La Dirección General de Tráfico -DGT- ha puesto en marcha desde este lunes una nueva campaña de control del transporte escolar en las carreteras onubenses, que se extenderá hasta el 4 de diciembre. Durante estos días, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y policías locales de la provincia intensificarán las inspecciones sobre los vehículos destinados al transporte escolar, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean los correctos para la prestación del servicio.

Asimismo, los agentes verificarán que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

La seguridad es la máxima prioridad y las cifras de siniestralidad anuales reflejan que éste es un sector seguro. Así, el 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o justo en los instantes inmediatos, y en muchos casos se trata de atropellos causados por una distracción del menor, del conductor del transporte escolar, o de los padres.

El transporte escolar está sometido a una serie de normas de cuyo cumplimiento depende en muchos casos la seguridad de los menores. Exigirlas, a través de los centros educativos o las asociaciones de padres que se encargan de contratar las rutas, es un derecho de todos.

Velocidad y distracciones

La velocidad inadecuada y las distracciones son las principales causas de los accidentes en los que están implicados este tipo de vehículos. Está comprobado que a 50 km/h, que es la velocidad máxima permitida en vías urbanas, las posibilidades de que un niño sobreviva sin ninguna medida de seguridad es prácticamente nula, ni siquiera a poca velocidad se garantiza su supervivencia.

En este sentido, destacar que a partir de 2013, todos los camiones y autobuses nuevos de la UE deben contar con un sistema de frenado de emergencia que se active automáticamente cuando detecta la posibilidad de una colisión.

A lo largo de esta campaña de la DGT que arranca hoy, se prestará especial atención al uso del cinturón de seguridad en aquellos autobuses que lo tengan instalado. En el autobús escolar, el uso del cinturón de seguridad es vida. Cerca de 17.000 autobuses realizan en España servicios de transporte escolar y desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados los sistemas de retención.

El interés de la DGT porque los menores vayan correctamente sentados y abrochados con el cinturón de seguridad o el dispositivo de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad es tal que uno de los indicadores de seguimiento de las líneas básicas de la Estrategia de Seguridad vial 2011-2020 es que no haya ningún menor fallecido sin sistema de retención infantil.

Hay que destacar que con respecto a la Campaña de febrero de 2020,  ningún conductor dio positivo en los controles preventivos de alcohol y drogas realizadas por los agentes a los conductores de transporte escolar. También han descendido las infracciones por exceso de velocidad, siendo denunciados 2 conductores, uno menos que el año anterior, por circular a velocidades superiores a las establecidas. Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que 16 vehículos que disponían de estos sistemas de retención presentaban anomalías en su funcionamiento.  Las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias generaron, por ejemplo, no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar, por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley, o presentar  deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento.

Esta campaña del pasado 3 al 7 de febrero en la provincia de Huelva se controlaron por la ATGC y las distintas policías locales que participaron en la misma un total de 86 vehículos de transporte escolar , formulándose 19 denuncias, la mayoría por irregularidades administrativas( fundamentalmente carecer de la autorización especial de transporte escolar, seguro de responsabilidad ilimitada, etc). Participaron en la campaña los ayuntamientos de Huelva, Almonaster la Real, Beas, Bonares, Minas de Riotinto y La Palma del Condado.

La jefa provincial de Tráfico en Huelva, Cristina Gago  ha destacado «que la evolución de estas campañas demuestra la eficacia estratégica diseñada por la DGT, pero no es suficiente y hay que seguir avanzando y ahondar en la educación vial».