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Fallece una persona durante una reyerta en Lepe
El Ayuntamiento reitera a la Subdelegación la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana
Una persona ha fallecido en la madrugada de este martes por las heridas provocadas con un arma blanca tras una reyerta en Lepe (Huelva), según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en un comunicado.
En este sentido, el consistorio ha señalado que las fuerzas de seguridad del Estado están llevando a cabo las investigaciones y actuaciones pertinentes en relación a este triste suceso.
Desde el Consistorio lepero se reitera a la Subdelegación del Gobierno «la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana en el municipio de Lepe, para evitar que se repitan actos delictivos como este».
CSIF ve mermada la plantilla municipal en un 20% en los últimos 15 años
El sindicato pide ejecutar las ofertas públicas de empleo de 2023, 2024 y 2025 y dotar de estabilidad a todos los empleados
El sector de Administración Local del sindicato CSIF ha denunciado este lunes una «falta de personal» en el Ayuntamiento de Huelva tras cifrar en un 20 por ciento la pérdida de efectivos en la plantilla en los últimos 15 años. En concreto, la central sindical indica que en el 2011 el colectivo de Administración del consistorio capitalino contaba con más de 1.400 efectivos y en la actualidad no llega al millar, con lo que la merma en este colectivo supera el 35 por ciento.
En otros, como en el de la Policía Local, el déficit es, añaden, de 80 agentes, ya que la ratio marcada por la Unión Europea es de 1,8 policías por cada 1.000 habitantes, por lo que la capital onubense necesitaría un total de 270 efectivos y en la actualidad la cifra es de 180, detallan.
Esta «carencia» que denuncia CSIF afecta directamente, según el sindicato, a las condiciones laborales de los efectivos de Policía, a los que «se le niegan de forma habitual días de asuntos propios e incluso la posibilidad de solicitarlos en fechas de eventos importantes en la ciudad», subrayan, tras lo que indican que la falta de un número adecuado de agentes repercute en la calidad del servicio al ciudadano y en la seguridad de los propios policías, ya que afrontan situaciones de riesgo con menos recursos humanos de los necesarios.
CSIF apremia al Ayuntamiento a ejecutar las ofertas de empleo pendientes de los años 2023, 2024 y 2025 y, al mismo tiempo, exige estabilidad frente a la temporalidad para todos sus empleados municipales. En este sentido, el sindicato ha reclamado nuevamente que “se ponga fin a la precariedad laboral en el consistorio”.
Esta «falta de personal» se traduce, según CSIF, en un estrés laboral cada vez más generalizado por la sobrecarga de trabajo para la plantilla, así como un perjuicio a la ciudadanía. «Las demoras en la atención van en aumento y los propios empleados públicos tienen dificultad para acogerse a sus permisos y licencias por la cantidad ingente de trabajo», lamentan desde el sindicato, que explica que “para poder prestar servicios públicos de calidad es necesario contar con suficiente plantilla ya que mientras que estos servicios han ido creciendo e incrementando sus prestaciones, el personal se ha ido reduciendo durante los últimos 15 años”.
La central sindical destaca la importancia de contar con más técnicos, auxiliares y administrativos, entre otras categorías profesionales, puesto que todas las áreas municipales necesitan, aseguran, una mayor dotación de personal: Policía Local, Bomberos, Administración y Servicios.
CSIF valora la profesionalidad y la dedicación de las trabajadoras y los trabajadores del ámbito local, “quienes han hecho posible que en momentos de dificultad, como la pandemia, se mantengan los servicios públicos esenciales para la ciudadanía”, señalan.
Asimismo, el sindicato reconoce el esfuerzo de la Concejalía de Recursos Humanos a la hora de activar bolsas de empleo y algunas ofertas de empleo público, pero «resultan insuficientes», añaden. “Agradecemos en empeño que ponen sus responsables en que aumente la plantilla. Nos consta que se buscan soluciones, aunque hay que ser conscientes de que la falta de personal sigue siendo evidente”, apuntan voces del sindicato.
El PP destaca la agenda inversora de Juanma Moreno en la Costa Occidental
Manuel Andrés González pone de ejemplo la ITV de Lepe, que “ya beneficia a miles de onubenses”, como inversión real en la comarca
El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la apuesta de Juanma Moreno en la Costa Occidental de Huelva. En este sentido ha puesto a la ITV de Lepe como ejemplo de la agenda inversora del Gobierno de la Junta de Andalucía.
El popular ha recordado que durante décadas los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía estuvieran prometiendo una estación de ITV que diera servicio a los municipios de la costa occidental de Huelva, pero “esas promesas nunca se ejecutaron”.
“Tuvo que venir un gobierno del Partido Popular liderado por Juanma Moreno para hacer realidad esta estación de la ITV que beneficia a miles de usuarios pues no tienen que desplazarse a otros puntos de la provincia para pasar la revisión sus vehículos y eso significa ahorro de tiempo y ahorro de dinero”.
En cuanto a infraestructuras ha destacado la ampliación del paseo marítimo de La Antilla, en Lepe, o el paseo peatonal en la ribera del río Guadiana, en Ayamonte. Mientras que en Cartaya ha resaltado la mejora del muelle del puerto de El Rompido o la puesta en marcha de la Vía Verde entre Nuevo Portil y El Rompido.
Por su parte, en Isla Cristina, entre las actuaciones del Gobierno del Partido Popular, se encuentran la rehabilitación del puente Infanta Cristina, la reforma Instituto Galeón o destinado al sector pesquero la depuradora de marisco en la lonja de Isla Cristina .
“Ejemplos claros de la agenda inversora de Juanma Moreno durante los últimos 7 años en la provincia de Huelva general y muy particular en estos municipios de la Costa Occidental. Mientras que con los anteriores Gobiernos socialistas en la Junta se quedaban en promesas vacías, ahora podemos disfrutar de los servicios gracias a la acción del gobierno de Juan Moreno”.
Situacion securitaria en Mali
La situación actual en Mali, marcada por un contexto de inestabilidad securitaria no puede entenderse como una simple crisis interna. Varios factores exteriores contribuyen al deterioro de la situación securitaria, política y económica del país.
En este marco, la postura de Argelia suscita serias dudas como uno de los factores de ese caos securitario, sobre todo si tomamos en consideración sus vínculos históricos y políticos con algunos movimientos touaregs, su postura ante la actual ofensiva de los grupos rebeldes y terroristas, asi como su actitud frente a los movimientos de oposición al régimen maliense.
El apoyo de Argelia a la rebelión touaregs. Esta antigua cercanía con ciertos movimientos del norte de Malí ha contribuido a alimentar una dinámica separatista y a debilitar la autoridad del Estado maliense sobre una parte de su territorio.
El contexto actual, marcado por una ofensiva coordinada de grupos rebeldes tuaregs y grupos islamistas, en particular el JNIM. Esta convergencia entre la rebelión armada y el movimiento terrorista representa una amenaza directa para la integridad territorial de Malí y para la estabilidad de todo el Sahel.
Los intentos por aglutinar a la oposición maliense contra el régimen en torno a figuras religiosas y políticas influyentes, en particular Mahmoud Dicko. El objetivo parece ser crear una alternativa política capaz de debilitar aún más a las actuales autoridades malienses.
La participación, directa o indirecta, en el bloqueo económico impuesto por el JNIM contra el Estado de Malí. Este bloqueo tiene como objetivo asfixiar a la población, debilitar la economía nacional y aumentar la presión política sobre Bamako.
Consecuencias, riesgos para la région
La entrada de Mali en una nueva fase de desestabilización corre el riesgo de convertir al país en un gran foco de tensión en el corazón del Sahel. Un Mali debilitado se convertiría en un foco de atracción para los grupos terroristas procedentes de África, Oriente Medio y otras zonas de conflicto.
La pérdida de control de algunas regiones de Malí allanaría el camino para que los grupos armados se refugien en ellas, ya que podrían utilizar ese territorio como base de operaciones para planificar, reclutar, financiar y llevar a cabo sus acciones.
La desestabilización de Mali no se limitaría a sus fronteras. Tendría repercusiones inmediatas en Níger y Burkina Faso, dos países que ya se ven sometidos a una intensa presión terrorista. En un efecto dominó, todos los países de la subregión podrían verse afectados por el contagio de la inseguridad : Togo, Benín, Costa de Marfil, Senegal, Guinea y Mauritania.
Así, la crisis de Malí podría convertirse en el punto de partida de una peligrosa reestructuración de la seguridad en África Occidental, con el riesgo de que la violencia se extienda hacia las zonas costeras y atlánticas.
La estabilidad de Mali, una condición indispensable para la estabilidad del Sahel, África Occidental, el Magreb y el Mediterráneo
La inestabilidad en Mali tendría consecuencias directas para el Magreb. Un agravamiento de la crisis alimentaría, tráfico de armas, tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional. La inestabilidad del Sahel podría convertirse en un factor de presión sobre el espacio euromediterráneo.
Cualquier acción destinada a debilitar el Estado maliense, fomentar dinámicas separatistas o instrumentalizar a grupos armados constituye una amenaza para la seguridad colectiva regional, por lo cual la comunidad regional e internacional debe adoptar un enfoque claro : apoyar la integridad territorial de Malí, rechazar cualquier complacencia hacia los grupos terroristas o separatistas, e impedir que el país se convierta en un foco duradero de desestabilización.
La prioridad debe quedar clara : defender la soberanía de Mali, preservar su integridad territorial e impedir cualquier instrumentalización de los grupos armados con fines geopolíticos.
Liberan a una menor de 15 años explotada sexualmente en Isla Cristina
La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras convencer a la adolescente de que abandonara un centro de menores en Sevilla
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Custos-Tiscal’, ha liberado a una menor de edad de 15 años que ha sido víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad en Isla Cristina (Huelva), tras haber sido incitada a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla.
En el marco de la actuación, se ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago. A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual a la menor.
Los hechos sucedieron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro.
Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables. Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida contra su voluntad.
Durante ese tiempo, los autores le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada.
Durante el tiempo en el que permaneció retenida, la menor fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas, ropa, etc.
Asimismo, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la víctima en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia. La localización de la menor fue posible gracias a la actuación de la Guardia Civil, tras lograr la victima contactar con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación.
En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias; posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro denunció los hechos. Por tal motivo, los agentes detuvieron a tres personas y registraron un domicilio donde se intervinieron diversos efectos, entre ellos joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.
Igualmente, se ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.