunto de la plantilla que desarrolla diariamente su labor de atención a la ciudadanía con profesionalidad, responsabilidad y vocación de servicio público».
Para CSIF, resulta «absolutamente inaceptable» que los empleados y empleadas públicas tengan que enfrentarse a situaciones de amenaza o agresión mientras desempeñan su trabajo. «Quienes prestan servicio a la ciudadanía tienen derecho a desarrollar su labor en un entorno seguro y libre de cualquier forma de violencia, presión o intimidación», subrayan.
En este sentido, desde el sindicato exigen a la administración que preste toda la asistencia jurídica, psicológica y laboral necesaria a la trabajadora afectada y evalúe de forma inmediata las medidas de seguridad existentes en estas instalaciones para evitar que episodios similares vuelvan a producirse, al tiempo que reclaman una revisión de los protocolos de prevención y actuación frente a agresiones, garantizando una protección efectiva de todo el personal.
CSIF, que ya ha denunciado en anteriores ocasiones situaciones similares en otros organismos con atención directa a la ciudadanía, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), considera que la administración debe ofrecer una respuesta contundente y decidida que garantice el desarrollo de las funciones públicas en un entorno seguro, así como combatir cualquier intento de normalizar o banalizar este tipo de conductas inadmisibles.
Igualmente, «reclamamos que se refuercen los medios materiales y humanos destinados a la atención al público y que se adopten cuantas medidas preventivas sean necesarias para proteger a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en primera línea de la Administración», prosiguen.
Desde CSIF reiteran su «firme su compromiso» con la defensa de los derechos, la dignidad y la seguridad de los empleados públicos y no tolerar ninguna agresión, física o verbal, contra quienes prestan servicios a la ciudadanía.
Para el sindicato, la violencia no tiene cabida en los servicios públicos. «Agredir o amenazar a un empleado público no solo atenta contra la integridad de la persona trabajadora, sino también contra el correcto funcionamiento de la administración y la calidad del servicio que recibe el conjunto de la sociedad», concluyen.
