Piden al Ayuntamiento de Cartaya que sancione a Aqualia por continuos cortes de agua de El Rompido

IU presenta una moción al pleno para que el Consistorio estudie la apertura de un expediente sancionador a la concesionaria del contrato de abastecimiento y saneamiento de aguas del municipio

Izquierda Unida ha presentado una moción al pleno del Ayuntamiento de Cartaya para que el Consistorio estudie la apertura de un expediente sancionador a la empresa FCC Aqualia S.A. en su condición de concesionaria del contrato de abastecimiento y saneamiento de aguas del municipio.

Una iniciativa que según ha señalado en un comunicado el concejal de dicha formación política, y candidato a la Alcaldía por la misma David F. Calderón, se adopta porque el municipio “lleva años sufriendo frecuentes interrupciones en el servicio de agua, de 12 a 30 horas de duración, en muchos de los casos”.

Un problema que está siendo especialmente grave en la zona este de El Rompido, donde urbanizaciones como Vinos Gordos, La Concha, La Galera y Los Enebros sufren cada año varios cortes como el ocurrido el pasado mes de febrero, con interrupciones consecutivas de 20 y 30 horas de duración, “a los que siguieron horas de pérdida importante de caudal”. Estos problemas evidencian “serios problemas” de las infraestructuras de distribución y gestión de la demanda, “que perjudican notablemente a la población y empresas de un núcleo cuyo principal motor económico es el turismo” ha señalado.

En la moción, que se debatirá en pleno del próximo 26 de marzo, IU defiende que las entidades suministradoras del servicio de agua “tienen la obligación legal de mantener permanentemente el servicio, salvo causa de fuerza mayor”, así como “garantizar las condiciones de presión y caudal contratadas”.

Calderón lamenta en este sentido que “Aqualia, empresa concesionaria, haya hecho caso omiso a las reiteradas reclamaciones de organizaciones sociales como la Asociación de Vecinos de El Rompido, negándose a emprender reformas de las infraestructuras de distribución que garanticen el cumplimiento de las condiciones de continuidad del servicio contratadas”. Por ello la formación reclama al Ayuntamiento que “defienda los intereses de la población estudiando la incoación de expediente sancionador a la empresa que explota el servicio de aguas del municipio”.

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