La empresa pública Giahsa se ha unido a la campaña promovida por la Asociación Española de Operadores de Agua Pública y Saneamiento (AEOPAS), cuyo objetivo pasa por concienciar a la ciudadanía del peligro que supone el mal uso del inodoro cuando se arrojan residuos al mismo. De modo muy especial se alerta sobre la problemática generada por las toallitas húmedas, que durante la crisis del Covid 19 han registrado un crecimiento exponencial de ventas. El director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez Limón, ha querido ser taxativo: “Hemos de tomar conciencia de que el WC no es una papelera. Desde la declaración por el Gobierno del Estado de Alarma hemos comprobado cómo se han incrementado los atascos, tanto en la red pública como en las instalaciones del ciclo integral del agua. Pero también en muchos hogares, por lo que es esencial instar a nuestros usuarios a realizar un uso responsable del inodoro: no debemos bajo ningún concepto arrojar residuos, y en especial toallitas húmedas, al WC”, ha insistido.

Los atascos en los sistemas de depuración y en las estaciones depuradoras (EDARs) se presentan como uno de los caballos de batalla a los que se están enfrentando las empresas de agua desde que fue decretado el confinamiento de la población en sus hogares. Es un problema ya conocido con anterioridad y sobre el que se viene alertando en los últimos años, aunque se ha incrementado exponencialmente con el aumento de consumo de toallitas húmedas y la permanencia de las personas en sus domicilios durante la crisis sanitaria.

Costes técnicos y económicos

Domínguez Limón ha puesto como ejemplo el sistema de depuración del municipio de Punta Umbría, y de la EDAR Marismas del Odiel, a la hora de poner cifras al problema. “Según un estudio realizado por nuestros técnicos, en el último trienio se han registrado cerca de 600 atascos en los bombeos, lo que equivale a una cifra cercana a los 200 por año. De ellos, el 90% han sido consecuencia de la acumulación de toallitas húmedas”. Conviene recordar, asimismo, que “para la extracción de una bomba y la eliminación de un atasco provocado por una madeja de toallitas se precisa del trabajo de dos operarios durante dos horas”. Los sobrecostes estimados de explotación que implica la problemática, por último, se aproximan a los 86.000 euros, con una carga por habitante y año que oscila entre los tres y los seis euros.

Los atascos en la red de saneamiento, al afectar al ciclo integral del agua, ponen en serio peligro la salubridad de un recurso que en estos momentos es más esencial que nunca, ya que el agua del grifo es determinante para combatir el Covid-19 y preservar la higiene general, la de nuestras manos, la de la ropa, la vajilla y el hogar. Además, hay que recordar que no existen las toallitas húmedas biodegradables, y las que están así etiquetadas no lo son de manera oficial y pueden inducir al engaño. Estos residuos están compuestos de microfibras y microplásticos que pueden permanecer hasta un mes en el agua sin degradarse.

Desde que se decretara el estado de alarma, y con el único objetivo de garantizar la seguridad sanitaria, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales de los distintos municipios de la provincia de Huelva han interpuesto un total de 4000 denuncias: 3.100 en la provincia por parte de la Guardia Civil y Policías Locales, y 900 en la capital provincial por parte de la Policía Nacional, Local y Adscrita.

Por incumplimiento para trasladarse a la segunda residencia se han tramitado en la provincia 100 propuestas de denuncia por parte de la Guardia Civil; 11 la Policía Nacional y 19 la Policía Local.

El número de detenidos ha sido de 28 de Guardia Civil y Policía Local en la provincia y, 16 en la capital.

Una labor de ineludible aportación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han trabajado conjuntamente ante esta crisis sanitaria, velando por el cumplimiento de la normativa.

Intervenciones este fin de semana

Durante el fin de semana la Guardia Civil  ha sancionado a 1.200 personas, 38 la Policía Nacional y 89 la Policía Local.

No obstante, las denuncias que se han interpuesto no han sido significativas teniendo en cuenta los ratios generales, en la aldea del Rocío una de las denuncias ha sido por acudir a la segunda residencia y 4 por incumplir el estado de confinamiento.

Aún así, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Huelva se resalta en general la actitud responsable de los ciudadanos de Huelva que han cumplido con la situación, aunque ha habido algunas excepciones que han provocado estas sanciones.

Desobediencia o resistencia a la autoridad

Las 44 detenciones se deben principalmente a casos de desobediencia o resistencia a la autoridad y están basadas fundamentalmente en el incumplimiento de los artículos 36.4, 36.5, 36.6 y 37 de la LO 4/2015.

– Art.36.4 Actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.

– Art. 36.5. Acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.

– Art. 36.6. Desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

– Art. 37. Contempla infracciones leves, como la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones; exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio; o las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal, entre otras.

A este respecto, ha recordado la subdelegada que el Ministerio ha establecido los criterios comunes de actuación para la acción concertada en la orden NT/226/2020, de 15 de marzo, de manera que se disponga de criterios unificados para medidas como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias, garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o asegurar el funcionamiento de las infraestructuras.

Plataforma CECOR

Desde el CECOR (Centro de Coordinación para el seguimiento de las actuaciones en la lucha contra el COVID19), se han realizado diversas reuniones, en la última de carácter provincial,  se ha hecho un análisis de las incidencias y desarrollo de las medidas desplegadas por el Gobierno en la que   han participado además de la Subdelegada , la delegada de la Junta de Andalucía, Bella Verano, el alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz, el presidente de la Diputación , Ignacio Caraballo, el comisario Jefe de la Policía Nacional, Adolfo Castaño, el  coronel Jefe de la Guardia Civil, Andrés López, el jefe de la Policía Local, Rafael Mora y, el jefe Provincial de la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma, Juan León.

En este nuevo encuentro, Parralo ha puesto de relieve la necesidad de la colaboración continua y coordinada entre todas las administraciones ante esta complicada crisis sanitaria, incidiendo especialmente en la necesidad de perfeccionar las acciones de desinfección llevadas a cabo en centros de mayores, menores y discapacitados, tratando de «evitar duplicidades y establecer criterios», a la vez que ha anunciado la incorporación a estas actuaciones del INFOCA.

Tanto la Subdelegada como los representantes municipales han planteado a la Junta de Andalucía , una información más puntual entorno a la crisis para que fluya al ámbito municipal para un conocimiento en tiempo real de la situación sanitaria.

Así mismo los diferentes representantes policiales han expuesto la programación de los  controles de movilidad y los puntos donde se intensificarán, sobre todo las zonas de los diferentes accesos.

También se  han establecido protocolos para las actuaciones de cara a la festividad de la Semana Santa.

Desde el Gobierno se pide a los ciudadanos que sean solidarios y respeten lo establecido en el Real decreto que estableció el estado de alarma que limita la libertad de circulación de las personas y prohíbe circular por las vías de uso público excepto para realizar las actividades recogidas en dicha normativa.

Manuela Parralo ha querido destacar el ejemplo de eficacia demostrado en el trabajo diario de la Policía Nacional y Guardia Civil, y su ejemplar coordinación con las  policías locales que permite garantizar el cumplimiento del estado de alarma con criterios de proporcionalidad a la vez que con firmeza.