El Ayuntamiento de Cartaya, gobernado por Icar, PP y PA, ha renunciado, al menos en el corto plazo, a aprobar un Plan de Accesibilidad al que el propio Consistorio se comprometió previamente, destinado a mejorar la movilidad del colectivo de discapacitados, sobre todo de aquellas personas que requieren de silla de ruedas o carrito eléctrico para desplazarse.
Al menos así se desprende de la carta que el propio Ayuntamiento de Cartaya remitió el pasado día 13 de marzo al Defensor del Pueblo Andaluz, y a la que ha tenido acceso HuelvaCosta.com, en la que el alcalde, el independiente Juan Miguel Polo, alude a la “imposibilidad legal y presupuestaria actual de poder atender en fechas próximas a su petición de adelantar el plazo aproximado en que se considera que podría estar aprobado el Plan de Accesibilidad para El Rompido, por carecer este Ayuntamiento del personal técnico necesario para poder atender a todas las necesidades municipales”.
Dicha carta responde a una misiva anterior remitida al Ayuntamiento por el Defensor del Pueblo Andaluz, en la que éste interesó al Consistorio a que “nos adelantara el plazo aproximado en que se consideraba que podría estar aprobado el citado plan, señalando si su contenido contendrá un programa de intervenciones debidamente calendarizadas y dotadas presupuestariamente”.
Según la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, esta petición responde al compromiso adquirido por el propio Ayuntamiento con dicha institución en un anterior escrito en el que desde el Consistorio se señaló que “tenía previsto proceder a la elaboración de un Plan de Accesibilidad para el núcleo de El Rompido a la mayor brevedad y en función de las posibilidades de los servicios técnicos municipales”.
En la última respuesta municipal del pasado día 13 de marzo, y a modo de “ejemplo”, el Ayuntamiento añadió que “actualmente carece de arquitecto superior y de arquitecto técnico, por lo que sus funciones están siendo desarrolladas por los técnicos de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), al no poder este Ayuntamiento proveer las plazas de conformidad con las leyes de presupuestos aprobadas últimamente y por problemas económicos”.
De todo este asunto fue informado en un escrito el pasado día 23 de abril la persona discapacitada de El Rompido cuya queja dio pie a la apertura de este expediente por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, Guillermo Pons García, que junto a otros vecinos en su misma situación lleva años denunciando las barreras arquitectónicas existentes en El Rompido, las cuales obligan al colectivo a “jugarse diariamente la vida” en sus desplazamientos por las calles de dicho núcleo turístico perteneciente al término municipal de Cartaya.
Por todo ello, según la última respuesta remitida por el Ayuntamiento de Cartaya al Defensor del Pueblo Andaluz, los discapacitados no solo de El Rompido, sino todos aquellos que visiten la zona, por el momento tendrán que seguir esperando.
