El Gobierno de Andalucía ha dado un paso clave hacia la modernización del sistema universitario con la aprobación del inicio de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Universidades de Andalucía (LUPA). Esta nueva norma, que sustituirá a la vigente desde 2013, tiene como principales objetivos reforzar el sistema público universitario, mejorar los derechos del estudiantado, potenciar la internacionalización y ofrecer estabilidad en la carrera académica.
Entre las innovaciones más destacadas de la LUPA se encuentra el reconocimiento del derecho de los estudiantes a un sistema de bonificación en las matrículas universitarias, asegurando así la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Además, la ley garantizará la movilidad internacional a través de programas de becas y ayudas, con el compromiso de la Junta de Andalucía de financiar estas iniciativas en las universidades públicas.
La ley también establece que, a partir de octubre de 2029, será obligatorio para los universitarios acreditar un nivel B2 en una lengua extranjera para obtener un título oficial, así como para el acceso de los profesores a los cargos de ayudante doctor y contratado doctor. Además, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) jugará un papel clave en la nueva estrategia de internacionalización, que busca atraer talento y fomentar la investigación.
Otro de los grandes pilares de la nueva normativa es la mejora de la estabilidad laboral del profesorado. El anteproyecto incluye la reintroducción de la figura del ayudante doctor, eliminada previamente por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y crea un nuevo perfil vinculado al sistema sanitario, para garantizar un relevo generacional de calidad en el cuerpo docente. También se limitará el uso de contratos de profesores sustitutos, que serán transformados en figuras estructurales para evitar la precarización del personal académico.
En cuanto a la financiación, la LUPA propone un modelo común para todas las universidades públicas andaluzas, revisable cada cinco años, que se dividirá en tres bloques: financiación básica, articulada en los gastos esenciales de funcionamiento e investigación; financiación por resultados, ligada a contratos programas; y financiación de nivelación, que corregirá desviaciones entre instituciones. Además, las universidades públicas podrán disponer de remanentes de transferencias no ejecutadas por la Junta de Andalucía, y la ley ofrecerá mayor seguridad financiera al sistema con la incorporación de un interventor técnico para la gestión y administración de los recursos.
La nueva legislación también busca mejorar la gobernanza y la transparencia en las universidades, reforzando las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos y garantizando mayores exigencias en sus actividades. A nivel de coordinación, se ampliará la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades y se creará un Consejo Asesor de Estudiantes y un Observatorio de Datos para mejorar la planificación y desarrollo de las políticas universitarias.
En cuanto a las universidades privadas, la ley impondrá mayores requisitos para la creación y desarrollo de estos centros. Los promotores deberán acreditar una solvencia económico-financiera y garantizar la calidad de las infraestructuras y el personal, así como reservar un porcentaje de sus ingresos a programas de becas y planes de investigación. También se les exigirá la implementación de mecanismos que faciliten la incorporación de los egresados al mercado laboral.
Con estas reformas, la Junta de Andalucía acomete la mayor transformación del sistema universitario en los últimos 30 años. Este proceso se complementa con la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), que busca fortalecer la investigación y el desarrollo científico en la comunidad. Además, ya se han puesto en marcha medidas como un nuevo modelo de financiación, una mejora en las condiciones laborales de los docentes y personal técnico, y un decreto para la ordenación de enseñanzas que se aplicará a partir del curso 2025/2026.
La tramitación de la LUPA continuará ahora con su sometimiento a información pública y la obtención de los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta, el Consejo Andaluz de Universidades y el Consejo Consultivo, antes de su debate en el Parlamento de Andalucía. Esta ley marcará un antes y un después en la educación superior andaluza, con el objetivo de garantizar un sistema universitario más accesible, estable y competitivo a nivel internacional.
