El hermano y tío de las víctimas del doble crimen de Almonte cree que el caso debería «encender todas las alarmas» sobre la «fragilidad» del modelo
Aníbal Domínguez, hermano y tío de las víctimas del doble crimen de Almonte, ha señalado que lo ocurrido con el jurado popular encargado de juzgar la muerte de un hombre en el barrio onubense de El Torrejón durante una reyerta en 2020, que ha sido disuelto tras ser «incapaz» de emitir un veredicto -por lo que habrá que repetir el juicio-, «no es un hecho aislado ni anecdótico, sino la constatación de un problema estructural profundo».
Así lo ha manifestado Domínguez en un comunicado remitido a Europa Press en el que ha subrayado que el jurado popular, «tal y como está concebido en España, no está capacitado para resolver con garantías delitos de extrema gravedad» y que el caso de El Torrejón «debería en realidad encender todas las alarmas sobre la fragilidad de este modelo».
Aníbal Domínguez señala que realiza esta reflexión, «no desde la teoría», sino «desde el dolor y desde la experiencia directa de un sistema que falló de forma irreversible». Así, recuerda que en abril de 2013, María y Miguel Ángel fueron «brutalmente asesinados» y el principal acusado «fue investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detenido y mantenido en prisión preventiva durante tres años».
Durante ese tiempo, su defensa solicitó «hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad», pero «todas y cada una de esas solicitudes fueron rechazadas» por el juzgado de instrucción, por la Audiencia Provincial y por el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «Es decir, todo el engranaje policial y judicial –incluyendo órganos profesionales y especializados– coincidía en la existencia de indicios sólidos que justificaban su permanencia en prisión», ha detallado.
«Sin embargo, cuando el caso llegó al jurado popular, todo ese trabajo, todo ese peso probatorio y todo ese criterio técnico fueron borrados de un plumazo por un veredicto de no culpabilidad absolutamente arbitrario y anoréxico de fundamentación y rigor jurídico», incide en el comunicado.
Además, el familiar subraya que fue un veredicto emitido por ciudadanos «sin formación jurídica, sin capacidad técnica para valorar pruebas complejas» y, «lo que es aún más grave», a su juicio, «sin las garantías mínimas de aislamiento. No estaban incomunicados». «No estaban protegidos frente a influencias externas. Iban y venían a sus casas, eran plenamente abordables y potencialmente influenciables en un contexto social y mediático evidente. Ese no es un detalle menor. Es una quiebra frontal de las garantías del proceso», destaca.
Tras el veredicto, según explica Aníbal Domínguez, recurrieron ante «todas las instancias posibles –Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional– denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva». «Todos ellos coincidieron en una misma limitación: no podían revisar la valoración de la prueba realizada por el jurado. Ni siquiera cuando el propio Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo solicitó la repetición del juicio se corrigió la situación», continúa.
«Hoy, lo que entonces se nos negó, se produce en Huelva. Pero no porque el sistema funcione, sino porque el fallo del jurado ha sido tan evidente que no ha podido sostenerse. Esa es la diferencia: solo cuando el error es escandaloso se corrige; cuando no lo es de forma formal, queda blindado, aunque sus consecuencias sean devastadoras».
Por ello, el familiar asegura que lo ocurrido en Huelva «confirma» lo que llevan «años denunciando», que «el jurado popular carece de capacidad técnica para valorar pruebas en delitos complejos; que puede incurrir en contradicciones y bloqueos que paralizan la justicia; que sus decisiones pueden ser arbitrarias y carentes de motivación suficiente; que no existen mecanismos eficaces para revisar sus veredictos; y que su vulnerabilidad frente a influencias externas compromete gravemente la imparcialidad del proceso».
«No estamos ante un problema puntual. Estamos ante un fallo sistémico. La justicia no puede depender del azar, ni de percepciones subjetivas sin formación jurídica, ni de deliberaciones condicionadas por factores externos. La justicia exige rigor, conocimiento y garantías. Hoy afirmamos con absoluta rotundidad que el Estado y el sistema judicial mantienen una deuda moral irreparable con nuestra familia. Mantienen una mancha de sangre de más de 150 puñaladas que no pueden ni podrán borrar mientras decisiones de esta naturaleza sigan siendo posibles. La justicia, cuando falla de esta manera, deja de ser justicia», concluye.
