Los sindicatos CSIF y CCOO han protagonizado en las últimas horas una concentración en Huelva para protestar por el estado de la Sanidad Pública, así como han acordado un calendario de movilizaciones en la sanidad pública, también conjuntamente con UGT, para reclamar más personal y recursos, especialmente en la Atención Primaria. La primera protesta ha tenido lugar este martes con una concentración conjunta en el centro de salud Adoratrices de la capital.

Desde CSIF se explica que “la pandemia ha hecho más visible y ha evidenciado las carencias existentes desde hace muchos años en el sistema público sanitario”. En estos meses, desde que se declaró la pandemia de la Covid-19, “los profesionales han luchado y siguen luchando con los pocos recursos que han tenido. Y, además, como en toda alarma sanitaria se han sufrido bajas de personal, sin que ello haya hecho recapacitar a las administraciones”.

En este sentido, la central sindical ha lamentado cómo “los diferentes gobiernos se dedican a echarse la pelota al tejado del otro y no dar una respuesta a los profesionales ni a la ciudadanía”. CSIF explica que la falta de personal se ha hecho más grave con la pandemia y está teniendo repercusiones en la atención al paciente: esperas de semanas para conseguir cita o dificultad para contactar con los centros de salud por la vía telefónica son los problemas más habituales. Por ello, desde la central sindical se ha hecho hincapié en la necesidad de una reforma en la Atención Primaria, que se está dejando en “una situación catastrófica”.

Por otra parte, CSIF ha remarcado “la incapacidad de proteger la dignidad y la salud laboral de los profesionales, que sufren la soledad y el abandono por parte de la Administración y sufren a su vez la incomprensión por parte de la ciudadanía, que en muchos casos se traduce en forma de agresiones a quien menos culpa tiene de la situación, por el simple hecho de estar al pie del cañón”. La situación lleva arrastrándose mucho tiempo y, a raíz de la pandemia por SARS_CoV-2, se ha agravado de forma exponencial, ha insistido CSIF.

Toda esta situación ha llevado a la central sindical, ante la pasividad de las administraciones, la falta de negociación y la situación que están sufriendo los profesionales de la sanidad, a salir a la calle “para que se escuche la voz de los trabajadores”. La próxima concentración será el próximo martes 20 de octubre.

Por su parte, CCOO ha señalado que, enmarcada en una campaña estatal, europea y mundial, en defensa de los servicios públicos de salud y de atención a las dependencias, dicho sindicato ha mantenido este martes una concentración a las puertas del centro de salud de Las Adoratrices. El sindicato reclama más inversión y más personal para un sistema público de salud digno para usuarios y trabajadoras.

Tanto la atención primaria como la especializada, necesitan incrementar su financiación hoy situada en un 6,3 % del PIB. En concreto CCOO exige que se destine al menos el 7.2% del PIB para ello, para aproximarnos a los países europeos que más invierten en sanidad (Alemania 9,7, Francia 9,4, Países Bajos 8,2, Reino Unido 7,8).

“La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto algunas carencias de nuestra sanidad pública, especialmente en atención primaria, para la que CCOO pide el 25% del total del gasto sanitario”, han señalado.

La falta de personal, más allá de que las plantillas oficiales puedan estar en ratios comparables con la media andaluza y española, es un hecho que la atención primaria arrastra desde hace lustros. La falta de cobertura de las ausencias reglamentarias, por enfermedad y jubilaciones, devienen en plantillas reales insuficientes.

Pero no sólo es la falta de trabajadoras suficientes, la nefasta gestión de la demanda, y el empecinamiento en la atención telefónica sin aumentar el personal que atiende las llamadas, están haciendo que la demora para ser atendido o atendida, aun por teléfono, por un o una médica, se alarguen en gran parte de los centros de la provincia hasta los 20 días, lo que lleva a las usuarias y usuarios a hacer largas colas a la intemperie en la calle con la esperanza de obtener una cita.

La ciudadanía no se merece este trato por parte de la administración sanitaria de la Junta de Andalucía, máxime cuando todavía en nuestra provincia no hay una incidencia de casos COVID-19 que justifique un incremento de la demanda como causante del caos reinante en los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña.

Mientras, trabajadores y trabajadoras de los centros de salud, víctimas así mismo de la forma en que se está organizando la asistencia, hacen lo que pueden para afrontar esta situación, de la que no son en absoluto responsables.

CCOO hace un llamamiento a la población para que centre sus justas críticas y demandas en el Gobierno de la Junta de Andalucía y en los gestores de los centros sanitarios que ejecutan su política.

El cierre de centros de salud y servicios de urgencia en los pueblos está provocando ya una situación preocupante, que los socialistas “no vamos a consentir”. Por ello, el PSOE está presentando mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para instar al consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reabrir todos los centros de salud y puntos de atención continuada cerrados hasta ahora, y recuperar la totalidad de la cartera de servicios que se prestaba en los mismos, así como los programas de Salud y las prestaciones de apoyo que se venían realizando en dichos centros, según se recoge en el primer punto de los acuerdos.

Así mismo, se pide aumentar la dotación de los Servicios de Vigilancia Epidemiológica, hasta duplicar la dotación existente a comienzos de 2020; incrementar la dotación de las Unidades de Prevención y Vigilancia de la Salud de los profesionales de la sanidad andaluza en al menos un 50% sobre la dotación existente a comienzos de 2020; aumentar la dotación de las unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) dedicadas a la rehabilitación y recuperación de enfermos de Covid-19; incrementar la capacidad quirúrgica, la de las consultas externas, la de las pruebas diagnósticas y complementarias de los hospitales andaluces y de los centros de especialidades del SSPA.

La moción insta al Gobierno andaluz de PP y Cs a actualizar de forma urgente los méritos aportados por los aspirantes en bolsa de contratación eventual y publicar el listado correspondiente a cada categoría profesional, con el fin de evitar la realización de contrataciones exprés a dedo como las que ha hecho la Junta en otros ámbitos; efectuar de forma inmediata una oferta de contratación, de 1 año de duración, de profesionales destinados a los centros de Atención Primaria de, al menos el 30% de la plantilla total, para reforzar la capacidad y horarios de las consultas, las labores de rastreo, la realización de pruebas Covid-19 y la vacunación antigripal, y poner en marcha una línea de financiación municipal, con el objetivo de hacer frente a los gastos en materia de protección de la salud, derivados de la pandemia Covid-19.

En la defensa de una sanidad pública universal, gratuita y de calidad, “todos debemos tomar conciencia de a lo que nos estamos enfrentando y no podemos tolerar que en estos momentos de incertidumbre y de alarma sanitaria, los servicios sean deficitarios o, lo que es peor, inexistentes”. Los socialistas, sabedores del esfuerzo enorme que están realizando los trabajadores del ámbito de la salud, “tenemos que estar de su lado, ayudarlos, apoyarlos y no poner obstáculos en su labor encomiable”.

En el texto de la moción se dice que “el desarrollo  de las medidas que, necesariamente, ha habido que tomar, ha supuesto un enorme sacrificio para el conjunto de la ciudadanía que, sin duda alguna, ha demostrado en su conjunto un alto nivel de responsabilidad y de compromiso social frente a la pandemia”. Por ello, y por razones evidentes y lógicas, “no podemos permitir que los centros asistenciales de esa población que ha sufrido la primera ola y que ahora se enfrenta a la segunda, permanezcan sin prestar servicio”.

Desde el PSOE “vamos a procurar que con estas acciones reaccione el Gobierno de Moreno Bonilla, porque parece no darse cuenta de las nefastas consecuencias que estas medidas incomprensibles tienen para la población”. De este modo, los socialistas esperan que esta moción prospere en todos los consistorios porque se trata de una petición “de sentido común”.

Proposición no de Ley al Parlamento

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez ha anunciado este martes que su grupo va a presentar una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz para exigir a la Junta de Andalucía la restitución de los servicios sanitarios que se han visto «recortados» en las zonas rurales de la provincia.

Así lo ha puesto de manifiesto Márquez en rueda de prensa, donde ha remarcado que el PSOE continuará apoyando las movilizaciones vecinales emprendidas para solicitar mejoras en el servicio sanitario, sobre todo teniendo en cuenta la complicada coyuntura actual debido a la pandemia.

Del mismo modo, la socialista ha incidido en la importancia de que se restablezcan los servicios de urgencias en localidades como San Bartolomé de la Torre, El Rocío, Matalascañas, Escacena del Campo, Paterna del Campo, entre otros, así como ha pedido la reapertura del centro de salud de El Almendro y la apertura del nuevo centro de Gibraleón.

Asimismo, la parlamentaria ha lamentado que la provincia se encuentre «peor» ahora que al principio de la pandemia como evidencian los datos ya que si antes la media de contagios estaba en «unas ocho o nueve personas ahora está en unas 25».

Además, Márquez ha llamado la atención sobre «el aumento de la presión hospitalaria», por lo que considera que la Junta de Andalucía, «en vez de recortar, tiene que reforzar la sanidad pública».

En esta misma línea se ha referido a la situación de la dependencia y ha criticado «el decretazo» del Gobierno andaluz a este respecto que supondrá «quitarle a los ayuntamientos» competencias en este sentido cuando son «la primera puerta» a la que llaman las personas que precisan de prestaciones.

Márquez, que ha indicado que los socialistas pondrán en marcha los distitos mecanismos y recursos posibles para intentar frenar esta decisión de la Junta, ha apuntado que desde el Gobierno andaluz argumentan que se lleva a cabo para agilizar el acceso a estas prestaciones. No obstante, como ha agregado, la Junta tarda «de media 640 días para dar una prestación».

A nivel provincial, ha recordado que desde diciembre de 2019 a julio de 2020 hay un descenso de 178 personas, pasando de 16.525 usuarios a 16.347, lo que evidencia «el desinterés» de la Junta por «defender un derecho como la dependencia».