Agentes de Medio Ambiente adscritos a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, han interceptado casi 600 kilos de piña de pino piñonero (Pinus pinea) inmadura en el término municipal de Cartaya.
La operación, desarrollada en coordinación con la Guardia Civil, se ha resuelto con varias denuncias a vecinos de esta localidad y con la destrucción de la mercancía aprehendida, puesto que ha sido recolectada fuera del periodo legal, que comienza el próximo 1 de noviembre y finaliza el 15 de abril.
Agentes de la Unidad de Control Costero de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa se han incautado de una narcolancha que navegaba por el río Guadiana con 3.850 kilos de hachís. En la operación han sido detenidos cuatro hombres, según informan las autoridades lusas.
Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana de este jueves en el río Guadiana, concretamente en el Concejo de Alcoutím, a la altura de Sanlúcar de Guadiana por la parte española.
Según fuentes de la GNR, tras compartir información con la Guardia Civil española, se detectó una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora y equipada con tres motores de alta potencia remontando el río Guadiana cargada de fardos.
Inmediatamente, prosiguen las fuentes, se activó un equipo marítimo del Subdepartamento de Control Costero de Vila Real de Santo António, que se acercó a la embarcación sospechosa, la cual tras recibir el alto por parte de los agentes, colisionó con una lancha de la GNR al intentar huir de la zona.
La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, como resultado del programa de control de alimentos en mercado, ha tenido conocimiento de la presencia de salmonela en hamburguesas de vacuno de la marca ‘Harburdehesa’, con fecha de caducidad del próximo día 12 de diciembre.
Según ha informado la Junta de Andalucía, la inmovilización y retirada del mercado de dicho producto alimentario afecta al lote 300995, envasado en pack de dos unidades de 130 gramos y de dos unidades de 200 gramos, de la marca ‘Burger Meat Hamburdehesa’ Novilla de la dehesa.
En Andalucía, según prosigue la Junta, el producto ha sido distribuido en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y Málaga, a través de establecimientos Maxico, El Jamón y Cash Lepe, así como en tiendas de la cadena Carrefour de todas las provincias andaluzas excepto de Jaén. También ha sido distribuido a la Comunidad de Madrid y Ceuta, si bien no se descartan otras redistribuciones.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas y estatales a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Con la información disponible no hay constancia en España de ningún caso notificado asociado a esta alerta.
Por otra parte se recomienda a los consumidores que tengan en su domicilio el producto y lote concretos incluidos en esta alerta, que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra donde lo adquirieron.
La Junta ha recordado que los preparados de carne no son «alimentos listos para el consumo» requiriendo un tratamiento térmico previo adecuado, tal como se indica en su etiqueta.
La presencia de salmonela en los productos puede suponer determinados riesgos para la salud de quienes los consumen. Los niños pequeños, los mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son los grupos de mayor riesgo. En el caso de haber consumido este producto y presentar alguna sintomatología compatible con salmonelosis se recomienda acudir a un centro de salud. Los síntomas más frecuentes son diarrea y/o vómitos, calambres abdominales, acompañados de fiebre y dolor de cabeza, en un periodo medio de entre 12 y 72 horas después del consumo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de la Audiencia Provincial de Huelva de más de diez años y tres meses de prisión a un hombre por los delitos de maltrato habitual, abuso sexual y daños a su pareja durante más de tres años de relación. Asimismo, se le impone 63 días de trabajos a la comunidad por amenazas a la mujer y otros 90 días más por un delito de acoso y el pago de 6.000 euros a la víctima por daño moral.
La sentencia recoge también que se impone al condenado una medida de libertad vigilada durante cinco años, ejecutada con posterioridad a la pena privativa de libertad y la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por la víctima, ni podrá comunicarse con ella durante cinco años.
De este modo, se considera probado que a partir del segundo año de la relación, el hombre comenzó «un control férreo sobre su pareja, exigiéndole que le llamase cuando llegase a cualquier sitio o hiciese un descanso en el trabajo» y que «el resto de la relación se basó en el dominio» de esta persona sobre la mujer «haciendo que cambiase su forma de vestir o de maquillarse, aislándola de su familia y amigos, no pudieron salir si no era con él».
Asimismo, la sentencia recoge que este hombre vejaba a su pareja con declaraciones tales como «eres una mierda, no vales para nada, no te quiere nadie» e incluso la acusaba de «que le gustase el padre de él» y en ocasiones «la agarraba del brazo y la obligaba a sentarse».
Igualmente, señala que en los últimos meses de la relación «con la clara intención de tenerla sometida a su voluntad», aparecieron las amenazas «con acabar con su vida y con incendiar su casa, su puesto de trabajo o prenderle fuego a ella o a sus seres queridos», de manera que la situación «se volvió cada vez más insostenible» y en febrero de 2020 acabó abusando sexualmente de ella.
Tras ello, la mujer rompió la relación y el condenado «reanudó su acoso y hostigamiento» el mes de mayo de ese año «con la clara intención de alterar su tranquilidad y sosiego y de que se sintiera permanentemente vigilada», así como «deambulaba por su calle y pasaba por supuesto de trabajo continuamente».
Así las cosas, en ese mismo mes de mayo, el condenado acudió a su puesto de trabajo «portando una botella de plástico que contenía gasolina, prendiéndole fuego con un mechero».
Como consecuencia estos hechos, la sentencia indica que la víctima presenta «ansiedad flotante, con profundo temor a que el procesado pueda salir de prisión», al tiempo que apunta que, en la escala de violencia de género, según un informe realizado por los profesionales de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género la predicción es de «riesgo grave alto».
El TSJA ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado en referencia a la impugnación de reparación del daño causado en el puesto de trabajo de la mujer debido al incendio, por el que el condenado consignó 2.000 euros, ya que se le sentenciaba a pagar 7.692 euros. En este sentido, Alto Tribunal considera que la suma consignada por el procesado antes del juicio «no resulta suficiente, ni relevante a los efectos pretendidos por lo que no procede su aplicación ni siquiera como atenuante simple».
Por todo ello, el TSJA acepta «íntegramente» los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, por lo que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el condenado, ratificando así la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva.
La responsable de personal laboral del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva, Inés Pastoriza Lérida, asegura que “los centros educativos con falta de personal laboral viven situaciones insostenibles, desde la administración aseguran seguir las pautas, pero lo cierto- asegura- es que hay plazas baremadas desde hace dos semanas y hasta un mes sin incorporarse a su puesto”.
Para CCOO es inconcebible la falta de celeridad y agilidad de estos procesos, ya conocidos con bastante antelación. Los propios centros elevan quejas por esta situación cada día.
“Es intolerable que se estén dejando de prestar servicios públicos a la ciudadanía por la desidia de una administración que está provocando situaciones graves en insostenibles en los centros educativos de Huelva”.
Desde CCOO seguimos vigilando estos procesos e instamos a la administración a agilizar estos procesos en plena era digital y con una bolsa única por activar.
El Pleno del Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado esta mañana, en sesión extraordinaria y a instancias del Equipo de Gobierno municipal (PSOE, IU y Ciudadanos), mancomunar el servicio de ayuda a domicilio en la localidad de forma asociada con la Mancomunidad de Municipios Beturia. De esta forma, y a partir del 1 de enero de 2023, se va a gestionar en la localidad la prestación de este servicio de forma pública y directa, en colaboración con la Mancomunidad.
La medida da respuesta, ha señalado la alcaldesa, Pepa González Bayo, a la demanda de las propias trabajadoras del servicio y permitirá la mejora de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de las personas que lo desarrollan en nuestro pueblo”.
David F. Calderón, primer teniente de alcaldesa y concejal de Políticas Sociales, ha defendido “la importancia de prestar de forma pública y directa servicios tan sensibles como la ayuda a domicilio para mejorar las condiciones laborales del centenar de auxiliares que trabajan en Cartaya y elevar la calidad de la atención a las personas dependientes del municipio, situándonos como uno de los pocos municipios de la provincia que presta la ayuda a domicilio de forma directa”.
En la misma línea se posicionó el segundo teniente de alcaldesa, Israel Medina, que aseguró que “se pone de manifiesto la apuesta firme de este Equipo de Gobierno por un servicio que sea un referente de calidad”. Este punto se aprobó con el voto favorable del Equipo de Gobierno (PSOE, IU-Adelante y Ciudadanos) e ICAR, y la abstención del PP.
Además, el pleno ha aprobado modificaciones para regularizar la situación estructural y organizativa de los recursos humanos municipales, un trámite más de cara al proceso de funcionarización del personal laboral fijo de la actual plantilla municipal. Se trata, ha explicado la alcaldesa, “de un paso administrativo más en el camino que este Equipo de Gobierno ha emprendido para la estabilización de la situación de los trabajadores municipales, un compromiso que adquirimos desde el primer día, y en el que se han venido produciendo importantes avances”.
Entre ellos, los responsables del equipo de gobierno destacaron “el reciente acuerdo suscrito con los sindicatos para el primer convenio mixto para fijos y laborales que se firma en este Ayuntamiento, algo pendiente desde el año 2009, y el hecho de que se está trabajando en una nueva Relación de Puestos de Trabajo y una nueva Valoración de Puestos de Trabajo, en el marco del Plan de Estabilización”. El punto ha sido aprobado por unanimidad.
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