El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, denuncia las “perniciosas” consecuencias sociales y económicas provocadas por las políticas de “desmantelamiento” de los servicios públicos a su cargo, en las que se encuentra embarcado el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Toti señala como, en los últimos días, el PP desde el gobierno andaluz “nada más que anuncia despidos y recortes de personal público”, como los 8.000 sanitarios de refuerzo por el Covid-19 que pierde Andalucía,  más medio millar en Huelva, los más de 1.000 bomberos del Plan Infoca que deja el PP en la calle, “imprescindibles” para nuestra provincia, a los que hay que sumar los más de 300 plazas de orientadores escolares, eliminadas por la Junta de Andalucía.

En un comunicado, el coordinador provincial de IU en Huelva asegura que todo esto forma parte de “una escalada de destrucción de empleo público”, con el que además de limitar la prestación de los servicios públicos a los que la población tiene derecho, Moreno Bonilla “ataca” a la recuperación económica de territorios como nuestra provincia, donde cada empleo es “extremadamente necesario de mantener y valioso para que podamos salir adelante”.

Toti añade que mientras Moreno Bonilla desmantela lo público, no pierde el tiempo en apresurarse en tratar de “convertir Andalucía en un paraíso fiscal para ricos”. Los beneficios fiscales que la Junta de Andalucía le ha concedido a las rentas más altas les están suponiendo a las grandes fortunas, embolsarse más de 330 millones de euros. Esta cantidad serviría para mantener en activo al personal sanitario que Moreno Bonilla está dejando en la calle y cuyo trabajo “es muy necesario mantener” en el sistema sanitario público andaluz, en el que las citas telefónicas médicas de atención primaria se están retrasando hasta los 15 días y más.

Toti alerta de que todo este proceso de desmantelamiento de lo público, agravado por la falta de voluntad de Moreno Bonilla de destinar a la contratación de personal sanitario y de más servicios públicos de los fondos que ha recibido del gobierno central, “están dejando Andalucía, y especialmente Huelva en unas condiciones cada vez peores, perjudicando a las familias trabajadoras, al mismo tiempo que blinda las rentas altas, al protegerlas para que no cumplan con sus obligaciones fiscales”.