Un juez anula el acuerdo de venta de terrenos para el proyecto de las dos torres de Punta

La empresa promotora del proyecto, Riaumbría Towers, devolverá las cantidades de reserva a los clientes que lo soliciten, aunque seguirá peleando judicialmente por el residencial

El juez de lo Contencioso-administrativo número 3 de Huelva ha anulado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría, de fecha 27 de septiembre del 2017, por el que se pusieron a la venta los terrenos donde se ha comenzado a construir el proyecto urbanístico residencial William Martin, conocido como el proyecto de las dos torres de 19 pisos, en la avenida Ciudad de Huelva de la localidad.

Los trabajos, que arrancaron hace unos días por parte de la empresa Riaumbría Towers, prevé la construcción de dos torres de 19 plantas para crear un nuevo espacio residencial y de ocio.

Las obras del proyecto de las dos torres arrancaron hace solo unos días

Según la sentencia, el juez ha estimado el recurso presentado contra el citado acuerdo por el portavoz de Unidos Por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, al considerar que con esta venta y posterior construcción «se vulnera» la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Mediante este acuerdo, ahora anulado, se aprobó convocar el procedimiento abierto para la enajenación de parcelas de terreno ubicadas en el sector avenida Ciudad de Huelva-SUNC/Antiguos Depósitos, así como aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que regirán dicho procedimiento, al que deja sin efecto por su disconformidad a derecho.

El juez considera que los terrenos son bienes pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), tal y como, según se afirma, consta en Inventario Municipal, y se ha reconocido en sendas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En esta línea, ha precisado que los ingresos obtenidos por la venta de estos terrenos, según el artículo 75 de la LOUA, «deberían de destinarse, con carácter preferente, a la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, o a la promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública» y no a viviendas de uso turístico.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el TSJA, pero podría conllevar la nulidad de las actuaciones posteriores a la puesta a la venta de los suelos.

Riaumbría devolverá las cantidades de reserva a los clientes que lo soliciten

Por su parte Riaumbría Towers, la empresa promotora del proyecto Residencial William Martin, ha anunciado este miércoles en un comunicado que mientras que el Ayuntamiento de Punta Umbría mantenga la legalidad y viabilidad del proyecto, y recurra la sentencia, está obligada a confiar en que la venta de los terrenos que realizó el Consistorio se ajusta la legalidad y, en consecuencia, deberá seguir adelante con el proyecto.

En cualquier caso, la sociedad anuncia que devolverá a partir de este jueves a los inversores que lo soliciten las cantidades aportadas en concepto de reserva de los inmuebles. La empresa, «como no puede ser de otra forma», asegura respetar «escrupulosamente» la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, aunque al mismo tiempo confía en la revocación de la sentencia por parte del TSJA, tal y como ha ocurrido ya en casos similares, en los que se le ha dado la razón al Ayuntamiento de Punta Umbría.

En esta línea, Riaumbría asegura no entender el recurso presentado por Cansino y lamenta el «tremendo daño» que éste pudiera causar a Punta Umbría, «máxime cuando éste, durante su etapa como alcalde, vendió varias parcelas con la misma e idéntica consideración urbanística de los terrenos donde va el residencial William Martin».

En definitiva, desde la promotora se confía en la revocación del fallo, ya que, de lo contrario, «sin duda supondría la ruina para todos los empresarios que conforman la misma, pero al mismo tiempo conllevaría la obligación del Ayuntamiento de indemnizar a dicha empresa por los incalculables perjuicios económicos ocasionados, y es más, supondría hipotecar el futuro de la ciudad, que quedaría condenada a construir única y exclusivamente viviendas de protección oficial».

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