El Pleno de la Diputación de Huelva, celebrado hoy en un salón de plenos totalmente remodelado, ha ratificado una Declaración Institucional para que se declare la Cetrería como Bien de Interés Cultural de Andalucía. El Pleno, que ha aprobado mociones de educación, dependencia y salud, entre otras, se ha iniciado con un mensaje de apoyo de la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, “a todas las personas LGTBI y los ayuntamientos de la provincia que durante esta semana están poniendo en valor, así como llevando a cabo acciones de sensibilización de este colectivo, que aún tiene voces contrarias en nuestro país que le hacen la vida más difícil”.

Manuel Diego Pareja-Obregón, presidente de la Asociación Española de Cetrería y Antonio Aguilera, secretario de la fundación SAVIA, han sido los encargados de leer la Declaración Institucional en la que se pide a la Junta de Andalucía que declare a la Cetrería como bien de Interés Cultural de Andalucía. En la declaración se asegura que la Diputación, en el ámbito de sus competencias, llevará a cabo actividades de promoción de la Cetrería como práctica cultural de nuestra provincia.

En la actualidad, según se señala en la Declaración, son numerosos los cazadores que crían aves rapaces para la práctica cinegética y, por su belleza, contacto con la naturaleza, lucha de igual a igual entre especies, genera una verdadera atracción entre aquellos que tiene la suerte de poder compartir un día de caza con un cetrero. Numerosos estudios avalan que, a través de las aves rapaces y de manera complementaria a las terapias tradicionales, se aportan numerosos beneficios a nivel físico, psíquico y social, mejorando de este modo la calidad de vida de nuestros mayores ya que sirven de agentes motivadores y potenciadores de la afectividad.

Con respecto a las mociones, con el voto a favor del grupo Adelante y el voto en contra del grupo popular (Ciudadanos se ausentado del pleno por motivos de salud), se ha aprobado la iniciativa socialista en la que se reconoce el trabajo realizado por toda la comunidad educativa de la provincia de Huelva, así como el esfuerzo y la implicación de los ayuntamientos de la provincia, más allá de sus competencias, para afrontar todos los desafíos generados por esta pandemia, no sólo en materia de educación sino en otros muchos aspectos de atención a situaciones de emergencia social, desinfección de calles, plazas, parques, etc.

En la iniciativa se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a compensar a los Ayuntamientos, todos los gastos extraordinarios, generados por las medidas de protección de la salud y prevención frente al covid-19, en el ámbito educativo, así como que la financiación directa de estos gastos asumidos impropiamente por los ayuntamientos debe abarcar desde el inicio hasta el fin de la situación de pandemia.

También en materia educativa, se ha aprobado, con el voto favorable del grupo socialista y el voto en contra de los populares, la moción del grupo Adelante para el blindaje de los servicios complementarios de la educación pública. En ella se pide a la Junta de Andalucía que no suba el precio de estos servicios, como el aula matinal y el comedor escolar, por ser una medida completamente fuera de contexto con la actual situación de crisis que sufrimos que hace que miles de familias trabajadoras no puedan asumir nuevos costes. Del mismo modo se insta a la Junta de Andalucía a emprender, de la mano del diálogo con los agentes sociales, un proceso de reversión de los servicios complementarios hasta ahora externalizados, para asumir su gestión directa.

La segunda de las mociones del grupo socialista también ha contado con el respaldo de Adelante y el voto en contra de los populares. En ella se pide a la Junta de Andalucía “que no recorte en las competencias tanto de la Diputación como de los ayuntamientos de la provincia en materia de dependencia”. El grupo socialista insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que deje sin efectos la modificación en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia  y del derecho a las prestaciones del servicio de ayuda a domicilio, que cercenan las competencias atribuidas a los Ayuntamientos y Diputaciones en materia de dependencia, como parte fundamental del modelo descentralizado de atención a la dependencia, establecido por la Ley de Dependencia.

En la tercera moción de los socialistas, aprobada igualmente con el voto favorable de Adelante, se insta a la Junta de Andalucía a apoyar y mejorar la Atención Primaria de Salud, a través de una serie de medidas como la apertura “sin más demoras” de los Centros de Salud que permanecen cerrados en la provincia de Huelva y que se retomen urgentemente las consultas presenciales de Atención Primaria, tal y como prometió el presidente de la Junta de Andalucía el pasado 2 de marzo.

Igualmente, los socialistas piden, entre otras cuestiones, el restablecimiento de los servicios de urgencias que fueron suprimidos en los municipios de la provincia, la creación de plazas, con destino a los Centros de Atención Primaria de Salud, con el fin de poder atender sin retrasos de más de 48 horas, así como prestar dedicación a las tareas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en coordinación con los municipios, así como la atención de enfermería en los centros escolares.

La segunda moción presentada por el grupo Adelante también se ha aprobado, con el apoyo de los socialistas y el voto en contra de los populares. En ella se insta a la Junta de Andalucía a incrementar la contratación de profesionales de la psicología ya que en nuestra comunidad autónoma solo hay 3 por cada 100.000 habitantes, la mitad que en el resto del país. Igualmente, se insta al Consejo de Gobierno de la Junta  a destinar más recursos a labores de prevención y educación para la salud a todos los niveles en la provincia de Huelva, así como a publicar lo antes posible la nueva Estrategia de Salud Mental.

Por último, el pleno ha aprobado por unanimidad la moción del grupo popular para instar al Gobierno de España a ampliar la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales a las entidades locales en los años 2022 y 2023. En ella se pide extender los efectos de la no aplicación de las reglas fiscales al ejercicio 2022 de acuerdo con lo manifestado por la Comisión Europea y en paralelo con la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, toda vez que la situación económica no es previsible que se recupere en dicho año.