La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) ha emitido una preocupante advertencia sobre la situación actual de la acuicultura en nuestro país. Según el gremio, la Directiva Bolkestein, una normativa de la Unión Europea que regula los servicios en el mercado interior, está poniendo en serios apuros a la industria acuícola española.
La acuicultura es una actividad que se desarrolla en espacios de dominio público, por lo que cada granja debe contar con una concesión de ocupación otorgada por la administración competente. Esto implica que las empresas de acuicultura deben cumplir con rigurosos estudios de impacto ambiental y planes de vigilancia para garantizar su respeto al entorno natural.
Sin embargo, obtener una concesión de ocupación del dominio público en España es un proceso largo y complejo que puede llevar entre cuatro y ocho años, y en muchos casos ni siquiera se consigue. Esto se debe, según APROMAR, a la dificultad para obtener o ampliar estas concesiones, lo que está afectando gravemente a la producción acuícola en nuestro país.
Pero ahora, además, se suma una nueva barrera administrativa que está poniendo en riesgo el tejido empresarial de la acuicultura española. Se trata de la interpretación que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está haciendo de la Directiva Bolkestein. Mientras que otros países europeos como Italia, Croacia o Grecia excluyen directamente a la acuicultura de esta normativa, en España se ha decidido aplicarla de manera estricta, obligando a las empresas a someterse a concursos públicos para obtener o renovar sus concesiones de ocupación.
Esto supone un grave problema para las granjas de acuicultura en España, ya que las concesiones pueden ser otorgadas a cualquier otro inversor o empresa, incluso extranjera, dejando en riesgo el control estratégico de la producción de pescado en nuestro país.
APROMAR ha expresado su preocupación al MITECO, pero hasta el momento no se han tomado medidas para resolver esta situación. Además, las comunidades autónomas competentes en la materia también se han visto sorprendidas por esta interpretación de la Directiva Bolkestein.
Ante esta situación, APROMAR seguirá reclamando un marco administrativo estable y previsible que fomente la inversión y el empleo en la acuicultura española. Desde la asociación se considera que la postura del MITECO es un error histórico de ultraliberalización que no debería aplicarse a un sector primario productor de alimentos.
En resumen, la Directiva Bolkestein está poniendo en una difícil situación a la acuicultura española, afectando a su desarrollo y poniendo en riesgo la continuidad de muchas empresas y el control estratégico de la producción de pescado en nuestro país. Esperamos que las autoridades competentes tomen medidas para resolver esta situación y garantizar un marco administrativo estable y previsible para el sector acuícola.