Un expolicía local agrede en Valverde a un vigilante de seguridad tras intentar acceder sin cita al CAISS

Según UGT el agredido "tuvo que acudir al centro de salud para ser atendido por los golpes y cortes que sufrió

El sindicato FeSMC-UGT Huelva ha manifestado su repulsa y ha condenado la agresión a un vigilante de seguridad que desempeña su labor en el control del Servicio del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Valverde del Camino.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en torno a las once de la mañana de este jueves, cuando un ex policía local de Valverde del Camino «intentó entrar por la fuerza en el CAISS de la misma localidad».

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Así, según ha detallado UGT, el vigilante de seguridad explicó al agresor que «no podía acceder al edificio sin cita previa y le facilitó la información necesaria para que pudiera obtenerla». El agresor en ese momento se marchó pero regresó aproximadamente una hora después «asegurando que no le era posible obtener la cita de forma telemática, momento en el que comenzó a empujar e insultar al vigilante de seguridad, intentando entrar en el organismo a la fuerza».

Tras ello, la Policía Local tuvo que personarse en el centro y «mediar en el conflicto», mientras que la víctima «tuvo que acudir al centro sanitario y ser atendido por los golpes y cortes que sufrió en el transcurso de los hechos», según han lamentado desde el sindicato.

Por todo ello, FeSMC-UGT Huelva ha manifestado su repulsa ante este tipo de agresiones que, «desde la pandemia provocada por la crisis sanitaria de la Covid-19, se han incrementado considerablemente».

«Los vigilantes de seguridad deben hacer cumplir las normas de los organismos públicos, entre otras y como ha sido el caso, el de entrada y salida de los mismos, lo que convierte a estas personas trabajadoras en objeto de la frustración de muchos usuarios», han explicado desde UGT.

Asimismo, FeSMC-UGT Huelva ha hecho un llamamiento a todos los estamentos implicados para que «se adopten las medidas necesarias para dotar a los trabajadores del sector de seguridad privada de los medios necesarios para poder desarrollar su actividad» y «garantizar la integridad física tanto de los vigilantes de seguridad, como de los clientes y usuarios de los establecimientos públicos y privados».