David F. Calderón lamenta la situación en la que quedan 300 familias onubenses al imponerse criterios económicos que «expulsan» a modelos cooperativos frente a grandes grupos empresariales

La coalición Por Andalucía ha denunciado este jueves la adjudicación del servicio de transporte sanitario en la provincia de Huelva por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Grupo SSG, controlada por el fondo de inversión Asterion Industrial Partners. La formación considera que esta decisión “prioriza intereses financieros frente al servicio público” y deja en una situación “crítica” a unas 300 familias vinculadas a la cooperativa onubense que hasta ahora venía prestando el servicio.

El candidato de Por Andalucía en Huelva, David F. Calderón, ha criticado que los pliegos han sido diseñados para beneficiar a grandes grupos empresariales, provocándose la exclusión de la histórica cooperativa onubense por requisitos de solvencia económica. 

«Según el acta de la mesa de contratación, la cooperativa onubense fue inicialmente propuesta como adjudicataria, pero quedó finalmente excluida al no cumplir los requisitos de solvencia económica exigidos en el pliego. Para Por Andalucía, este hecho evidencia que los criterios de contratación “están diseñados para favorecer a grandes operadores frente a modelos cooperativos con arraigo territorial”.

Desde Por Andalucía también han criticado que la Junta haya esperado a revelar unos hechos tan lesivo para cientos de familias trabajadoras en plena Semana Santa, «quizás en un intento de que el tema pase desaparecido”. Calderón ha señalado que “estamos ante un nuevo capítulo de la operación del PP andaluz de entrega de la sanidad pública a grandes grupos empresariales, cuyo único objetivo es la rentabilidad económica”.

Según Por Andalucía, el nuevo contrato excluye al Consorcio de Ambulancias —una cooperativa con implantación histórica en la provincia— en favor de un modelo que, denuncian, “refuerza la externalización de la sanidad hacia grandes fondos internacionales”. La coalición subraya que el grupo empresarial SSG está participado mayoritariamente por el fondo de inversión Asterion Industrial Partners, que gestiona miles de millones de euros a través de inversores globales, entre ellos fondos soberanos, aseguradoras y fondos de pensiones, un modelo en el que servicios públicos esenciales quedan en manos de intereses financieros internacionales».

“Se está expulsando a una cooperativa onubense que ha garantizado durante años el servicio en nuestra provincia para sustituirla por una empresa controlada por un fondo buitre. Esto tiene consecuencias directas: más precariedad laboral, más incertidumbre y un servicio que puede verse deteriorado”, ha advertido Calderón.

Desde la formación señalan que el negocio del Grupo SSG depende en gran medida de licitaciones públicas de transporte sanitario, un ámbito que ha generado controversia en distintos territorios. En comunidades como Aragón, recuerdan, se han producido críticas políticas, quejas de usuarios y conflictos laborales tras adjudicaciones similares, con denuncias por retrasos en los servicios y problemas organizativos.

Por Andalucía advierte de que este tipo de adjudicaciones responden a un “patrón estructural” en la sanidad externalizada, caracterizado por grandes concursos públicos, impugnaciones entre empresas y tensiones tanto políticas como laborales. En este sentido, alertan de que en distintos puntos del país se han registrado huelgas de trabajadores del sector, así como denuncias por sobrecarga de trabajo, falta de medios y presión operativa.

“Nos preocupa no solo el empleo, sino también la calidad asistencial. Hay antecedentes en otras comunidades donde este modelo ha generado retrasos, incidencias y un aumento de las quejas de los usuarios. No podemos permitir que eso ocurra en Huelva”, ha subrayado el portavoz.

En clave provincial, Por Andalucía insiste en que la decisión de la Junta no solo afecta al modelo sanitario, sino también al tejido económico local. “Se deja fuera a una cooperativa onubense con arraigo y experiencia, sustituyéndola por un operador vinculado a un fondo internacional, con el consiguiente impacto social y laboral sobre 300 familias”, ha remarcado Calderón.

Por último, la coalición exige a la Junta de Andalucía que revise el proceso de adjudicación y garantice que el servicio de transporte sanitario “se preste con criterios de calidad, estabilidad laboral y compromiso con el territorio”, evitando que “los beneficios de un servicio esencial acaben en manos de fondos de inversión alejados de la realidad de la provincia”.