Ante el hallazgo de varios ejemplares de gatos muertos en diversas zonas de la localidad “presumiblemente tras ingerir veneno”, el Ayuntamiento de Ayamonte ha recordado la prohibición de utilizar venenos en la vía pública, lo cual se recoge en un bando municipal publicado en febrero del pasado año, en el que se señala que la colocación de cebos envenenados puede suponer, no solo un delito de maltrato animal, sino también un atentado contra la salud pública, ya que ello representa un notable riesgo de intoxicación para las personas, especialmente los niños.
Desde el equipo de Gobierno municipal se añade que Ayamonte es un municipio “comprometido con los animales” y se recuerda que el hecho de envenenar a un gato o a un perro está castigado por la legislación y la normativa autonómica y europea, y tipificado en el Código Penal como delito público, castigado con una pena de dos años de prisión, a la que se sumará la responsabilidad civil consistente en el pago de los animales envenenados, además de los gastos veterinarios ocasionados por la curación, además de las correspondientes costas judiciales.
