La Plataforma exige una solución inmediata más de 30 meses después de la firma del pacto

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha denunciado el “desastre” en el que se ha convertido la gestión de las ayudas destinadas a la renaturalización de terrenos agrícolas en el entorno de Doñana. Más de dos años y medio después de la firma del acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, los agricultores continúan sin una “resolución definitiva, sin seguridad jurídica y sin haber recibido un solo euro”.

La organización considera “incomprensible e injustificable” que los agricultores, cuya situación fue precisamente la que motivó la firma del Pacto por Doñana, “vuelvan a ser los últimos en recibir una respuesta”.

“Se han anunciado inversiones, se han financiado proyectos y se han movilizado recursos para distintas administraciones, pero los agricultores seguimos sin resolución y sin cobrar. Éramos quienes necesitábamos una solución urgente y, una vez más, nos han dejado al final de la cola”, ha lamentado el portavoz de la Plataforma, Manuel Mora.

La primera convocatoria, dotada con 28,5 millones de euros para la renaturalización de un máximo de 400 hectáreas, se ha encontrado desde el principio con “innumerables trabas administrativas, falta de información y ausencia de interlocución técnica”.

La Plataforma critica que los agricultores no hayan contado con un teléfono o canal directo al que dirigirse para resolver dudas sobre los expedientes, mientras se suceden requerimientos, exclusiones y denegaciones que, en numerosos casos, consideran “más que discutibles”.

• Una lista de reserva para no perder más tiempo

Ante esta situación, la Plataforma reclama que la Administración permita corregir errores materiales, presentar acreditaciones alternativas y subsanar los expedientes que puedan completarse.

Asimismo, propone la creación de una lista de reserva o de suplentes con aquellos proyectos que, aun no habiendo resultado inicialmente admitidos, cuenten con toda la documentación necesaria.

De este modo, podrían acceder a las ayudas si quedara presupuesto disponible como consecuencia de renuncias, exclusiones o remanentes, sin obligar a los agricultores a esperar una nueva convocatoria y volver a comenzar todo el procedimiento.

“Hay expedientes completos que podrían incorporarse inmediatamente si existe disponibilidad presupuestaria. No tiene sentido dejar perder esos recursos o condenar a los agricultores a esperar varios años más cuando existe una solución administrativa posible”, ha defendido Mora.

La Plataforma recuerda que los agricultores del Condado llevan muchos años esperando una salida para sus explotaciones y advierte de que “ya no pueden soportar nuevas dilaciones, promesas o procedimientos interminables”.

• Sin respuesta de las administraciones

A esta falta de resolución se suma la ausencia de información sobre otras cuestiones que condicionan el acceso a las ayudas.

La Plataforma asegura que lleva “más de dos meses” esperando reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para conocer el estado de posibles expedientes sancionadores y estudiar las actuaciones necesarias para regularizar la situación de los afectados y permitirles acceder a las ayudas.

“Los agricultores necesitan saber qué tienen que hacer, qué documentación deben aportar y cómo pueden poner al día sus expedientes. Lo que no pueden hacer las administraciones es exigirles que cumplan determinados requisitos y, al mismo tiempo, no facilitarles la información ni las reuniones necesarias para cumplirlos”, ha explicado la organización.

Esta falta de coordinación está generando una situación de “absoluto desamparo” entre familias que deben tomar decisiones trascendentales sobre el futuro de sus explotaciones sin disponer de respuestas claras ni seguridad jurídica.

• Dos velocidades para gestionar las ayudas

La Plataforma también ha cuestionado la enorme diferencia entre la gestión de estas ayudas y otros programas extraordinarios aprobados recientemente por el Gobierno.

Mientras que para las primeras 400 hectáreas de Doñana se ha establecido una convocatoria de 28,5 millones de euros sometida a un complejo procedimiento de concurrencia competitiva, otras ayudas dirigidas al sector agrario se conceden de oficio a partir de los datos que ya obran en poder de la Administración.

En esos casos, los beneficiarios aparecen en un listado y únicamente deben aceptar la ayuda, sin tener que presentar previamente un proyecto ni afrontar un proceso administrativo de esta complejidad.

“No entendemos por qué para unas ayudas la Administración es capaz de actuar de oficio, cruzar sus propios datos y simplificar al máximo la tramitación, mientras que para los agricultores del Condado todo son obstáculos, requerimientos y silencios”, ha señalado Mora.

La organización recuerda igualmente que el Gobierno ha movilizado “ayudas por valor de millones de euros para hacer frente a los daños ocasionados por los últimos temporales y otras para compensar el incremento del precio de los fertilizantes” y todas se han gestionado “simplificando mucho, para facilitar el acceso a las mismas por parte de las personas afectadas2. Por ello, la Plataforma solicita «igualdad de condiciones en el caso de estas ayudas».

“No estamos cuestionando que se ayude a quienes lo necesitan. Al contrario, creemos que las administraciones deben responder con rapidez ante situaciones graves. Lo que pedimos es que esa misma agilidad se aplique a los agricultores del Condado, que llevan años esperando una solución”, ha aclarado el portavoz.

• El retraso bloquea las siguientes convocatorias

La falta de resolución de la primera convocatoria también está retrasando la puesta en marcha de nuevas líneas de ayuda.

La Plataforma recuerda que se trasladó a los agricultores la previsión de publicar una segunda convocatoria en mayo de 2026. Sin embargo, el incumplimiento de los plazos de la primera línea mantiene paralizado todo el proceso y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de las hectáreas que quedaron fuera.

Los agricultores asociados a la Plataforma presentaron proyectos para la renaturalización de unas 1.200 hectáreas, una superficie muy superior a las 400 hectáreas que puede cubrir la primera convocatoria.

Por ello, la organización exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que resuelva inmediatamente los expedientes pendientes, habilite una lista de reserva, atienda las subsanaciones razonables y publique sin más demoras las siguientes convocatorias.

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado solicita una reunión urgente con los organismos implicados y una respuesta conjunta que permita resolver los expedientes, aclarar la situación administrativa de los afectados y garantizar que las ayudas lleguen, de una vez, a los agricultores para los que fueron anunciadas.