Numerosas entidades sociales, sindicales y empresariales, están mostrando estos días su apoyo a los objetivos del movimiento vecinal ‘Urgencias 24 horas’ que lleva ya casi tres meses movilizándose para reclamar la reapertura de dicho servicio en el centro de salud de San Bartolomé de la Torre, el cual fue clausurado el pasado mes de marzo coincidiendo con el inicio del primer estado de alarma, y que aún no ha sido restablecido por la Consejería de Salud y Familias de la Junta. Una situación que obliga a los bartolinos a desplazarse más de 20 minutos en coche para recibir dicha prestación sanitaria al centro de referencia, ubicado en Gibraleón.
Muchas de las entidades que hasta el momento han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los vecinos de San Bartolomé, lo han hecho incluso mediante cartas que han remitido a la alcaldesa, María Eugenia Limón Bayo, como máxima representante del Ayuntamiento, el cual viene trabajando codo con codo con el movimiento vecinal en la consecución de sus fines.
Concretamente se trata de los sindicatos CCOO y UGT; las patronales agrarias Asaja, Interfresa y UPA; o las entidades sociales Cruz Roja, Cepaim, Fecons y Mujeres en Zona de Conflicto. También ha mostrado su apoyo la cooperativa local Fresaflor, S.C.A. -integrada en Freshuelva-.
Todas han mostrado su voluntad expresa de apoyo a la reivindicación del movimiento vecinal ‘Urgencias 24 horas’, manifestando en la mayoría de los casos entender la existencia de una verdadera preocupación por las graves consecuencias que pueda suponer la no recuperación de dichas urgencias a corto plazo.
Igualmente todas han subrayado el hecho de que San Bartolomé de la Torre cuente con casi 4.000 habitantes censados, a los que se suman otras 3.000 durante la campaña agrícola que está a punto de iniciarse.
Por ello dichas entidades estiman totalmente comprensible que, tanto la acción vecinal, como la del propio Ayuntamiento, soliciten el restablecimiento a corto plazo del servicio de urgencias con el que ha contado el municipio durante las dos últimas décadas, el cual fue creado atendiendo a las necesidades y circunstancias de la localidad.
La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón Bayo, quiere mostrar por tanto su más sincero agradecimiento a todas estas entidades por sus muestras de apoyo, ya que con ello “muestran su sensibilidad y preocupación ante la precaria situación sanitaria que están viviendo los vecinos de San Bartolomé de la Torre desde la supresión del servicio de urgencias 24 horas de su centro de salud”.
El Ayuntamiento de Cartaya pretende poner en valor y potenciar la labor que los carboneros de la localidad realizan de cara a la preservación de las 12.500 hectáreas de pinar del término municipal. Se trata, en palabras de la alcaldesa, Pepa González Bayo, “de un oficio tradicional, totalmente sostenible, del que en la actualidad vive una quincena de familias cartayeras, y desde el Consistorio, conocedores de la importancia de su labor de cara a la conservación del monte, queremos estrechar la colaboración y poner en marcha nuevas líneas de trabajo con el colectivo”.
Precisamente con el objetivo de “escuchar sus necesidades, para dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, a sus demandas”, el concejal de Medio Ambiente, José Ángel Rodríguez Marcelino, se ha reunido con una amplia representación del colectivo, al que ha traslado “la disposición municipal de apoyar la importante labor que de cara a la preservación de una de las principales masas forestales de la provincia de Huelva”.
Los responsables municipales han destacado “la sostenibilidad de esta actividad, que permite la limpieza y cuidado del pinar, que genera empleo y que entra en perfecta consonancia con los objetivos medioambientales de la implantación de la Agenda 2030 que estamos impulsando en nuestra localidad”, señala la alcaldesa.
Recuerda el Consistorio al respecto que la elaboración de carbón vegetal mediante el ancestral sistema de cocer la leña en boliches, junto con la actividad maderera y la recogida de la piña para la extracción de piñones, han sido algunos de los aprovechamientos forestales que han permitido la conservación de las 12.500 hectáreas de pinar con las que cuenta Cartaya en su término municipal.
Las instalaciones del centro ocupacional de la Asociación de Padres y Protectores de Niños y Adultos Discapacitados Intelectuales de Ayamonte (Aprosca), han sido desinfectadas este jueves tras detectarse en dicho centro tres casos positivos por coronavirus.
Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Ayamonte en un comunicado, donde la alcaldesa de la localidad, Natalia Santos, ha mostrado su agradecimiento a la empresa Ibersystem por las tareas de desinfección llevadas a cabo tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones del centro ocupacional.
Según prosigue el Consistorio, los tres contagios detectados ya han cumplido la preceptiva cuarentena, se encuentran “en perfecto estado” y han dado negativo en los correspondientes test de control a los que se han sometido.
La primera edil ha señalado que estos trabajos responden a la demanda del Consistorio y a las gestiones realizadas por el equipo de Gobierno con el fin de proceder a la desinfección de estas instalaciones para proteger al resto de empleados y usuarios frente a la pandemia de la Covid-19, una iniciativa que ha contado, asimismo, con el agradecimiento de los responsables del centro.
Estas labores se suman a las tareas de limpieza y desinfección que el Ayuntamiento de Ayamonte ha realizado en los exteriores del recinto.
Labores de desinfección para evitar contagios por coronavirus en el centro Aprosca de Ayamonte
La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y fauna silvestre.
Los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre, cuando en la central de la Guardia Civil se recibió la llamada del guarda de un coto de caza de Paterna del Campo, comunicando que había sorprendido en un vehículo a varios ocupantes, los cuales habían disparado a un muflón, causándole la muerte y huyendo del lugar al ser descubiertos.
Por todo ello, desde la Central se coordinó un dispositivo de búsqueda de estas personas con la información aportada por el guarda del coto, contando con el refuerzo de varias patrullas, siendo interceptados dos varones en la localidad de Manzanilla. Así mismo se localizaron dos vehículos, en los cuales tras ser inspeccionados, se hallaron diversos objetos para el despiece de animales, cartuchería, una funda con un rifle, un estuche con una mira telescópica, una caja con 8 cartuchos del calibre 308, una cámara fotográfica para caza, un Walkie-Talkie y tres cartuchos de escopeta. Por tales motivos se procedió a la detención de los dos varones por un supuesto delito contra la flora y la fauna.
Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial.
El área municipal de Servicios Sociales refuerza estos días su plantilla con la incorporación de dos trabajadoras sociales, una psicóloga, una educadora social, un telefonista y una administrativa. En total se incorporarán seis personas a la plantilla actual, con el objetivo de reforzar el servicio que se presta. En esta línea, la alcaldesa, Pepa González Bayo, ha destacado “el esfuerzo del Ayuntamiento por atender las necesidades de la ciudadanía de Cartaya, sumando más trabajadores en aquellas áreas donde hay más demanda de servicios”.
Este refuerzo, según ha resaltado el concejal de Servicios Sociales, David F. Calderón, irá destinado, sobre todo, al desarrollo del programa SARA, dotado con 84.000 euros que ha puesto en marcha el Consistorio y que va dirigido a familias en riesgo de exclusión social.
Este programa incluye ayudas para cubrir las necesidades básicas como el agua, la electricidad, la alimentación o el material escolar, que oscilan entre los 400 y los 900 euros por unidad familiar, y que están vinculadas a acciones de incorporación sociolaboral y formativas. El fin último, señala el concejal de Políticas Sociales, es “acompañar a las personas para que se incorporen a la sociedad y al mercado laboral, garantizando la cobertura de sus necesidades básicas y proporcionándoles herramientas para poder hacerlo”.
Calderón asegura que “el Ayuntamiento tiene las políticas sociales como absoluta prioridad, especialmente en la situación de crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo derivada de la pandemia de COVID-19”.
El responsable de Servicios Sociales ha destacado la colaboración en el desarrollo de este programa del Área de Desarrollo Local y Empleo, puesto que “una vertiente importante del mismo es la formación, que canalizaremos en coordinación con la ULOPA”. Señaló al respecto que entre las actividades que van a desarrollar los nuevos profesionales que se incorporan al servicio, estarán el desarrollo de programas de educación grupal, orientación sociolaboral y actividades sociales para estas familias en riesgo de exclusión social.
La mitad de estas nuevas incorporaciones han sido gestionadas por el área de Desarrollo Local, en el marco del Plan Aire, de la Junta de Andalucía y los Fondos Europeos, y de cuya aplicación en el ámbito local se encarga el Ayuntamiento. En este sentido, el concejal, Israel Medina, señaló que “este plan da una oportunidad importantísima de acceder a un empleo a las personas desempleadas de la localidad inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, que es la entidad que gestiona la selección”, por lo que animó a los cartayeros y cartayeras en esta situación a que “se informen en la ULOPA de esta y de otras iniciativas que se están poniendo en marcha en la localidad en materia de empleo”.
Los otros tres trabajadores que se incorporan a partir del próximo lunes a los Servicios Sociales municipales lo hacen después de que el Consistorio haya convocado las plazas y después de “un proceso público de convocatoria y selección que se ha realizado mediante concurso baremado de méritos, según criterios de igualdad, mérito y capacidad”, señaló el concejal de Servicios Sociales.
El grupo socialista en la Diputación de Huelva presenta al pleno de la institución provincial, que se celebra mañana viernes 6 de noviembre, una moción instando a la Junta de Andalucía a poner en marcha medidas para mantener el servicio de ayuda a domicilio, así como para mejorarlo. Los socialistas también llevan al pleno una segunda iniciativa para que el gobierno andaluz incremente las partidas destinadas a las entidades locales correspondientes a la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).
El Pleno, que se desarrollará de forma telemática y que estará presidido por la vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, dará cuenta también de diversos asuntos de régimen interno, así como del escrito de renuncia del actual presidente, Ignacio Caraballo.
En cuanto a la primera moción, el grupo socialista asegura que Andalucía es la comunidad autónoma donde más personas perciben esta ayuda. En julio de 2020, 90.267 personas tienen reconocido este derecho como programa individual de atención y supone el 37 por ciento de las prestaciones reconocidas en toda España. Por eso, piden “garantizar la total y completa financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración andaluza a las personas que lo tengan reconocido y cuyo coste por hora se eleve de los 13 euros actuales a 16 a partir del 1 de enero de 2021 y 18 euros en 2023.
Igualmente, piden impulsar la gestión de este servicio mediante el concierto social, garantizar la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras de dicho servicio, no limitar a diez horas al mes la ayuda de las personas en Grado 1, incrementándolas automáticamente hasta 20 horas, sin necesidad de solicitud para las personas ya atendidas.
También se solicita poner en marcha un grupo de trabajo, con la participación de las centrales sindicales y empresariales del sector de la dependencia, y la Federación andaluza de Municipios y provincias, para la evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, analizando, entre otras cuestiones, la creación, estabilidad y calidad en el empleo, evaluar la profesionalidad y formación, las condiciones de seguridad y salud laboral y las actuaciones de inspección del servicio que consideren necesarias en la gestión del servicio.
En la moción se insta a la Junta de Andalucía para que en los Presupuestos del próximo año lleve a cabo un refuerzo de recursos humanos y de medios materiales, así comop a no privatizar la tramitación de las solicitudes de Dependencia y a no reducir la calidad e intensidad de las prestaciones que se conceden en Andalucía. También se insta al Gobierno de España a recuperar la financiación del Sistema Andaluz de Dependencia, en los términos previstos inicialmente en la Ley (50/50), reducidos por el Gobierno del PP.
En la segunda de las mociones que presenta el grupo socialista, se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a actuar desde la lealtad institucional y compartir los tributos de la Comunidad Autónoma con las corporaciones locales, para que en los presupuestos de 2021 se incrementen las partidas destinadas a las entidades locales correspondientes a la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).
Según recoje la inicitiva, en los presupuestos de 2018, aprobados por el PSOE y Ciudadanos, la cantidad de recursos destinados a las Entidades Locales de Huelva a través de la Patrica fue de 34,4 millones de euros, mientras que dos años después, en los presupuestos de 2020, esta partida ha sido de 35 millones de euros. Es decir, después de dos presupuestos, el incremento de la Patrica ha sido del 1,8 por ciento, “no cumpliendo con las exigencias que en oposición reclamaban a la presidenta de la Junta de Andalucía y que a día de hoy alcanzan los 43,5 millones de euros de deuda a los ayuntamientos de la provincia de Huelva”.
Por eso, los socialistas exigen en la moción que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía introduzca una partida en el presupuesto de 2021 que resarza a cada uno de los municipios de la provincia de Huelva de los fondos no percibidos de la Patrica.
IU pedirá la regularización de la población migrante temporera para que “pueda salir de los asentamientos chabolistas”
Por su parte, el diputado provincial de Izquierda Unida Adelante Huelva defenderá en el Pleno dos iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población migrante temporera que trabaja en el sector agrícola onubense y a impulsar las inversiones ferroviarias que la provincia de Huelva necesita para recuperar y modernizar su deteriorada red de transporte por tren.
En cuanto a la población migrante temporera, David F. Calderón propone que la Diputación haga suya la demanda dirigida al Gobierno central para que acometa de manera urgente un proceso de regularización extraordinaria del colectivo de unos 3.000 trabajadores agrícolas que viven, año tras año, en condiciones pésimas en los asentamientos chabolistas que existen en varios municipios onubenses. Calderón argumenta que “las condiciones actuales de pandemia, en las que el sector agrícola prevé no poder contar con mano de obra suficiente para trabajar en las campañas de recolección, puede ser aprovechado como una oportunidad para que estas personas vivan en condiciones dignas, para lo que es necesario que tengan permisos de trabajo y de residencia con los que se regularice su situación”. Se estima que la campaña agrícola onubense da empleo a unas 90.000 personas y sobre la misma pesa la incertidumbre de no poder contar con las 17.000 trabajadoras marroquíes contratadas en origen y la dificultad para contar con más trabajadoras y trabajadores temporales debido a las limitaciones a la movilidad.
Calderón apunta que como ya hizo el Gobierno central con otros sectores esenciales como el sanitario, en el que se concedió permisos de trabajo exprés a personas extranjeras con formación médica para que pudieran incorporarse al sistema sanitario, se puede afrontar un proceso de regularización similar para los trabajadores temporeros sin papeles que llegan a Huelva. Se trata de un colectivo que viene a Huelva a trabajar y cuya aportación a la economía provincial resulta “muy necesaria”, pero que debido a su condición irregular afrontan grandes dificultades para vivir en condiciones dignas y acceder a derechos básicos. Así, esta regularización serviría para acabar con el grave problema del chabolismo, al lograr que la población migrante temporera pueda vivir en condiciones dignas en las poblaciones donde trabajan.
Además, con esta iniciativa, el diputado provincial de IU propone que la Diputación inste a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha una mesa en la que participen todas las administraciones, las organizaciones del sector agrícola, los colectivos de migrantes y las entidades sociales que trabajan para ayudarlos en sus duras condiciones de vida para que, entre todas, aborden soluciones dirigidas principalmente a erradicar el chabolismo en la provincia de Huelva donde hasta se han perdido vidas a causa de los repetidos incendios que sufren cada año y las condiciones de vida son “extremadamente duras, insalubres e inseguras”.
En cuanto al ferrocarril, David F. Calderón propone a la Diputación Provincial que impulse la reivindicación para recuperar y mejorar las infraestructuras ferroviarias, mediante una estrategia global que incorpore proyectos financiados por los Fondos Europeos de Recuperación y que queden recogidos en los Presupuestos andaluces y generales. Para ello, el diputado provincial de Izquierda Unida reclama, tanto al Gobierno central como al andaluz, que restablezcan todos los servicios que se han recortado en los últimos años en materia de transporte ferroviario y que acometan un plan para la recuperación del personal que se ha ido perdiendo y ha supuesto un deterioro de los servicios ferroviarios. En este contexto, David F. Calderón reclama “el incremento de las inversiones ferroviarias destinadas a Huelva en los Presupuestos Generales del Estado para acometer las necesarias modernizaciones de las líneas ferroviarias que unen nuestra provincia con Sevilla y con Extremadura, y que reviertan el estado de abandono que han sufrido hasta ahora”.
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