El sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía (SAJA de CCOO), ha explicado que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, “viene cambiando durante los últimos meses las plazas de refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer (financiados con recursos estatales) de unos órganos judiciales a otros, de forma unilateral, con total opacidad, sin información alguna ni previa consulta de las organizaciones sindicales representativas”. En la provincia de Huelva ya en diciembre de 2020, en plena pandemia, cesaron a dos de estos refuerzos que prestaban servicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Ayamonte.
En este sentido la secretaria general provincial de la FSC de Huelva, Marisol Tortosa ha denunciado que “han sido numerosas las excusas de la Consejería para no cumplir con su deber y conculcar sin miramientos la Ley de Libertad Sindical; algo que además afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que tienen derecho a conocer con la suficiente antelación la duración de sus contratos; y a la buena organización del servicio público”.
Desde CCOO se advierte que “además de los 104 puestos de trabajo destinados en los juzgados andaluces de violencia sobre la mujer, 69 refuerzos finalizarán su actividad el 30 de abril, y 35 el 30 de junio”. En el caso de Huelva según ha manifestado el secretario de la sección sindical de Justicia de CCOO, Aquilino García “afecta a los Juzgados de Aracena, La Palma del Condado, Moguer, Valverde del Camino y la Sección 3ª de la Audiencia Provincial, donde van a cesar a 5 funcionarios el 30 de abril y a otros 3 a partir del 30 Junio en el Juzgado de lo Penal 3, Instituto de Medicina Legal y Fiscalía Provincial.
Todo ello, -reseña el sindicato-, a pesar de que recientemente se ha renovado, por unanimidad, el Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que conlleva financiación para las comunidades autónomas con competencias en justicia, entre las que se encuentra Andalucía, que es firmante del mismo”.
Por otra parte, cabe resalta que desde el sector de Administración de Justicia de CCOO de Andalucía ha reclamado igualmente que “se dé cumplimiento al compromiso de Mesa Sectorial, y se estudie, de manera pormenorizada, cada una de las plazas a cargo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, antes de la finalización de la prórroga, para identificar las necesidades concretas de dichos Juzgados. El sindicato ha exigido en este punto una convocatoria urgente de Mesa Sectorial de Justicia.
Los representantes sindicales de CCOO Huelva han afirmado que “desde este sindicato se seguirá defendiendo, con todos los medios a su alcance, el mantenimiento de la totalidad de las plantillas actuales en los JVM”. Porque según ha asevereado Aquilino García “estos trabajadores y trabajadoras “son totalmente necesarias para luchar contra la violencia machista, sobre todo en localidades con juzgados mixtos (en nuestra provincia 4 de los 5 que cesan prestan servicio en estos órganos), es decir que atienden asuntos de jurisdicción civil y penal y donde la eliminación de esos contratos supondría agravar aún más las cargas de trabajo que soportan y empeorar el servicio a las mujeres víctimas de la lacra machista, así como, la destrucción de empleo público”, han aseverado.
