Un juzgado tumba un Decreto del alcalde de Cartaya sobre el mercadillo estival de El Rompido

Suspende de forma cautelar un decreto que obligaba a varios vendedores del marcadillo marinero de El Rompido a cambiar de ubicación

El grupo de cinco vendedores del mercadillo estival con concesión administrativa desde hace ya varios años para instalar sus negocios en la calle Puerto, junto al muelle pesquero de El Rompido, han ganado la primera batalla judicial que mantienen con el Ayuntamiento de Cartaya y podrán mantener este verano dicha ubicación gracias a la orden de un juzgado de Huelva.

Dichos vendedores explicaron recientemente en una entrevista HuelvaCosta.com que a principios del presente mes de julio el Consistorio cartayero les informó en una carta sobrela modificación de las bases de sus licencias de ocupación y, mediante un Decreto del Alcalde acordó trasladar sus puestos desde las inmediaciones del Muelle al Paseo Marítimo de El Rompido, para lo cual les dio cinco  días de plazo.

Puestos del mercadillo estival de El Rompido junto al muelle pesquero

Ante este cambio repentino e inesperado, lo cual consideraron que perjudicaría sus negocios, los afectados recurrieron a la vía judicialsolicitando la suspensión cautelar de la medida con carácter de urgencia, lo cual les ha sido concedido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva esta semana, según ha adelantado el diario ABC.

Según prosigue este mismo diario, el juzgado considera que, en función de la documentación presentada y de los argumentos esgrimidos por los recurrentes, se arrojan “ciertas dudas sobre la corrección del acto impugnado”, a lo que añade que las concesiones modificadas “al parecer unilateralmente” en un aspecto “tan sustancial o relevante” desde el punto de vista comercial como es el emplazamiento de los puestos de venta comporta, dado el breve período por el que aparecen concedidas, “más que probables perjuicios de carácter irreversible a los concesionarios”, por lo que subraya que “la premura o perentoriedad de los plazos justifica la adopción de la medida cautelar con carácter urgente”.

El juzgado da un plazo de tres días al Ayuntamiento para que alegue lo que estime procedente a propósito del mantenimiento o cese de la medida acordada, según también ha informado a ABC el abogado de los vendedores, Enrique Arroyo.

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