Casi 200 personas, entre padres, madres y alumnos, han retrasado a primera hora de la mañana de este miércoles 20 minutos la entrada a clase del alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen del Carmen de El Rompido para exigir a la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Huelva una solución para las cuatro aulas afectadas por las obras de ampliación iniciadas por la Consejería en dicho centro a principios del presente curso escolar.

La protesta, en la que los asistentes han mostrado pancartas reivindicativas y han coreado consignas en favor de una mayor seguridad para sus hijos por las obras, ha sido impulsada por la Asociación de Madres y Padres ‘El Faro’ de dicho colegio, cuyo presidente, Simón Márquez de Sousa, ha relatado a los periodistas que «tras ocho años de espera, por fin el pasado mes de noviembre se inició la necesaria y esperada obra de ampliación del CEIP Virgen del Carmen», que actualmente cuenta en sus aulas con más de 400 alumnos de El Rompido y Nuevo Portil.

El problema, prosigue, es que «de lo que no se informó ni consideró» por parte de la Junta son los «grandes inconvenientes» que el inicio de dichos trabajos, que se están acometiendo en pleno desarrollo del presente curso académico, iban a suponer para los alumnos, a lo que añade la «falta de coordinación» de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Huelva con la comunidad educativa en relación a los mismos.

Y es que según las madres del centro, dicha delegación «no ha previsto ni contemplado, a día de hoy, una solución provisional a las cuatro aulas que, con casi un centenar de alumnos y sus respectivos maestros, están padeciendo los efectos de las obras en primera persona».

En este sentido denuncian que dichas aulas, en las que se imparten clases diariamente, se encuentran «cerradas a cal y canto, sin ventilación durante las 24 horas del día, iluminadas con luz artificial durante toda la jornada y soportando durante todo el tiempo el ruido ensordecedor de la maquinaria de la obra, lo cual imposibilita la concentración de alumnos y maestros». Una situación que, a juicio del presidente de la AMPA, «conlleva sin lugar a dudas consecuencias graves para la salud de nuestros pequeños».

A ello se suma, prosigue, el «continuo movimiento» de maquinaria pesada alrededor de estas cuatro aulas, las cuales distan no más de dos metros de la obra en cuestión; así como la «exposición prolongada» tanto de los alumnos como del personal docente a las partículas de polvo en suspensión que genera el desarrollo de los trabajos, y el efecto que ello está ocasionando en los más pequeños.

Así las cosas, para Simón Márquez de Sousa, durante los ocho años de retraso que acumula la obra ha habido tiempo más que suficiente para haber «reflexionado y planificado la existencia de una convivencia real entre la ejecución de los trabajos y el normal desarrollo de la actividad docente», pero «no se ha pensado en el bienestar de los alumnos».

De dicha situación, añade el representante de la AMPA ‘El Faro’, se dio traslado al actual delegado territorial de Educación en Huelva, Carlos Soriano, durante el transcurso de una reunión mantenida en las instalaciones del propio centro educativo el pasado día 17 de enero, a la que además del propio delegado, asistieron la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo junto con varios miembros de su equipo de Gobierno, integrantes del Consejo Escolar, un inspector de Educación de la propia delegación y el presidente y un vocal de la AMPA.

En la reunión, según relata Márquez de Sousa, el Ayuntamiento «mostró todo su apoyo a la causa, poniendo a disposición del colegio distintos emplazamientos públicos», llegándose a la conclusión de que «dichos enclaves no supondrían un alivio a la problemática, sino complicaciones añadidas por razones técnicas».

En este sentido, añade, «se solicitó a la Delegación la instalación de módulos prefabricados durante el transcurso de las obras, o bien trasladar los ya existentes -y afectados por los trabajos- a otra ubicación que permita que nuestros hijos e hijas reciban una educación de calidad y en condiciones seguras y salubres».

Con la protesta de este miércoles, concluye el presidente de la AMPA, «hemos querido solidarizados todos con esta causa mostrando una comunidad educativa unida, así como hacer llegar nuestro malestar al delegado de Educación, al que emplazamos a ofrecer una solución urgente y extraordinaria que permita a nuestros hijos e hijas acudir al centro y poder disfrutar de su proceso educativo en un entorno seguro y afable, algo necesario e imprescindible para su formación como escolares».