El Ayuntamiento de Punta Umbría está renovando los jardines de las plazas de los edificios Everluz, así como de la plaza de la urbanización Cayetano Hernández del Campo, en la prolongación del Barrio Romano.
También ha concluido ya las plantaciones de jardineras en las calles Charrán, Galera y Moluscos. Y ahora va a proceder a la plantación de los jardines de la recién renovada calle Raya de la Bariada de San Sebastián.
Además, se va a completar la actuación con los ajardinamientos previstos en el PFEA, en la entrada Norte junto a la Urbanización La Marina, y con la renovación de algunos parterres de la avenida de Andalucía.
Se trata de plantaciones de árboles, arbustos y plantas de temporada. Entre las especies introducidas se encuentran la begonia roja, clavel chino, cordiline rojo, gazania mix, petunia salmón, tagete, calestemon, dama de noche, araucaria, pacíficos, romero y cedros.
Las plantas provienen del vivero que la Diputación de Huelva pone a disposición de los municipios de la provincia, algunas de ellas de forma gratuita.
“Con estas actuaciones conseguimos embellecer y adecentar las zonas comunes de estos concurridos espacios de nuestro pueblo”, afirma la concejala delegada de Parques y Jardines, María Sacramento.
La Diputación de Huelva retoma su actividad plenaria con la celebración el próximo jueves, día 4, del Pleno ordinario correspondiente al mes de junio. Será el primer Pleno de la Diputación en este estado de alarma por covid-19 ya que el último ordinario fue el de marzo y se hará de forma telemática. El grupo socialista presenta a este pleno tres mociones con el objetivo de aliviar la situación económica de las personas provocada por esta crisis sanitaria.
En la primera de ellas, los socialistas vuelven a pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía, como así lo hicieron en el último pleno ordinario de la Diputación de Huelva, la puesta en marcha de forma urgente de un Plan de Empleo especialmente reforzado, a ejecutar en todos los municipios de Andalucía, dirigido a todos los colectivos de desempleados que vienen sufriendo las consecuencias de una crisis financiera durante más de una década y que ahora se ven incrementado con nuevos damnificados por la pandemia covid-19.
También se insta al Consejo de Gobierno de la Junta a que tenga en cuenta para dicho plan las aportaciones que desde los gobiernos municipales y provinciales de puede hacer, dado el conocimiento directo de la incidencia del desempleo en cada localidad, así como a que la ejecución de dicho Plan de Empleo se ejecute desde la gestión municipal.
Según el portavoz del grupo socialista en la Diputación, José Fernández, los datos de desempleo de los meses de marzo y abril nos demuestran el fuerte impacto en nuestra economía provocado por el cierre de diversos sectores importantes para la economía de la provincia, como el turístico, y el de los frutos rojos, junto como el comercio o la restauración.
Los desempleados a final de abril eran 52.782, una cifra similar a los desempleados a finales de marzo, donde se produjo un incremento importante en el número de desempleados respecto a febrero, con 6.866 más. Pero el dato que nos refleja la pérdida de empleo en la provincia de Huelva, según la moción, es su comparación con los datos de desempleo de abril del pasado año, donde la cifra era de 12.359 personas menos. Cifra que nos indica que la destrucción de empleo empleo en la provincia como consecuencia de esta crisis sanitaria es cercana a 13.000 personas.
Estas cifras, según Fernández, “aún siendo preocupantes, podrían haber sido muy superiores si el Gobierno Central no hubiese tomado las medidas económicas de prohibición del despido por motivos relacionados a la covid-19, o las de ceses de actividad y ERTEs”.
En la segunda de las iniciativas, los socialistas solicitan la suspensión temporal del conocido como canon del agua, un impuesto finalista que pagan todos los abonados de un servicio de agua en función del consumo, y que de media en Andalucía representa un 10% de importe total de los que los ciudadanos e industrias pagan por el suministro de agua.
Por eso, en la moción piden la suspensión temporal de la aplicación y recaudación del impuesto del Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de mayo de 2021. Aplicar a partir del 1 de junio de 2021 una reducción de la cuota variable del impuesto del 50% hasta el 31 de diciembre de 2021 y aplazar la liquidación del importe recaudado al momento de previsible recuperación económica en el año 2021, trasladando la liquidación del segundo semestre de 2019, hasta el 20 de abril de 2021; así como la liquidación del primer semestre de 2020, hasta el 20 de octubre de 2021.
Todo ello a los efectos de paliar las consecuencias económicas en los usuarios del abastecimiento urbano del agua, especialmente a las familias, a los establecimientos de autónomos y PYMEs, y del sector turístico, que están sufriendo los efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria; así como los operadores públicos y privados del agua que prestan el servicio de competencia municipal.
La tercera de las mociones que presenta el grupo socialista tiene que ver con las políticas sociales. Según José Fernández, “el Partido Popular vuelve a atacar al sector público,y ahora lo hace atacando al sistema público de Servicios Sociales”. Durante esta crisis, señala Fernández, “todas las acciones que se han venido llevando a cabo desde las Diputaciones y los ayuntamientos se han gestionado a través de los servicios sociales comunitarios o municipales, formado por un núcleo de profesionales con una magnífica formación. No entendemos como desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se pretende romper con este modelo a cambio de potenciar una red paralela y privada para poner en marcha las ayudas sociales que se conocen como Tarjeta Monedero”.
Por ello, en la moción se insta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a respetar el marco normativo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, a que se garantice una atención social normalizadora e integradora a las personas usuarias de los servicios sociales, sin que sean derivadas a organizaciones privadas; así como a que se proceda a la desburocratización de los procedimientos administrativos para poder acceder a recursos sociales con carácter de urgencia, pero garantizando que previamente se ha realizado una valoración técnica del profesional de referencia, trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios.
La empresa pública Giahsa ha puesto en marcha una nueva medida de tipo social que se va a aplicar y que se suma a los mecanismos de ayuda que se han venido implementando desde el inicio de la pandemia del Covid-19. En concreto, en unos 8 municipios que han permanecido cuatro meses sin lectura de contador, se ha articulado un proceso por el que, cuando el aumento del importe una vez regularizado el consumo sea significativo, se prorrateará durante cuatro meses, con el fin de que no suponga una carga adicional para las economías familiares.
Manuel Domínguez, director ejecutivo de Giahsa, ha explicado que “hemos vivido una situación muy difícil para todos. El Estado de Alarma también ha afectado de manera muy directa a las empresas de servicios, con la limitación de trabajos a lo estrictamente imprescindible para garantizar las prestaciones básicas. Ello, por ejemplo, ha impedido a Giahsa realizar con normalidad la lectura de los contadores en algunas localidades, por lo que ha debido hacerse por estimación durante más tiempo del habitual”.
Además, el incremento en el consumo de agua en los hogares, precisa Domínguez, “superior al 20% en algunos casos, se suma a esta situación y provoca un lógico aumento del importe en la próxima factura, al imputarse el aumento de todos los meses de confinamiento. De ahí que hayamos decidido tomar esta medida, que consiste en distribuir la diferencia adicional en los próximos meses, de forma que la carga quede prorrateada en cuatro facturaciones”.
La empresa comunicará todos los detalles de esta medida a los usuarios que se encuentren en esa situación, para que de ese modo puedan abonar con mayor comodidad esa diferencia que implica la regularización de la facturación. En concreto, esta situación puede darse allí donde el periodo de lectura coincidió hace dos meses con las medidas más restrictivas en el ámbito laboral, es decir en Aljaraque, Ayamonte, Aracena, Cala, Zufre, buena parte de parte de Gibraleón y Villarasa y algunos usuarios de Isla Cristina.
Servicio público, batería de medidas sociales
Este tipo de medidas, que ponen de manifiesto el compromiso de servicio público que preside la filosofía de trabajo de Giahsa y la Mancomunidad de Servicios (MAS), “se aplican para ayudar a nuestros usuarios. Tanto el confinamiento como la aplicación de medidas adicionales de higiene y limpieza han ocasionado este aumento puntual en el consumo y en la facturación en determinados casos. Pero gracias al esfuerzo común ya nos encontramos en el camino de la recuperación de nuestros hábitos cotidianos y la normalización general de la situación”, considera Domínguez.
El Consejo de Administración de Giahsa ya aprobó a finales de marzo una batería de medidas propuestas por la Comisión del Defensor del Usuario, entre las que destacan la ampliación del Fondo Social en 100.000 euros adicionales para ayudas directas a empresas y autónomos que hayan tenido que cerrar sus negocios durante este periodo. Igualmente, se determinó ampliar el periodo de pago ordinario de facturas de uno a dos meses. También, en coordinación con el Servicio de Gestión Tributaria (SGTH) y una vez que se levante el Estado de Alarma, se pondrá en práctica un sistema adicional de aplazamiento y fraccionamiento de deudas.
El Plan contra Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) activa este lunes en la provincia de Huelva el dispositivo de extinción para el periodo de alto riesgo de incendio, establecido entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Así, la Junta de Andalucía despliega todos sus recursos en pleno proceso de modernización del Infoca, con el rejuvenecimiento de la plantilla, la renovación de la flota de vehículos, la mejora de las condiciones de seguridad de los trabajadores y la apuesta por las nuevas tecnologías como el GPS para la localización en zonas donde la cobertura telefónica es deficiente o nula.
“Nuestro compromiso desde el primer momento fue actualizar un modelo de dispositivo que es modelo en toda Europa pero que se estaba quedando obsoleto. Este año ya son visibles algunas de las inversiones que comenzaron a hacerse en 2019 y que tienen una aplicación progresiva”, ha declarado la delegada del Gobierno andaluz y directora del Plan Infoca en Huelva, Bella Verano.
Estas mejoras conllevan también un incremento sostenido del presupuesto. Los 22,63 millones totales para el Infoca en Huelva suponen un 1,5 por ciento más que en el año anterior. 11,05 millones de euros se dedican a extinción y 11,58 a trabajos de prevención, la otra gran apuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
La delegada del Gobierno y el delegado territorial del ramo, Álvaro Burgos, han recordado que el dispositivo del Infoca permanece activo los doce meses “porque tan importante es su despliegue durante el periodo de alto riesgo de incendio como durante la época de prevención”. Las actuaciones de selvicultura preventiva contra incendios forestales se han realizado en este curso sobre 915,88 hectáreas de la provincia onubense. “Después de completar este trabajo, los operarios del Infoca han hecho un gran labor de desinfección en los municipios en la lucha contra el Covid-19, así que su esfuerzo es continuo y así hay que valorarlo”, ha subrayado Bella Verano.
Más de 600 profesionales forman parte del dispositivo provincial en Huelva, distribuido en cuatro centros: el Centro Operativo Provincial y los centros de defensa forestal (Cedefos) de Galaroza, Cabezudos y Valverde del Camino.
En relación a los medios materiales de tierra para la extinción, Huelva cuenta con una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y 21 vehículos pesados después de la entrega la pasada semana de dos nuevos camiones autobombas y el mantenimiento de tres nodrizas. La dotación se completa con 28 torres de vigilancia, 33 retenes especialistas, ocho grupos de apoyo y 170 vehículos de agentes de medioambiente y administración. Dos aviones de carga en tierra y tres helicópteros de transporte y extinción forman el conjunto de medios aéreos que se activan desde este lunes. Para mediados de junio está prevista la incorporación al Cedefo de Valverde del Camino del helicóptero pesado Eurocopter Súper Puma Mk2, que permite transportar 16 bomberos forestales, además de la tripulación, y puede almacenar 3.500 litros de agua en una sola toma, el triple de la capacidad de otros helicópteros.
A la infraestructura del Infoca se suman las aportaciones del resto de integrantes del Comité Asesor del dispositivo: Técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Agencia de Medio Ambiente y Agua, Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales, Guardia Civil, Unidad Adscrita de Policía Autonómica, Unidad Militar de Emergencia, Emergencias 112 Andalucía y el Grupo de Emergencias de Andalucía, así como los voluntarios de Protección Civil y policías locales de los municipios onubenses, Cruz Roja Española, 061, bomberos y el Consorcio Provincial de Bomberos.
Durante este lapso queda prohibido el uso del fuego y el tránsito de vehículos a motor en espacios forestales o de influencia forestal, los situados a 400 metros de distancia de zonas arboladas. Esta restricción impide, asimismo, hacer barbacoas, aun en lugares habilitados para ello como en áreas recreativas, y las quemas agrícolas.
Efectivo del INFOCA en un incendio forestal (Fotografía: Jordi Landero)
A los municipios costeros se les dotará con motos acuáticas, vehículos pick-up, quads 4×4, embarcación tipo zodiac con remolque o torres de vigilancia, entre otros elementos, según el importe que le corresponda
La provincia contará además con 476 ‘agentes’ de playas para controlar los aforos y velar por las medidas de protección e higiene en las zonas de baño
La Junta de Andalucía ha previsto una inversión de 813.272 euros en la adquisición de materiales y dispositivos de seguridad para las playas de la provincia de Huelva de cara al verano, con los que los ayuntamientos verán reforzadas sus medidas de protección y seguridad.
La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, ha informado a los alcaldes de los municipios beneficiarios sobre los recursos, tanto de personal como de medios, que el Ejecutivo andaluz ha previsto para las localidades costeras y que se enmarcan en el decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas. “Hemos sacado una nueva normativa que regula la seguridad en las zonas de baño costeras y que se adapta a nuestro tiempo, ya que la ley vigente databa de los años 70”, ha apuntado Verano, al tiempo que explica la necesidad de “reforzar este decreto con otras acciones que vienen a responder a la situación extraordinaria generada por el coronavirus (COVID-19)”.
Así, de los 10,5 millones de euros que el Gobierno andaluz destina a la mejora de las playas de Andalucía este año, la mitad “es para proveer a los ayuntamientos de recursos y materiales que contribuyan a garantizar la seguridad, como torretas, motos acuáticas o embarcaciones”. A la provincia de Huelva se le dota con 813.000 euros para adquirir los recursos que cada consistorio considere más necesarios en su término costero municipal. “A los ayuntamientos se le dotará de diferentes elementos para reforzar la seguridad de las playas como vehículos pick-up, torres de vigilancia, embarcación tipo zodiac con remolque, quad 4×4 o moto de agua con remolque, según el importe que les corresponda”, ha detallado Bella Verano.
De este modo, el total de ayudas queda distribuido de la siguiente manera: Almonte (258.604,23 euros) es el que más fondos recibirá, seguido en este orden por Lepe (103.396,80); Huelva (92.411,74); Punta Umbría (89.228,76); Isla Cristina (67.071,49); Palos de la Frontera (66.769,90); Moguer (52.521,20); Ayamonte (47.373,61); y el que menos Cartaya (35.894,27)
Auxiliares de playa
Además, la delegada del Gobierno andaluz en Huelva ha anunciado la contratación de 476 ‘agentes’ de playas para apoyar a los ayuntamientos en las tareas de control de aforos y aplicación de medidas de higiene y seguridad en las zonas de baño costeras.
Por tanto, la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha decidido, con los criterios técnicos de evaluación, que Almonte disponga de 132 personas, Ayamonte 40, Cartaya dispondrá de 6 trabajadores, a Huelva 6, Isla Cristina 40, Lepe tendrá 64, Moguer contará con 10 personas, Palos de la Frontera dispondrá de 90 y a Punta Umbría le corresponden 88 auxiliares de playa.
El Gobierno de España, autoridad competente y mando único durante el estado de alarma decretado desde el 14 de marzo por la pandemia de la Covid-19, dictó una serie de recomendaciones para el baño este verano en las playas de todo el territorio nacional, “aunque la responsabilidad y competencia últimas recaen en las autoridades locales, que deben garantizar su vigilancia y el cumplimiento de las normas mediante planes de contingencia”, ha explicado Verano.
Entre otras medidas, se limita el aforo, se marcan distancias entre bañistas superiores a dos metros y se indica la necesidad de establecer horarios. La Junta ha asumido estas recomendaciones y trabaja con los consistorios para llevarlas a cabo con todas las garantías. “En Andalucía, el Gobierno ha destinado casi 24 millones de euros para la formación y contratación de 3.000 ‘agentes’ de playas con el fin de que ayuden a los ayuntamientos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad en esa tarea, porque es una gran responsabilidad que no pueden asumir todos los municipios de forma unilateral y porque además supone una vía para generar empleo”, ha dicho la delegada de la Junta en Huelva. Está previsto que los vigilantes puedan desempeñar su labor a partir del 15 de junio.
Apoyo al sector hostelero y al turismo
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la pasada semana, a instancias de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, un decreto ley que autoriza a los ayuntamientos, con carácter temporal y mientras persista la situación de alerta sanitaria y, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2020, a ampliar en una hora, hasta las 3.00 de la madrugada, el horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería y de terrazas y veladores. “Hay que apoyar al sector, pues estamos en un momento vital para recuperar el empleo y la economía basada en el turismo y el sector servicios en nuestra provincia”, ha apuntado Bella Verano.
Playa Central de Isla Cristina (Fotografía: Jordi Landero)
En su estrategia para mostrar al mercado el valor de su fortaleza como destino seguro y de calidad, Islantilla ha adaptado su imagen de marca de cara a una temporada turística marcada por los efectos que la crisis del coronavirus está teniendo en todos los sectores económicos del planeta, especialmente en lo que se refiere a la industria del turismo.
Con este cometido, la Mancomunidad de Islantilla anunciaba días atrás la puesta en marcha de una campaña cuyo desarrollo en detalle se dará a conocer en los próximos días, pero que ya avanza un eslogan que es toda una declaración de intenciones: «Islantilla… la disfrutas seguro», en clara referencia a la apuesta del destino por ofrecer al visitante y al residente en la zona los medios necesarios para poder disfrutar en la mejor de las condiciones posibles de este enclave turístico de la costa onubense compartido por Isla Cristina y Lepe.
Para el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y Primer Teniente de Alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, «damos un paso al frente porque nuestro destino se ha caracterizado siempre por ser punta de lanza y avanzadilla en el sector turístico en todos los aspectos, principalmente en lo referido a calidad, y ahora, en estos momentos de tanta incertidumbre, también en lo referido a seguridad, que es algo que el turista demanda a día de hoy por encima de todo». Zamudio ha anunciado que en esta semana entrante se darán a conocer más detalles sobre el plan de seguridad de Islantilla que se va a poner en marcha de cara a la inminente apertura oficial de los servicios de playa el próximo día 15 de junio.
Por su parte el teniente de alcalde delegado por el Ayuntamiento de Lepe en la Mancomunidad, Jesús Toronjo, ha recordado que «en esta labor vamos de la mano la Administración Pública y la iniciativa privada, porque entre todos tenemos que conseguir que nuestros visitantes se sientan seguros y sean conscientes del enorme esfuerzo realizado para que ocio y responsabilidad sanitaria sean compatibles y den como resultado una estancia placentera para nuestros turistas».
La adaptación del logotipo de Islantilla integra una transición de color que pretende simbolizar la evolución desde el rojo de la alerta inicial a la normalidad, o nueva normalidad, del azul que representa la situación que está alcanzando el destino siguiendo las directrices de las Autoridades Sanitarias.
Asimismo, la marca estará a disposición de todos aquellos establecimientos hoteleros, de restauración y de ocio activo activo que deseen sumarse a esta campaña, ofreciendo una imagen unificada del destino con el objetivo de potenciar su repercusión.
La campaña ‘Islantilla… la disfrutas seguro’ va a contar con difusión a través de las plataformas digitales y redes sociales del destino, así como de cartelería y de otros soportes con los que acompañar al visitante en su experiencia turística con Islantilla como protagonista antes, durante y después de su estancia vacacional.
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