Desestiman recurso de Polo y sigue la causa por supuesto delito urbanístico y de prevaricación

El Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 3 de Ayamonte ha desestimado el recurso de reforma presentado por el exalcalde de Cartaya y actual primer teniente de alcalde, Juan Polo, en la causa por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio y urbanismo

El Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 3 de Ayamonte ha desestimado el recurso de reforma presentado por el exalcalde de Cartaya y actual primer teniente de alcalde, el independiente Juan Polo, en la causa por los supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio y urbanismo, en relación a dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable en una finca de su propiedad.

Según reza en un auto emitido por el juzgado, al que ha tenido acceso esta redacción, se desestima el recurso de Polo contra el auto de transformación en procedimiento abreviado puesto que el auto impugnado «se ajusta escrupulosamente a las exigencias legales y jurisprudenciales al contener un juicio de inculpación formal realizado por el juez de Instrucción».

Todo ello, «como consecuencia de la exteriorización de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal, en concreto, el presuntamente haber dejado de promover el investigado, en su condición de alcalde, las medidas pertinentes para la restauración de la legalidad urbanística en relación a las obras realizadas por él o personas de su entorno, a pesar de los requerimientos efectuados, precisamente, por la Fiscalía Provincial de Huelva», expone el auto.

Para ello se indica, además, que «habría podido prevalerse de su condición entonces de alcalde del municipio para influir en
funcionarios integrantes del Ente Municipal».

«El auto impugnado no adolece de ningún defecto legal que produzca la estimación o viabilidad del recurso interpuesto», ha proseguido el auto judicial, que añade que «el auto impugnado contiene una visión de los hechos basada en indicios racionales, no pruebas o certezas».

Éste es un procedimiento con un amplio recorrido puesto que el 16 de septiembre el Juzgado de Instrucción 3 de Ayamonte dictó auto de archivo provisional de las actuaciones, alegando que la parte acusadora no había formulado alegaciones al auto anterior y tenía en cuenta la postura del Ministerio Fiscal, que estimaba que no había indicio de delito.

La parte acusadora, que ejerce un vecino de Cartaya, presentó alegaciones que fueron tenidas en cuenta y el juzgado le dio un plazo de diez días para presentar las correspondientes alegaciones, hecho que llevó a cabo en octubre.

Así, en diciembre el juzgado emite un auto en el que acepta las alegaciones presentadas por la acusación y declara la nulidad parcial del auto de archivo de septiembre. Posteriormente, se notifica este auto de marzo, donde se desestima el recurso de reforma de Polo contra el auto de transformación en procedimiento abreviado, de manera que el procedimiento continúa.

En concreto, la investigación se centra en la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable, llevadas a cabo en 1995 y 2003, cuando aún no era alcalde pero sí formaba parte del equipo de gobierno, al considerar el juzgado que éste «se valió de sus cargos políticos para favorecer la construcción ilegal y la no incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida».

Cabe recordar que un año después esta querella, en 2016, tras la denuncia de un vecino de Cartaya, y siendo ya alcalde, se amplió y fue admitida por la presunta pretensión de éste de legalizar estas dos viviendas.

Fue precisamente esta causa abierta contra él la que impidió a Polo revalidar su cargo de nuevo como alcalde al frente del Ayuntamiento de Cartaya esta legislatura, al precisar el voto de Ciudadanos y rechazar su concejal, Israel Medina, apoyarlo al estar investigado en la misma.

Cuando el juez dictó el auto de transformación en procedimiento abreviado el pasado mes de mayo, Juan Polo presentó un recurso de reforma y apelación al considerar que dos de los delitos «están archivados y han prescrito con sentencia firme», quedando tan solo pendiente el de prevaricación administrativa, al tiempo que lamentó que «el caso se haya dilatado tanto y lleve años imputado injustamente». Dicho recurso de reforma ha sido ahora desestimado, quedando pendiente de resolución el de apelación.

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