El Consejo de Ministros ha acordado, en su reunión de este viernes, declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (Zaepc) -lo que antes se conocía como zona catastrófica- varios municipios del litoral occidental onubense por las inundaciones sufridas entre el 20 y 24 de septiembre.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que el acuerdo de este viernes demuestra «la sensibilidad del Gobierno de España» con los municipios onubenses que sufrieron las lluvias torrenciales del mes de septiembre «que ocasionaron cuantiosos daños a miles de vecinos de los municipios de Lepe, Isla Cristina y Cartaya».
Asimismo, Pedro Fernández ha recordado, además, que esta declaración se suma a las aprobadas en agosto y septiembre, también en Consejo de Ministros, en un claro ejemplo de «compromiso con la recuperación económica y social de las zonas afectadas».
En concreto, el acuerdo abre la vía para que los damnificados por estos sucesos puedan solicitar ayudas públicas, por tratase de casos de emergencias de protección civil de grandes proporciones que provocaron daños personales, en infraestructuras y bienes públicos, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.
Todas las ayudas disponibles en estas zonas declaradas como Zaepc están previstas y reguladas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.
La declaración como Zaepc permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios. También incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego o por las inundaciones.
Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.
