La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

En una carta, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».

Este aviso llega ocho meses después de que Bruselas iniciara el procedimiento de infracción tras constatar que no se está poniendo remedio para proteger el humedal de Doñana, según lo dictado por el TJUE en primer fallo, y advierte del «riesgo» que implica la nueva proposición de ley que se presentó ante el Parlamento de Andalucía el pasado 3 de marzo para poder cumplir la sentencia.

La carta recuerda que «el Tribunal declaró que, tal como acreditan todos los datos científicos disponibles, la sobre explotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso dramático de su nivel piezométrico, lo que constituye a su vez la causa de la alteración constante que sufren las zonas protegidas del espacio natural de Doñana».

Un año después de la sentencia, la Comisión inició un expediente de infracción contra España por persistir en el incumplimiento de la misma, que obliga a la UE a tomar medidas para proteger el humedal de Doñana, razón por la que ya reclamó una multa que aún está pendiente de resolución.

«La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana», dice la Comisión en su misiva, en la que también advierte de que «la sobre explotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío».

Los servicios comunitarios precisan que están examinando la respuesta de España al primer aviso enviado cuando se abrió el expediente sancionador, pero advierten de que si sale adelante la ley promovida por el partido que sustenta al Gobierno andaluz –el PP-A– para regularizar los regadíos se produciría una «flagrante violación» de la primera sentencia condenatoria.

Entre las medidas para paliar la situación, Bruselas ha destacado que revisten «particular importancia» las encaminadas a acelerar las acciones de control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno de Doñana, para lo que apunta que es posible financiar proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua a través del fondo europeo de Recuperación y Resiliencia.

Para Teresa Ribera Bruselas «recuerda lo obvio, Doñana necesita protección»

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha valorado que la carta enviada por la Comisión Europea, en la que advierte del «riesgo» que implica la nueva proposición de ley que se presentó ante el Parlamento de Andalucía, «recuerda lo obvio, de sentido común: #Doñana necesita protección». Los responsables ambientales no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos».

En su cuenta de Twitter, tras conocer dicha carta, la ministra ha subrayado que, de esta forma, la Comisión Europea «recuerda lo obvio, de sentido común y de obligado cumplimiento para con los ciudadanos, los ecosistemas y el respeto a las normas: Doñana necesita protección», toda vez que ha señalado que los responsables ambientales «no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos».

Al respecto, la Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, la directora de Medio Ambiente de la Comisión alude a la proposición de ley de la Junta de Andalucía para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».

«La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana», dice la Comisión en su misiva, en la que también advierte de que «la sobre explotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío», ha señalado la comisión en la carta.

El Gobierno ha mostrado su rechazo a la proposición de ley de PP y Vox. De hecho, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, expresó el pasado 3 de marzo tachó la propuesta de «atropello» al tiempo que fuentes del Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, han avisado de que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) «toda actuación que ponga en riesgo a Doñana».

De esta manera, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido dejar claro que «no ha negociado ni, mucho menos, ha llegado a ningún acuerdo con PP y Vox para aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer» en dicha proposición de ley registrada en el Parlamento, según han apostillado desde la cartera que dirige Teresa Ribera.

Para el departamento ministerial «esta proposición de ley es un atropello» que «desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana», y en todo caso es una iniciativa que «debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes».

El PSOE-A valora que la iniciativa de PP y Vox para regadíos de Doñana «compromete la imagen de Huelva y Europa»

Por su parte, la parlamentaria andaluza y portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Cámara Autonómica, María Márquez, ha subrayado este martes que la proposición de ley de PP y Vox para los regadíos de Doñana «compromete la posición de Europa, la imagen de Huelva en los mercados y la salvaguarda de Doñana», por lo que ha apelado «una vez más» a «buscar una solución consensuada».

A preguntas de los periodistas sobre la carta de la Unión Europea en la que da un ultimátum a España para solucionar los problemas de Doñana antes de acudir al TJUE, Márquez ha subrayado que lo venían «avisando desde hace tiempo, desde el principio», toda vez que ha señalado que la posición del Partido Socialista «ha sido siempre la misma».

«Nosotros estamos a favor de que se actualice y se revise el plan de la Corona Norte, lo llevábamos incluso en nuestro programa electoral, pero lo que no compartimos son las formas del Partido Popular. La resolución de un conflicto tan importante, vital y estratégico para la provincia de Huelva no puede hacerse de manera unilateral, tiene que hacerse por consenso y con diálogo de todas las administraciones implicadas», ha enfatizado.

Al respecto, ha señalado que la propuesta que el PP «ha puesto encima de la mesa no es buena para Huelva» y «poner en riesgo y comprometer la posición de Europa, la imagen de la provincia en los mercados y la salvaguarda de Doñana» es «un error» por parte de la Junta de Andalucía.

«Nosotros animamos e instamos al diálogo y al acuerdo, porque este tema es necesario que se resuelva pero hay que resolverlo bien», ha concluido la socialista.

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a que «sea responsable y coja un avión, se vaya a Bruselas y le explique lo que quiere hacer» con los regadíos del entorno de Doñana «a la Unión Europea, a la Comisión Europea o a la directora general de Medio Ambiente» del gobierno comunitario, y ha advertido del «riesgo cierto» de que «se paralicen los fondos europeos en toda Andalucía» como consecuencia de la proposición de ley que PP-A y Vox han registrado en el Parlamento autonómico para la regularización de regadíos en la zona del Condado de Huelva.

Juan Espadas se ha manifestado así, en una atención a medios en Antequera (Málaga), en respuesta a preguntas de los periodistas después de que la Comisión Europea haya enviado un ultimátum a España, a través de su directora de Medio Ambiente, para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

El líder del PSOE-A ha señalado, respecto a dicha advertencia de la Comisión Europea, que «desgraciadamente» los socialistas andaluces «temían» que pasara algo así, y en esa línea ha subrayado que llevan avisando a Moreno del riesgo de «volver a reeditar el error y la irresponsabilidad de hace un año, cuando escurrió el bulto como gobierno y como presidente y mandó al Parlamento» andaluz «desde su grupo parlamentario (PP-A) una iniciativa» sobre dichos regadíos «que no había sido consensuada, acordada, con las otras administraciones competentes en el territorio de la Corona Norte de Doñana», en referencia a «Estado, ayuntamientos y sociedad civil», ha precisado.

Espadas ha aseverado que «el no acordar, consensuar y trabajar con seguridad jurídica una propuesta sobre los problemas que hay en relación con el tema de los regadíos en el territorio iba a llevar, como llevó el año pasado ya, a una advertencia clara, seria, por parte de la UE».

El líder del PSOE-A ha lamentado que «ahora vuelve a producirse de nuevo lo mismo», y en ese sentido ha comentado que Juanma Moreno «parece que no aprende, parece querer engañar por segunda vez no sólo a los habitantes de esa comarca» de Huelva, «sino también a las instituciones europeas».

Frente a ello, el dirigente socialista ha aconsejado al presidente de la Junta que «sea responsable y coja un avión, se vaya a Bruselas y le explique lo que quiere hacer a la Unión Europea, a la Comisión Europea o a la directora general de Medio Ambiente, que le ha enviado una carta, porque la imagen de Doñana, de Andalucía y, sobre todo, el riesgo de que se paralicen los fondos europeos en toda Andalucía, es un riesgo cierto».

«Así lo manifiesta la carta, que habla de la posibilidad de sanciones pecuniarias si no se paraliza una iniciativa que la Unión Europea entiende que no tiene seguridad jurídica alguna y pone en riesgo el plan de protección del espacio natural de Doñana», ha abundado Espadas, que ha aseverado que se trata de «un tema muy serio».

Ha apostillado que, «como los socialistas somos conscientes de que hay problemas en el territorio, y agricultores con los que hay que sentarse a buscar soluciones, lo que le planteamos» al presidente de la Junta «es muy claro», y consiste en que «aparque definitivamente la proposición de ley que quiere llevar al Parlamento y que se siente con una comisión bilateral con el Gobierno de España, con los ayuntamientos de la zona en el Consejo de Participación de Doñana, para buscar una fórmula que sea de consenso, de acuerdo para intentar solucionar el problema», y «sólo desde la seguridad jurídica, con todos los informes a favor y, desde luego, con el visto bueno de Bruselas».

En esa línea, Espadas ha advertido de que «no queremos más problemas ni para la imagen de los productos de Doñana en los mercados internacionales ni para poner en riesgo el espacio natural», y para eso, según ha continuado, «hace falta de una vez por todas que el presidente de la Junta deje de decir que no pasa nada, como siempre hace, querer ponerse de perfil de todo, porque esa carta lo que indica es que tenemos una lupa, un gran foco puesto en su gestión desde el punto de vista medioambiental», que genera «sombras de duda, peligros, riesgos, a un espacio natural» como Doñana que «requiere seguridad jurídica y proyectos claros», ha añadido.

Espadas ha concluido sosteniendo que «es el momento de parar, de explicar bien y consensuar con el Gobierno de España qué quiere hacer, y sólo desde el acuerdo y el consenso explicar en la UE y Bruselas exactamente cuál es la propuesta que quiere llevar a cabo», ha zanjado.

Adelante quiere preguntar a la Junta en el Pleno del Parlamento tras carta de Bruselas sobre regadíos de Doñana

Adelante Andalucía ha anunciado este martes el registro de una pregunta de máxima actualidad dirigida al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ante la carta que se ha conocido este martes de la directora de Medio Ambiente de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los regadíos en el entorno de Doñana, así como ha aludido a la Proposición de Ley de PP y Vox para reconocer nuevas hectáreas de regadío que quedaron excluidas en el Plan de Ordenación de Doñana de 2014.

Adelante ha mostrado su confianza en la aceptación de esta pregunta durante la sesión de control del Pleno de esta semana debido a la actualidad y gravedad del asunto, donde el consejero de Medio Ambiente «tendrá que dar explicaciones».

El Reglamento del Parlamento de Andalucía prevé que «en cada sesión plenaria podrá sustanciarse hasta un máximo de ocho preguntas que tengan por objeto cuestiones o temas de máxima actualidad» y para ello tendrán como «hora límite de presentación las diecinueve horas del martes de la misma semana en que haya de celebrarse sesión plenaria».

El Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha anunciado en una nota que «ha decidido tomar cartas en el asunto y preguntar de manera urgente» al consejero Fernández-Pacheco para que dé cuentas «del tirón de orejas que nos está dando Bruselas por no proteger a Doñana».

«No solo no se está protegiendo Doñana», ha puntualizado el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, «sino que se está poniendo en peligro, se nos debería caer la cara de vergüenza, esto es el patrimonio natural más valioso que tenemos en Andalucía, algo de lo que los andaluces y andaluzas estamos orgullosísimos mientras el Gobierno de Moreno Bonilla supone un peligro para Doñana».

García ha recriminado al Gobierno andaluz que «más allá de desprotegerlo, es el culpable de amenazarlo de muerte», convencido de que el Ejecutivo autonómico «está siendo negligente con este asunto y vamos a llegar hasta el final, hasta donde haga falta para proteger Doñana».

García ha apuntado que espera que si el Gobierno andaluz al menos no da marcha atrás «por convicción» lo haga por «miedo a las sanciones europeas».

Pedro Fernández insta a Moreno a «dejar de jugar» con Doñana por «interés electoral» y «sin competencias»

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado una «auténtica barbaridad lo que está haciendo» la Junta de Andalucía en relación a Doñana, ante la proposición de ley que PP-A y Vox han registrado en el Parlamento autonómico para la regularización de regadíos en la zona del Condado de Huelva, y ha instado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, a que «deje de jugar con estos asuntos cuando le interesa desde el punto de vista electoral» y a pesar de que «no tiene competencias».

Pedro Fernández se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Granada después de que la Comisión Europea haya enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso para pedir una multa por su incumplimiento reiterado. Una misiva en la que hace alusión a la citada proposición de ley y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar «cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».

Pedro Fernández ha hecho hincapié en que la Junta «ya hizo un primer amago» con este asunto que «después dejó en suspenso y ahora en una época preelectoral vuelve a activarlo», ha dicho, pero no desde el Consejo de Gobierno, ha matizado, sino que se «refugia» en el grupo parlamentario del PP para que sea una tramitación parlamentaria que «evita la existencia de determinados informes que son preceptivos, obligatorios», recalca.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha advertido de que la situación «es muy grave» toda vez que ya existían una serie de compromisos asumidos por el Gobierno para preservar este espacio y garantizar el flujo de agua que garantiza su biodiversidad y ahora, «por segunda vez», desde la Junta de Andalucía «se vuelve a tomar una medida que lo que pretende es ampliar la zona regable sin tener las competencias siquiera para hacer las concesiones de agua, que competen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir», ha señalado.

De hecho, ha instado a Moreno a no generar «falsas expectativas» ni «frustrar» las reivindicaciones de los agricultores del entorno de Doñana y ha recordado que, llegados a este punto, «lo que hace de nuevo» la Comisión Europea es, «además de sonrojarnos a los responsables públicos», advertir de que si sigue adelante esta proposición de ley «se van a tomar las medidas que correspondan desde el punto de vista sancionador» por lo que ha instado a Moreno a «dejar de jugar con estos asuntos».

El Ayuntamiento de Almonte insiste en «la retirada» de la PDL de Doñana porque «perjudica» a los agricultores

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha reiterado este martes la propuesta que se aprobó en pleno extraordinario la semana pasada para la retirada de la proposición de ley del Partido Popular y Vox sobre los regadíos del entorno de Doñana, tras conocer la carta de la Comisión Europea en la que da un ultimátum a España antes de acudir al TJUE, toda vez que ha señalado que la «irresponsabilidad» de ambas formaciones «pone en riesgo la producción de frutos rojos de la localidad».

En un audio remitido a los medios de comunicación, la primera edil almonteña ha explicado que la postura del equipo de Gobierno y «de los agricultores del municipio a través de la Asociación Puerta de Doñana» ha sido de «claro y absoluto rechazo» a esta proposición presentada por ambos partidos.

«En Almonte se trabaja desde hace mucho tiempo de forma legal cuidando a Doñana y, por eso, exigimos que el agua superficial llegue a nuestras tierras y dejar de regar con agua de un acuífero sobreexplotado», ha valorado.

Asimismo, la regidora hace alusión a que la Comisión Europea, en la misiva, advierte de que de prosperar la propuesta «estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia», por lo que, a su juicio, «una vez más la irresponsabilidad del Partido Popular y Vox ponen en primera línea de fuego la producción de frutos rojos de la comarca, lo que sin duda va a perjudicar a los mercados».

Por todo, ello ha reincidido en la petición que el Ayuntamiento realizó en un pleno extraordinario la semana pasada para que se retire esta proposición de ley del Partido Popular y Vox, ya que «de la forma que se ha presentado solo puede perjudicar a los agricultores fundamentalmente de Almonte».

Greenpeace despliega una pancarta en Doñana en «rechazo» de la PDL «para amnistiar regadíos»

Con motivo del Día Mundial del Agua, activistas de la organización ecologista Greenpeace se han desplazado hasta el Parque Nacional de Doñana para desplegar una pancarta con el lema ‘Stop pozos ilegales, salvemos Doñana’. Una acción con la que la organización ecologista quiere mostrar «su total rechazo» a la nueva Proposición de Ley impulsada por el Partido Popular y Vox que, a su juicio, sirve para «amnistiar los regadíos ilegales de la Corona Forestal de Doñana».

En una nota de prensa, la organización advierte que esta proposición «puede cercenar definitivamente la ya maltrecha salud de los acuíferos de la Corona Norte de Doñana, que se encuentran en mal estado cuantitativo y cualitativo, como ya publicó en su informe SOS Acuíferos», así como dice que «esta amnistía supondría el incumplimiento de la sentencia por no proteger al espacio natural frente a la sobreexplotación y robo del agua, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), en junio de 2021».

Por otro lado, Greenpeace ha asegurado que «con esta proposición, la Junta de Andalucía envía un mensaje muy peligroso al sector agrícola profesional», que «va a ver cómo hay explotaciones que son absueltas de delitos ambientales, mientras hay otras que sí se ajustan a las dotaciones de agua concedidas».

«Esta proposición de ley es un agravio comparativo hacia las explotaciones agrícolas que sí cumplen con la normativa y podría suponer un efecto llamada hacia la impunidad en el robo del agua. En Doñana tenemos un espacio natural protegido que nos avisa del estado de los acuíferos, pero esto puede estar pasando también en otras zonas de Andalucía donde se está extrayendo agua con pozos ilegales», ha declarado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

En este punto, ha indicado que «a pesar de que la Junta de Andalucía ha expresado que esta proposición no va a tocar ni un solo litro del acuífero del que bebe Doñana», la organización ecologista considera que el gobierno regional «falta a la verdad puesto que la concesión de aguas superficiales no va a ser inmediata y está supeditada a la realización de obras hidráulicas que no es seguro que se lleven a cabo, como es la presa de Alcolea».

Por otro lado, ha señalado que la Junta de Andalucía «no tiene competencias para asignar recursos hídricos y conceder derechos de riego con agua superficial en la demarcación del Guadalquivir, cuya gestión corresponde al Estado», por lo que «mientras estas obras se aprueban o no, los suelos agrícolas reconocidos como regables tendrán que seguir usando agua del acuífero y lo harían con una amnistía auspiciada por la Junta de Andalucía».

«Mientras tanto, el cierre de pozos ilegales, que debería ser la prioridad máxima para todas las administraciones que tienen competencias en la gestión de aguas, no avanza a la velocidad que debería», ha subrayado la organización.

WWF pide a la Junta que paralice la PDL de Doñana ante «las advertencias de sanciones» de Bruselas

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha pedido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que paralice la proposición de ley de PP y Vox sobre los regadíos del Condado de Huelva ante la carta emitida por la Comisión Europea en la que da un ultimátum a España para corregir los daños en Doñana antes de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que «va muy en serio» y «podría repercutir en graves multas».

En declaraciones a Europa Press, Carmona ha manifestado que la misiva de la Comisión es «una respuesta» a la enviada por la ONG la pasada semana y es «muy dura», de hecho el portavoz de WWF ha asegurado que la Dirección de Medio Ambiente «rara vez se expresa en estos términos y en el lenguaje diplomático que se suele usar no hay frases tan claras y contundentes», además de las advertencias de «las medidas a adoptar».

En este sentido, Carmona ha señalado que la Comisión «coincide» con la ONG en «la profunda preocupación que provoca la propuesta de legalización, esa amnistía para los agricultores ilegales que amenazan Doñana» y «nos da la razón en cuanto a su situación».

«Consideramos que es positivo que advierta de que, si prospera la tramitación de esta propuesta, va a tomar las medidas oportunas sobre las que ya alertó en la carta de emplazamiento que mandó a España el año pasado, en la que señalaba que no se habían adoptado las medidas necesarias para cumplir con la sentencia del TJUE y que en el caso de seguir adelante, como hace ahora, acudirá el tribunal para pedirle la correspondiente sanciones para obligar a España a cumplir», ha detallado.

En este sentido, el portavoz de WWF pone en valor que la Comisión haya usado el «término clarísimo de violación flagrante de la sentencia del Tribunal Europeo», por lo que ha considerado que ante esta «dura» misiva, «no queda otra que parar esta temeridad en la que el presidente se ha metido para tratar de amnistiar a unos regantes ilegales», que «no han cumplido ni con las leyes de Ordenación del Territorio ni con las normativas de agua».

«Estamos hablando de personas que, ignorando todas las leyes relativas a la ordenación del territorio y el agua, transformaron ilegalmente su finca, y ahora están intentando que se les dé una amnistía, forzando al Parlamento andaluz para que apruebe una norma, que tiene una fuerte respuesta, no solamente en España, a través del Ministerio, que considera que es una clara invasión de sus competencias, sino también a nivel Europeo», ha enfatizado.

Así, Carmona ha llamado la atención sobre el hecho de que la Comisión Europea acuda al TJUE para que pongan en marcha «los mecanismos sancionadores» oportunos, ya que ello «puede repercutir en graves multas», toda vez que ha recordado «los 75 millones de euros que ya se llevan pagados por la depuración de las aguas».

«En ese sentido, las fresas de Huelva nos saldrían muy caras por ese empeño en amnistiar a aquellos que durante más de una década pusieron en cultivo ilegalmente su finca, entre 2004-2014, y ahora tratan de forzar políticamente que se le dé carta de legitimidad. No hay derechos históricos ningunos, y, por lo tanto, a Juanma Moreno lo que hay que exigirle es que pare esta locura, porque todavía estamos a tiempo», ha aseverado.

En esta línea, el portavoz ha pedido al presidente de la Junta que «piense en cómo solucionar los problemas de Doñana, en cómo mejorar la imagen de la fresa, en cómo apoyar a los regantes legales, que lo están pasando muy mal», al tiempo que se ha preguntado «quién está controlando a los ilegales, que están sacando agua de más».

«Estamos asistiendo atónitos a una verdadera locura donde se le da cobertura y donde la Junta de Andalucía no está contra aquellos que se están apropiando de los bienes públicos y, sin embargo, tiene que restringirlos, porque no hay, para aquellos que sí están en la legalidad», ha concluido.