Comisión Europea abre consulta pública para actualizar normativa de ayudas de minimis en el sector agroalimentario

La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una consulta pública hasta el próximo 21 de julio para recoger observaciones sobre la revisión de la normativa comunitaria de ayudas de minimis en el sector agroalimentario. Esta revisión tiene como objetivo actualizar las reglas actuales y hacer frente a la presión inflacionaria que afecta a los productores.

Las ayudas de minimis son aquellas que pueden conceder los Estados miembros de la Unión Europea en momentos de crisis, sin necesidad de la aprobación previa de la Comisión Europea, ya que se considera que no tienen un impacto significativo en la competencia y el comercio en el mercado interior. En la actualidad, los Estados miembros pueden otorgar ayudas de hasta 20.000 euros por beneficiario durante un período de tres años, sin notificar a la Comisión. Sin embargo, si disponen de un registro central nacional, este límite se eleva a 25.000 euros.

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La propuesta de revisión incluye un aumento del límite máximo de las ayudas de minimis por empresa a lo largo de tres años, pasando de los 25.000 euros actuales a 37.000 euros. Además, se propone un ajuste en los topes nacionales, que se calculan en base al valor de la producción agrícola. En la normativa actual, este cálculo se realiza a partir del período 2012-2017, pero con la revisión se ampliará hasta el período 2012-2023 para tener en cuenta el aumento del valor de la producción agrícola en los últimos años.

Según la Comisión Europea, la revisión se ha adelantado para ayudar a los productores a hacer frente a la presión inflacionaria y para que los Estados miembros puedan otorgar estas ayudas de manera más sencilla, rápida, directa y eficiente. Una vez finalizada la consulta pública, el proyecto de Reglamento se discutirá en reuniones entre la Comisión y los Estados miembros.

Con esta revisión de la normativa de ayudas de minimis, la Unión Europea busca seguir apoyando al sector agroalimentario en momentos de crisis y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado para garantizar su competitividad. La consulta pública estará abierta hasta el 21 de julio y se espera que la nueva normativa entre en vigor a finales de este año.