El actual modelo de acceso a la energía, un bien imprescindible que hasta ahora ha estado controlado casi en exclusiva por las grandes corporaciones, se encuentra en proceso de cambio, una transformación que, a tenor de lo que ya se está produciendo en muchos puntos de Europa, se antoja profundo, especialmente en el medio rural, donde la democratización del sector de las renovables comienza ya a ser una realidad.
No en vano ya se ha constituido una federación que aglutina a 1.900 cooperativas de todo el continente, algunas de ellas españolas, las cuales han sido creadas por entidades locales y ciudadanos con el único objetivo de impulsar el autoconsumo colectivo de energía obtenida de fuentes renovables, sobre todo del sol y del viento, y bajo el paraguas de las denominadas comunidades energéticas.
El avance de este nuevo modelo parece ya imparable, y su evolución y crecimiento están siendo vertiginosos, azuzado en los últimos tiempos por la crisis que está ocasionando a nivel mundial el desmesurado incremento del recibo de la luz.
Pero, ¿qué es en realidad una comunidad energética?. Esta redacción se lo ha preguntado recientemente a Bosco Valero, todo un experto en la materia, que asesora a la Mancomunidad de Municipios Beturia en su firme apuesta por poner en marcha un proyecto de este tipo. La iniciativa ya ha dado sus primeros pasos y su puesta de largo tuvo lugar oficialmente hace unos meses en una jornada celebrada en El Almendro bajo el nombre de ‘Beturia energía, comunidades de energía renovable en la comarca del Andévalo’, en un acto simbólico protagonizado por la presidenta de Beturia y alcaldesa de Villanueva de los Castillejos, Dolores Ruiz; la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; y la alcaldesa de El Almendro, María Alonso Mora.
Para Valero una comunidad energética es una «herramienta» destinada a la «gobernanza democrática» de la energía, a través de la cual las personas o las familias, conjuntamente con ayuntamientos y otras entidades locales, «podrán participar en la generación, la gestión, el consumo y hasta la venta de la energía que producirán en sus propios municipios gracias a las renovables, y no ser como hasta ahora meros consumidores».
Para ello se valdrán de pequeñas y medianas instalaciones de autoconsumo colectivo, donde la energía producida «se repartirá de forma más equitativa, justa y con gobernanza democrática ya que cada persona es un voto, y donde al margen de su nivel de renta, puede participar de los beneficios de las renovables en un territorio o municipio concretos».
Según relata Valero, el concepto de comunidad energética renovable llegó por primera vez a España hace ahora solo dos años y medio, incluido en un documento del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético del Ministerio para la Transición Ecológica. En este corto periodo de tiempo han surgido por toda la geografía nacional numerosas iniciativas para la constitución de comunidades energéticas, todo ello a pesar de que aún no se ha producido una trasposición en nuestro país de las directivas europeas en la materia.
También existe un Real Decreto del año 2020 donde se usa el término de comunidad energética renovable, que según añade Bosco Valero «da pie a la creación de figuras jurídicas para el desarrollo del nuevo modelo», de las cuales ya hay numerosos ejemplos en España, algunos bajo la figura jurídica de asociación y otros de cooperativa.
La primera iniciativa, pionera a nivel nacional, surgió en el municipio soriano de Castilfrío de la Sierra, donde se constituyó la primera comunidad energética rural de nuestro país a través de ‘Hacendera Solar’, una asociación vecinal encargada de la gestión de un proyecto de autoconsumo fotovoltaico, donde también participan el Grupo Red Eléctrica (GRE), la cooperativa Megara Energía, el Ayuntamiento de Soria y la Caja Rural de Soria.
Otros proyectos pioneros están en Monachil (Granada), donde igualmente se ha creado una asociación para gestionar una comunidad energética de la mano del Ayuntamiento, la cual ya cuenta con una instalación de 10 kilovatios gestionados mediante el modelo de autoconsumo colectivo; o en Puente la Reina (Navarra) donde se ha impulsado de la mano del Ayuntamiento el grupo ‘Gares Energía’ para la puesta en marcha de una comunidad ciudadana de energías renovables, cuyos integrantes han firmado ya las bases para su constitución bajo la denominación de ‘Gares Bide’.
En el caso de Huelva hay ya al menos tres iniciativas en marcha, las cuales se encuentran en distintas fases de desarrollo. Una de ellas, que lleva ya un cierto recorrido, se encuentra en el municipio serrano de Arroyomolinos de León, la cual empezó a dar sus primeros pasos hace ya dos años. Otra se localiza en San Juan del Puerto. Y la tercera es la que impulsa en estos momentos la mancomunidad de Municipios Beturia para la comarca del Andévalo, la cual «apunta a que va a ser un proyecto grande de generación de energía tanto para autoconsumo como para su venta a la red, cuyos beneficios van a repercutir muy positivamente en la comarca», detalla Bosco Valero.
Paco Santana, gerente de Beturia, lo tiene muy claro, partiendo para ello de la base de que «el sol y el viento no son de ninguna empresa, son un bien común que nos pertenece a todos. Y si tenemos un recurso, ¿por qué no aprovecharlo por parte de la ciudadanía y de las pequeñas y medianas empresas de la comarca?», se pregunta.
Por ello asegura que la Mancomunidad «ha apostado firmemente por este modelo, porque además no nos queda otra, sobre todo tras la era covid, que caminar hacia una transición verde y sostenible, digital y por supuesto energética».
Santana también indica que los nueve municipios integrados en Beturia –El Almendro, El Granado, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Santa Bárbara de Casa, Villablanca y Villanueva de los Castillejos- «no quieren quedarse en el actual modelo de grandes empresas con grandes proyectos en materia de renovables, como ha sucedido hasta ahora en la comarca, sino que desean sumarse e este nuevo modelo donde los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas locales no sigan siendo únicamente consumidores pasivos de energía, sino que pasen a ser consumidores activos, productores y comercializadores de dicho bien».
Según también explica Santana, el modelo concreto del proyecto en el que trabaja Beturia «aún tenemos que definirlo entre todos», pero «nuestra idea se centra en fomentar que los vecinos de los municipios integrados en la Mancomunidad constituyan comunidades energéticas, de forma que cada localidad tenga su propia estructura, la cual estará amparada por un paraguas común para toda la comarca, que es lo que hemos denominado Comunidad Energética Beturia-El Andévalo».
Al mismo tiempo, se trabaja para que la entidad bajo cuyo amparo quedarán las iniciativas que fructifiquen en cada municipio, disponga de un proyecto propio de generación de energía conectado a la red, con el objeto de que «se generen flujos financieros que lo hagan económicamente sostenible». En este sentido, añade, «tenemos previsto instalar en Villanueva de los Castillejos una planta de dos megavatios conectada a red, cuya propiedad no será de la Mancomunidad o los Ayuntamientos, sino colectiva, para que pueda invertir o participar en ella cualquier ciudadano que así lo desee».
El nuevo modelo permite un ahorro del 20 al 30 por ciento en el recibo de la luz
Varias son las ventajas que los expertos subrayan del nuevo modelo de gestión energética mediante comunidades basadas fundamentalmente en la producción para autoconsumo. Una de ellas es la medioambiental, ya que todas se centran en la producción de energías renovables y limpias, como la solar o la eólica.
La segunda es el beneficio social que conllevan, ya que «las personas son los principales protagonistas, en igualdad de condiciones, del mercado de la energía», según subraya el experto en la materia Bosco Valero, quien añade que así se contempla en las actuales directivas europeas, que recogen el derecho que tienen las personas y las familias a producir, consumir y hasta comercializar la energía, que ya no va a ser un bien sujeto solo a las grandes empresas que tradicionalmente operan en el sector.
Por último suponen una innegable ventaja económica para los integrantes de las comunidades, ya que formar parte de una de ellas puede llegar a abaratar la factura de la luz para una familia media entre un 20 y un 30 por ciento, lo cual a finales de año puede llegar a suponer un ahorro de entre 100 y 200 euros.
A esto último contribuye, concluye Valero, el que «las personas y las familias pueden aprender a hacer un uso mucho más eficiente de la energía, y por tanto a no derrocharla absurdamente, engordando de esta forma los bolsillos de las grandes empresas comercializadoras, que como estamos comprobando en los últimos meses están incrementando de forma desorbitada y escandalosa el precios de la energía».
