Las contradicciones sobre la sentencia en contra del Ayuntamiento de Cartaya

El alcalde de Cartaya, Juan Polo (Icar), a través de un comunicado publicado en la página web del consistorio cartayero, ha salido adelante negando las informaciones publicadas ayer por Huelva Costa en las que se aseguraba que una sentencia del TSJAobliga al Ayuntamiento a pagar 12,2 millones de euros a la MAS por salirse de Giahsa.

De esta manera, el comunicado de la institución local afirma que «no hay sentencia alguna, porque además los procedimientos están en fase de diligencias previas y ni siquiera se ha empezado a dilucidar la cuestión, como establece explícitamente el propio TSJA”. Asimismo, el equipo de gobierno continúa explicando que «lo que hace el Tribunal es simplemente desestimar el recurso formulado por el Ayuntamiento contra un auto judicial, que se enmarca en un marco de absoluta provisionalidad, dentro del ámbito de medidas cautelares, y que por tanto, ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto, ni la cuantía de la cantidad solicitada por la MAS, que no es más que lo que Giahsa estima que el Ayuntamiento debe pagarle”.

Sin embargo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, signada con el número 368/16, de 27 de mayo, a la que ha tenido acceso Huelva Costa de forma exclusiva,ratifica el derecho de la Mancomunidad a percibir una indemnización de 12.246.799 euros, aprobada por el pleno de la Mancomunidad de Servicios en diciembre de 2014.

Es importante recordar que esta resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Cartaya, que solicitó su suspensión cautelar hasta que se dictaminara judicialmente sobre el fondo del asunto alegando el perjuicio económico que causaría al municipio que solo ha contado en el año 2015 con un presupuesto total de 17.423.916,32 euros. No obstante, este recurso ya el pasado mes de enero fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva y ahora por el TSJA en sentencia firme.

Aunque el Ayuntamiento de Cartaya niega de forma tajante que la decisión judicial del TSJA le condene a pagar a Giahsa; la sentencia expone de forma clara que fue el Ayuntamiento el que ha tomado la decisión de separarse de la Mancomunidad, por lo que debe aceptar las consecuencias económicas de la separación y también en que «los acuerdos entre el Ayuntamiento de Cartaya y la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, que establecen las bases para las indemnizaciones, siguen vigentes», por lo que considera que no debe suspenderse cautelarmente el pago de la indemnización reclamada, que con los recargos e intereses preceptivos la MAS cifra en 15,3 millones de euros.

A continuación se expone la sentencia completa:

Por su parte, la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) anunció que iniciarán, junto a su empresa de gestión Giahsa, un nuevo paso al frente “por tierra, mar y aire”, en la estrategia de cobro de indemnizaciones a los ayuntamientos que de manera unilateral abandonaron la institución sin hacer frente a sus obligaciones legales. En concreto, y con vistas a ejecutar un importe reconocido de 24,5 millones, una primera medida se dirige a recurrir y paralizar los presupuestos de los ayuntamientos que no consignen la deuda que mantienen con Giahsa, así como exigir responsabilidades personales a aquellos alcaldes que no cumplan con sus obligaciones legales.

Según han explicado sus responsables, la entidad mancomunada cuenta con derechos reconocidos por el juez, por lo que van a ejecutar el embargo de 24,5 millones a los ayuntamientos Bollullos Par del Condado, La Palma, Valverde del Camino, Cartaya, Cortegana, Gibraleón y San Juan del Puerto, al tiempo que va a exigir «responsabilidades personales a los alcaldes que no consignen las deudas en sus presupuestos».