El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a la Junta de Andalucía a «rectificar» y a «volver a la legalidad europea» para evitar un «coste inasumible» al Parque Nacional de Doñana de la mano de la proposición de ley de PP-A y Vox que actualmente se tramita en el Parlamento andaluz con el objeto de regularizar regadíos ilegales en el entorno de dicho «tesoro» natural, que podría llegar a un «punto de no retorno» si se aplica.

Así lo ha advertido el jefe del Ejecutivo socialista en una declaración ante los medios de comunicación en el transcurso de una visita a la zona cercana a la ICTS Reserva Biológica de Doñana acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en medio de la polémica por la tramitación de dicha proposición de ley que respalda el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A).

Pedro Sánchez ha aludido en su intervención a la carta que el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha firmado en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López, en la que traslada que la Comisión Europea utilizará «todos los medios a su alcance» para garantizar que España cumpla «efectivamente y sin demora» la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige la protección del humedal si el Parlamento andaluz aprueba dicha ley de regadíos en Doñana en los términos anunciados.

Al respecto, el presidente del Gobierno ha remarcado que la Comisión Europea es la «institución principal encargada de velar por la protección de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad de nuestro patrimonio natural», y este jueves «hemos conocido de nuevo un posicionamiento rotundo, tajante» de dicho organismo en el que «deja las cosas rotundamente claras».

LLAMA A LA JUNTA A «RECTIFICAR»

Según ha enfatizado Sánchez, la Comisión Europea ha venido a trasladar que «la proposición de ley que se está tramitando por PP y Vox en el Parlamento andaluz contraviene la legislación europea», por lo que ha realizado «un llamamiento a la reflexión y rectificación» por parte de la Junta, a «abandonar posturas soberbias y a volver al camino de la legalidad europea y del respeto al medio ambiente y la concienciación que, día sí y día también, la ciencia nos está advirtiendo de los efectos de la emergencia climática, sobre todo en ecosistemas tan frágiles como el Parque Nacional de Doñana», según ha aseverado.

El presidente ha comenzado su comparecencia señalando que con esta visita quería «dar testimonio» a la población española de «la importancia del Parque Nacional de Doñana» y de la «gravedad de la situación que está viviendo, en primer lugar por la emergencia climática», así como «recordar que es responsabilidad de todas las administraciones públicas», y «singularmente» en este caso de la Junta de Andalucía por tener las «principales competencias», tener como «tarea fundamental» la «preservación de este tesoro».

Ha añadido que dicho tesoro, en referencia a Doñana, «trasciende su valor ecológico, que ha permitido que haya agricultores con una reputación que no se puede menoscabar por los errores legislativos de una administración, o del Parlamento andaluz en este caso», y ha defendido que la sociedad onubense «se siente siempre conectada con el ámbito» del parque de Doñana, que «sobre todo y ante todo es un tesoro de la biodiversidad de España, que trasciende» al país, que «compartimos con el conjunto de la sociedad europea y se sitúa como uno de los principales tesoros de la biodiversidad del mundo», según ha remarcado.

Tras invitar a los españoles que no lo conozcan a visitar Doñana y a conocer «de verdad la importancia de lo que está ocurriendo» en el que es «el parque nacional más extenso de España y el único en el conjunto de la Península Ibérica catalogado por la Unesco como Patrimonio Mundial», además de «refugio de aves migratorias» que transitan de Europa a África, Sánchez ha insistido en que con su visita de este jueves quería dar «testimonio del compromiso del Gobierno de España con la restauración y la recuperación» de dicho parque nacional, y «de hacerlo de manera coordinada y consensuada con instituciones que tienen las principales competencias, como en este caso es la Junta».

El presidente ha aseverado que «si la comunidad científica, muchos agricultores, la propia Comisión Europea, además del Gobierno de España, estamos diciendo que este proyecto de ley de PP y Vox contraviene la legislación europea, sentencias europeas, y también las alarmas que la ciencia nos está advirtiendo sobre la emergencia climática en ecosistemas tan frágiles como Doñana; es decir, si el sentido común y la legislación comunitaria nos están diciendo que ‘no’ a este proyecto de ley, creo que no hay ninguna razón o excusa para no abandonar esa postura soberbia y volver a la legalidad europea y frenar este atropello», ha sentenciado.

Sánchez ha añadido que, «por mucha mayoría absoluta que se tenga, esto no va de coste electoral», sino que «el tesoro de Doñana es un tesoro que nos legaron nuestros padres a los onubenses, a los andaluces y a todos los españoles, y nuestra principal responsabilidad es legárselo también a nuestros hijos».

«No hay ninguna razón, por muy grande que sea, que legitime a un gobierno que tiene un mandato de cuatro años para poner en un punto de no retorno a un patrimonio que tiene siglos de duración, y que esperemos que tenga otros muchos más después de nuestra generación», ha proclamado el presidente, que ha insistido por ello en su llamamiento a «la reflexión, a la rectificación» por parte del Gobierno andaluz, a «ser consciente de que el negacionismo y la soberbia, hacer caso omiso a lo que dice la ciencia o también la Comisión Europea hoy de nuevo, va a salvar Doñana».

RIESGO DE «MULTA» PARA «TODOS LOS ESPAÑOLES»

La salvación de Doñana, según ha sostenido el presidente, pasa por «un compromiso público con su restauración y recuperación», y por «hacer caso a las advertencias de la ciencia», ha abundado antes de apostillar que, «desde luego, lo que tiene que hacer una administración es cumplir con la ley, con las sentencias, en este caso de los tribunales europeos, y las advertencias de la Comisión Europea», y «no es aceptable que el intento de atropello de PP y Vox en la asamblea de Andalucía vaya a tener como resultado final una multa que vamos a tener que pagar todos los españoles por haber contravenido las sentencias europeas».

Pero «lo más importante» sería «el coste inasumible en términos medioambientales y de biodiversidad que esa medida puede tener en uno de los principales patrimonios de la humanidad», según ha aseverado Pedro Sánchez, que finalmente ha dedicado palabras de agradecimiento a los trabajadores del parque por su «compromiso».

Sánchez ha defendido que el «debate político nacional y también europeo e internacional» que se ha generado al hilo de la iniciativa de PP y Vox «también nos puede ayudar a cambiar la mentalidad de la gente, a ser conscientes de la gravedad de la emergencia climática a la que nos estamos enfrentando, y la urgencia de actuar con rapidez para que podamos adaptarnos y mitigar al máximo posible los efectos de esta emergencia que es el cambio climático», ha concluido el presidente.

LA JUNTA TRASLADA A BRUSELAS QUE LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE DOÑANA ES DEL PARLAMENTO Y NO AFECTA AL ACUÍFERO

La Junta de Andalucía ha trasladado a la Comisión Europea que la proposición de Ley de PP y Vox que tramita el Parlamento autonómico para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, en la comarca del Condado de Huelva, «no supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia» del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que exige la protección del humedal «ni para la conservación del espacio natural de Doñana» porque el texto «deja claro que el acuífero de Doñana ni se toca ni se afecta».

Así lo defiende el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, en un informe remitido al embajador representante permanente de España para la Unión Europea en respuesta al escrito de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que alertaba sobre la posible afección de la proposición de Ley al cumplimiento de la sentencia del TJUE.

En la misiva, consultada por Europa Press, la Junta alega que la proposición de Ley, que persigue «dar solución al problema social que coexiste en la comarca del Condado de Huelva» desde la aprobación del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en 2014, «no es una iniciativa del Gobierno Andaluz, sino del propio Parlamento, reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático».

En este sentido, añade que la proposición de Ley «continúa ahora su tramitación parlamentaria correspondiente, sometiéndose a un proceso de ponencia en el que los distintos grupos con representación en la Cámara autonómica podrán presentar enmiendas, que habrán de ser votadas y aprobadas, previa audiencia a los agentes sociales a los que afecta la propuesta, teniendo que someterse posteriormente a una votación final en el seno del Pleno del Parlamento andaluz».

«SE DESCONOCE EL RESULTADO FINAL DEL TEXTO»

«Por lo tanto, la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimento de la sentencia, puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto que será aprobado finalmente en sede parlamentaria, tras todas las enmiendas que presenten los diferentes grupos parlamentarios para enriquecer el texto de la Ley», subraya el Gobierno andaluz.

Junto a ello, la Junta explica que el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte de Doñana en 2014 es un «plan de ordenación del territorio» y su posible modificación «no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona» y la proposición de Ley «simplemente se establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro», por lo que «no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos, puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite por tanto un incremento de la extracción recursos hídricos subterráneos».

«Desde 2019 se han multiplicado por cuatro los números de expedientes sancionadores en materia forestal en cumplimiento del Plan, por lo que la aprobación de esta proposición de ley no supone la amnistía de ningún infractor», recalca el Ejecutivo de Juanma Moreno, que recuerda que «el régimen sancionador español es extremadamente garantista, y en ocasiones, la resolución de estos expedientes no concluye con la agilidad
que sería deseable por parte de las Administraciones, como ocurre con la clausura de pozos ilegales o la retirada de cultivos en terrenos sin clasificación de suelo agrícola».

Por último, la carta remitida a la Comisión Europea señala que la Junta ha propuesto «en reiteradas ocasiones al Gobierno de España la constitución de comisiones técnicas bilaterales para trabajar conjuntamente para acabar con las amenazas actuales de Doñana y garantizar sus valores ecológicos para las próximas generaciones, compatibilizando el desarrollo sostenible del entorno del Espacio Natural de Doñana; así como para explicar las medidas de ambas Administraciones para el cumplimiento de la Sentencia».

«Además, se ha ofrecido la posibilidad de acudir conjuntamente a las instituciones europeas para explicar en detalle el objeto de la proposición de Ley, para dejar claro que no supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia, ni para la conservación del espacio natural de Doñana», concluye el informe firmado por Borrallo, que adjunta además una carta remitida al respecto por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.