Los agricultores y ganaderos están siendo un colectivo fundamental en estos momentos. Gracias a su labor diaria toda la sociedad sigue abastecida de productos alimentarios de primera necesidad en los puntos de venta. Esta labor no está siendo fácil en los tiempos que corren, pero el compromiso del sector sigue intacto con la sociedad frente al COVID-19.

Precisamente este compromiso es el que está llevando a muchos agricultores y ganaderos en diferentes puntos del territorio nacional a ir más allá y colaborar con los agentes públicos prestando sus equipos de fumigación en las tareas de desinfección de muchos municipios de forma desinteresada, alternando esta labor con su trabajo diario.

Así lo ha indicado UPA-Huelva en un comunicado, donde añade que quiere también fomentar y facilitar esta iniciativa en los municipios onubenses, y para ello quiere hacer un llamamiento a aquellos agricultores y ganaderos que estén dispuestos a colaborar con sus equipos de fumigación en la desinfección de las calles de sus municipios. Para ello ha creado un formulario a través de su web donde podrán inscribirse como colaboradores y serán puestos en contacto con aquellos Ayuntamientos que indiquen que necesitan de este apoyo en la desinfección de sus calles.

Los inscritos a través del formulario deberán indicar los datos de la empresa o autonomo/a al que pertenece la maquinaria, persona que estará autorizada para realizar la labor, municipio en el que desea se le asigne la tarea (para favorecer los desplazamientos cortos) y tipo de maquinaria que aporta, de cara a poder poner a disposición de los Ayuntamientos una información lo más concreta posible.

El enlace del formulario web habilitado es: http://upahuelva.es/desinfectando

Por su parte, aquellos Ayuntamientos que quieran solicitar el apoyo de los agricultores deberán enviar un escrito a UPA-Huelva a través del correo upahuelva@upahuelva.org aportando si es posible la información de necesidades para el municipio. A partir de ese momento UPA-Huelva se encargará de poner a disposición del consistorio los datos de los efectivos de los que se dispongan para ese municipio de entre los inscritos para que se coordinen las tareas a través de los equipos municipales competentes para ello.

Desde UPA-Huelva “hacemos un llamamiento a nuestros agricultores a que nos envíen sus datos, dado que nos consta que son muchos y muchas los autónomos y empresas agrícolas que desean colaborar, y entendemos que esta iniciativa ofrece la posibilidad de coordinar esta colaboración de forma ordenada”.

Por su parte Asaja-Huelva ha enviado un escrito a la Diputación Provincial, como ente que aglutina a todas las administraciones locales de Huelva, y a los ayuntamientos, con el fin de que, cuando lo precisen, «soliciten la ayuda necesaria en cada momento».

En este sentido, según ha informado en una nota de prensa, Asaja se encargará de contactar con los agricultores de cada zona para que acudan, siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes, al lugar indicado y actúen donde sea preciso.

Desde Asaja han señalado que con esta iniciativa quieren demostrar su compromiso con la sociedad y agradecer a todos los onubenses «la paciencia y la solidaridad» que han demostrado con ellos en estos días pasados de movilizaciones y protestas «arrimando el hombro ahora que todos atravesamos por momentos de dificultad e incertidumbre».

Además, la patronal espera que esta iniciativa contribuya a que «la pesadilla que nuestra sociedad está atravesando acabe cuanto antes». Así mismo, invita a todos los ciudadanos «a cumplir estrictamente» con la cuarentena para que las medidas tomadas sean «de la máxima eficiencia» y recuerda a los ciudadanos que «el sector agrario no se detiene, a pesar de todas las dificultades, con el fin de que todos los onubenses cuenten cada día con los alimentos necesarios en sus mesas».

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, declaró hoy el estado de emergencia en Portugal, una medida que no se tomaba desde hace 45 años, para tratar de frenar la expansión del coronavirus, que deja por el momento 642 contagiados y dos fallecidos en el país.

La iniciativa presidencial fue apoyada por el Gobierno del socialista António Costa y aprobada después por la Asamblea de la República.

El decreto, que entrará en vigor a las 24.00 GMT de hoy, tiene una duración de 15 días, prorrogables, y habilita al Gobierno a la «suspensión parcial» de derechos y libertades para proteger a la población y atender la crisis provocada por el impacto del Covid-19.

Se trata de una «decisión excepcional en un tiempo excepcional», ha dicho el presidente durante un mensaje dirigido al país para anunciar su decisión en el que ha subrayado que la lucha contra la pandemia «se trata de una verdadera guerra».

Rebelo de Sousa ha reconocido que la sociedad está dividida ante esta declaración, «hay quien lo reclamaba para ayer y quien lo considera prematuro», y la ha justificado por la necesidad de actuar con anticipación frente a una crisis que «va a ser más intensa».

«Otros países que ensayaron espacios graduales llegaron ahora decisiones mas drásticas. Nosotros, que comenzamos más tarde, debemos aprender de los otros y ahorrarnos etapas aunque parezca que pecamos por exceso», ha dicho.

«Más vale prevenir que curar», ha insistido el presidente, que ha subrayado que este decreto no abre la puerta a una «interrupción de la democracia» sino que «es la democracia intentando impedir una interrupción en la vida de las personas».

«Es un desafío enorme para nuestra manera de vivir y nuestra economía», ha insistido. «El Gobierno tiene entre manos una tarea hercúlea».

El Ejecutivo decidirá, mañana jueves, qué medidas concretas adoptará al amparo del estado de emergencia, que le permite, entre otras opciones, prohibir los desplazamientos o la permanencia en la vía pública de los ciudadanos si no hay una justificación por su actividad profesional.

Además, el Ejecutivo puede intervenir servicios de carácter privado, establecimientos comerciales e industrias o modificar su actividad habitual, así como obligar a los trabajadores a cambiar sus condiciones laborales y limitar el derecho de reunión y de huelga.

En ningún caso se pueden suspender otros derechos fundamentales, como la integridad o la libertad de expresión e información.