Prohíben llevar móviles a los alumnos del IES Sebastián Fernández de Cartaya

El pasado mes de diciembre fueron expulsados temporalmente del centro tres jóvenes estudiantes por grabar a profesores e insultarlos en las redes sociales

La Dirección del Instituto de Educación Secundaria Sebastián Fernández de Cartaya ha decidido «aplicar a rajatabla» la prohibición de llevar móviles al centro por parte del alumnado, una medida que llega después de que el pasado mes de diciembre fuesen expulsados temporalmente tres alumnos de dicho instituto cartayero por grabar durante las horas de clase a varios profesores para colgar posteriormente las imágenes en una conocida red social con comentarios «jocosos» e «insultantes» hacia los docentes.

La jefa de estudios del Sebastián Fernández, María Jesús Fuentes, ha señalado que el Reglamento de Organización y Funcionamiento interno del centro ya prevé desde hace tres o cuatro cursos la prohibición de traer el móvil a clase, «pero hasta ahora se era un poco más permisivo». En este sentido, y a raíz de los hechos acaecidos durante el primer trimestre del presente curso, esa prohibición «se lleva más a rajatabla y ahora mismo el móvil está prohibido en el centro».

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No obstante, según ha precisado Fuentes, aquellos alumnos que por necesidades laborales o de transporte necesitan estar comunicados con sus familiares «no tienen ningún tipo de problema» porque «previo acuerdo» del equipo directivo del instituto con aquellos padres que así lo han requerido, dichos alumnos “traen el móvil al centro a las 8.30 horas, lo dejan en el despacho de Jefatura de Estudios bajo llave, y a las 15.00 horas se les devuelve sin ningún problema».

Según la jefa de estudios del centro, esta medida fue implementada nada más conocerse los hechos del pasado mes de diciembre «y por el momento no se ha vuelto a repetir ningún episodio similar», a lo que ha añadido que «los tres expulsados cumplieron su sanción y ya han regresado a las aulas, sin que se haya registrado desde entonces ningún tipo de problemas con ellos».

Por otra parte, y en relación a este mismo asunto, María Jesús Fuentes ha calificado como «muy necesaria» la medida anunciada hace unos días por la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, quien en una visita a la localidad serrana de Jabugo señaló que el protocolo específico de actuación ante supuestos casos de ciberacoso en los colegios e institutos andaluces elaborado por la Junta de Andalucía da potestad a maestros y profesores para requisar teléfonos móviles ante la sospecha de que pueda estar dándose un caso de acoso.

La titular de educación precisó entonces que «no se trata de requisar el teléfono por el hecho de requisarlo, sino por poder capturar todo aquel conjunto de imágenes o de conversaciones que se hayan podido mantener a través del terminal tanto del acosado como de los posibles acosadores».

La medida se extiende si fuese necesario «a los testigos pasivos del caso en cuestión, y que han sido receptores sin poner ninguna contraseña ni aviso de lo que estaba sucediendo», explicó De la Calle, quien añadió que en el acoso «son muchos los elementos que juegan, incluso el testigo pasivo es culpable de no haber tomado medidas y no haber denunciado el caso».

La consejera destacó que se ha elaborado un protocolo que «reúne las máximas garantías para ponerse en aplicación y para tomar medidas correctoras, que es la última consecuencia», así como hizo hincapié en que «desde el primer momento que hay una denuncia, hay una atención psicológica que mejore ya el estado anímico de la persona acosada y, evidentemente, a partir de ahí, se toman medidas en positivo para todos aquellos que han participado en el caso».

Finalmente la responsable de la Jefatura de Estudios del IES Sebastián Fernández de Cartaya puntualizó que «el problema, como todo, no es el móvil en sí, sino el mal uso que se puede llegar a hacer del mismo. Es un buen instrumento, pero en su justa medida», concluyó.

LOS HECHOS DE DICIEMBRE

Tras conocerse los hechos del pasado mes de diciembre en este instituto cartayero, el claustro de profesores remitió una circular a los padres de todos los alumnos, a la que tuvo acceso esta redacción, en la que los docentes pusieron en conocimiento de las familias los «lamentables sucesos» derivados del «mal uso» de los teléfonos móviles y redes sociales «por parte de algunos alumnos», y en la que sobre todo les pidieron colaboración para «atajar este tipo de actos».

Según explicaba la misiva, los profesores detectaron grabaciones y fotografías «ilícitas» tomadas «dentro de las aulas» por «algunos alumnos» durante «varias sesiones lectivas», las cuales «fueron subidas a Internet». En dichas imágenes, según proseguía, aparecían tanto alumnos como profesores, y las mismas fueron «difundidas» en las redes sociales «sin consentimiento» de los afectados, «haciendo un uso jocoso de ellas con comentarios insultantes».

En este sentido, y según fuentes del propio claustro consultadas entonces, la red social a la que los alumnos subieron las imágenes fue sobre todo Instagram, y en ellas, por ejemplo, se hacían incluso comentarios «jocosos» de un profesor por poseer una discapacidad física. Estas mismas fuentes también señalaron que las imágenes fueron subidas en su gran mayoría mediante un sistema «efímero», por lo que tras un determinado periodo de tiempo «se borran y no dejan rastro».