El Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria y urgente, los procedimientos administrativos para rechazar la subida del recibo del agua que Aqualia, la empresa adjudicataria del servicio de suministro domiciliario de agua, alcantarillado y depuración, quería aplicar en este año 2022.
Así lo ha indicado el Consistorio cartayero en un comunicado de prensa, en el que también señala que el acuerdo plenario ha contado sólo con el voto favorable del Equipo de Gobierno municipal (PSOE, Adelante Cartaya-IU y Ciudadanos), y la abstención de los grupos municipales de ICAR y PP. Con la desestimación del recurso interpuesto por Aqualia, ha señalado la alcaldesa, Pepa González Bayo, “defendemos los intereses de los cartayeros y cartayeras, a los que queremos dejar claro que no vamos a permitir que se les suba el recibo del agua y que además estamos controlando desde el primer momento que la empresa cumpla lo establecido en el pliego y ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía”.
En esta línea, el pleno ha aprobado también iniciar un nuevo expediente para reclamar que la empresa devuelva al Ayuntamiento el dinero que está recaudando como ‘Término B’, y que debe destinarse a obras de mejora de la red de saneamiento. El Consistorio pretende de esta forma, señala el portavoz del Equipo de Gobierno y concejal de Economía, Francisco J. Jiménez, “que el dinero que los cartayeros pagan para la ejecución de estas mejoras tan necesarias se destine íntegra y exclusivamente a este cometido y sea el Ayuntamiento quien lo controle y lo garantice”.
La alcaldesa pidió “unidad de todos los grupos para reclamar el dinero que le corresponde a los ciudadanos y para exigir la necesaria mejora del servicio de aguas, que es claramente deficiente”.
En la misma línea se posicionaron los dos primeros tenientes de alcaldesa en sus intervenciones: David F. Calderón destacó que “actuamos en dos frentes, evitando que Aqualia suba la tarifa y exigiéndole que nos devuelvan el dinero que es del pueblo, para invertir estos recursos en mejorar las redes de suministro”.
Israel Medina, por su parte, destacó “la necesidad de controlar y de exigir a la empresa adjudicataria el cumplimiento del contrato para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas reciban un buen servicio, que es lo más importante”.
Todos los puntos se aprobaron sólo con el voto favorable del Equipo de Gobierno y la abstención de los grupos de la oposición.
