El pleno de Cartaya modifica el presupuesto para pagar la condena de 239.000 euros de Hiconsa

El pleno del Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado con los votos favorables del equipo de Gobierno (Icar, PP y PA), una modificación presupuestaria para hacer frente a la condena en costas de 239.000 euros impuesta al Ayuntamiento por el caso Hiconsa

El pleno del Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado este martes con el voto favorable del equipo de Gobierno (Icar, PP y PA), una modificación presupuestaria para hacer frente a la parte de las costas a las que fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva como acusación particular en el caso Hiconsa, que asciende a 239.000 euros. La propuesta ha contado con la oposición del Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida, que han votado en contra.

El pasado mes de diciembre dicho Juzgado desestimó la impugnación formulada por el Consistorio, como acusación particular, y por el actual alcalde, Juan Polo (Icar); y los exconcejales de IU (Miguel Ángel Gea); PP (Juan Manuel Guerrero), y PA (Antonio Carro), quienes ejercieron la acusación popular en el caso Hiconsa, condenándolos a pagar un total de 478.749 euros, relativo a las costas y partidas de los letrados defensores de los acusados: el exalcalde socialista de la localidad Juan Antonio Millán, su teniente de alcalde, Miguel Novoa y tres personas más, que fueron absueltas. En concreto, el Ayuntamiento tiene que pagar esos 239.374 euros y casi 60.000 cada uno de los acusadores particulares.

El caso Hiconsa arrancó en el año 2009 a raíz de una denuncia presentada por los exconcejales entonces en la oposición y ahora condenados al pago de las costas del procedimiento, por un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento de Cartaya en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral.

En marzo de 2011 la Audiencia Provincial de Huelva ratificó la sentencia absolutoria del exalcalde socialista de Cartaya Juan Antonio Millán, de su teniente de alcalde Miguel Novoa, así como de otras tres personas, al considerar que el convenio urbanístico acordado con la empresa fue “legal, era procedente, y la selección de esta empresa no fue arbitraria”. La sentencia concluyó afirmando que “se desestiman, pues, los recursos, confirmando íntegramente la sentencia apelada”, así como “también en cuanto a la imposición de costas procesales en primera instancia, por temeridad o mala fe” de las acusaciones.

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