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La Policía Local de La Palma denuncia negligencias y una fiscalización excesiva de la Intervención Municipal

CSIF ve la situación «insostenible» y anuncia acciones judiciales y movilizaciones si el Ayuntamiento «no toma cartas en el asunto»

La representación sindical de CSIF en la Policía Local de La Palma del Condado denuncia públicamente la grave situación de asfixia económica que sufre el colectivo. Los agentes señalan directamente la actuación de la Intervención Municipal y la «dejadez» del propio Ayuntamiento como los causantes directos de unas pérdidas salariales que oscilan entre los 10.000 y los 13.000 euros anuales por trabajador.

El origen de la pérdida de poder adquisitivo se remonta a la aprobación de la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que recortó drásticamente el complemento específico de la Policía Local. Para paliar este perjuicio a los agentes, el Ayuntamiento incluyó en las nóminas dos complementos, uno de horas adicionales y otro de festividad, pero resultaron irregulares y fueron borrados de los presupuestos con una consiguiente pérdida anual en torno a los 150.000 euros por no haber apostado por la fórmula legal del complemento personal transitorio.

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La Valoración de Puesto de Trabajo (VPT) también fue un instrumento ineficaz porque tras llegarse a un acuerdo de compensación porque el Ayuntamiento «olvidó» de forma casual elevar este acuerdo al Pleno Municipal para su preceptiva ratificación y dotarlo de validez jurídica. El colectivo lo calificó como una grave negligencia al no culminar este obligatorio trámite administrativo y provocar la pérdida de los complementos de forma definitiva, consumando el hachazo salarial a unos policías que habían actuado en todo momento bajo el principio de buena fe.

A esta alarmante situación se suma una fiscalización arbitraria y discriminatoria por parte de la Intervención Municipal a la hora de computar y abonar la diferencia horaria entre la plantilla de la policía y el resto de los empleados públicos del consistorio.

Existe un castigo sistemático a la Policía Local, que realiza una jornada obligatoria de 40 horas semanales. Sin embargo, a la hora de abonarle la diferencia de horas, el Interventor se niega a calcularla sobre las 35 horas reales del resto del consistorio (lo que equivaldría a pagar 5 horas de exceso). En su lugar, impone con absoluta rigidez la jornada de 37,5 horas teóricas para pagar únicamente 2,5 horas de diferencia, procediendo a levantar reparos y a recortar las nóminas de la Policía Local de forma automática si se aplica un criterio de igualdad real.

Esta severidad de la Intervención se ceba también con sus derechos de descanso. El cuerpo trabaja bajo un sistema de índices correctores, coeficientes multiplicadores aplicados sobre la jornada para compensar la especial penosidad de prestar servicio en noches, fines de semana y festivos.

La representación sindical de CSIF en la Policía Local, sin embargo, denuncia que bajo la estricta interpretación de la jornada, cuando un agente hace uso de un derecho legal como las vacaciones o los días de asuntos particulares en un día asignado a turnos especiales, la jornada se le computa de manera neutra (con un valor plano de 1, perdiendo el índice corrector aplicable). Al no computarse como jornada efectivamente trabajada a efectos del multiplicador, el agente sufre un perjuicio y una pérdida de horas computadas que se traduce en una penalización económica directa en su nómina simplemente por ejercer su derecho al descanso y a la conciliación.

La plantilla de la Policía Local considera totalmente insostenible este nivel de rigurosidad fiscal selectiva. Por ello, el colectivo ha instado formalmente a la representación sindical para que de manera inmediata estudie y promueva todas las medidas de carácter administrativo, sindical y judicial que resulten procedentes.