El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Huelva ha paralizado mediante un decreto fechado el pasado día 20 de septiembre y al que ha tenido acceso huelvacosta.com, el expediente por el que el alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, intentaba regularizar sus viviendas construidas en suelo no urbanizable, y por tanto presuntamente ilegales, asunto por el que está imputado y por el que actualmente está siendo investigado.
Para ello, ha admitido a trámite un recurso contra dicho expediente de regularización, tramitado por el Ayuntamiento de Cartaya en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado día 20 de junio con el propósito de regularizar las dos viviendas propiedad del primer edil y construidas en suelo no urbanizable, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y aplicarles el régimen de asimilado al de fuera de ordenación (AFO) y regularizarlas.
Este tipo de procedimientos se pueden llevar a cabo desde julio de 2015, cuando la Junta de Andalucía aprobó el proyecto de ley para modificar tres artículos de la citada Ley, con el fin de permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable.
El recurso fue interpuesto por el mismo vecino de Cartaya que denunció en 2014 a Polo por un presunto delito de prevaricación por la forma de llevar a cabo estas dos construcciones en suelo no urbanizable del término municipal cartayero en la década de los años 90.
Dicho recurso ha sido admitido a trámite al entender dicho juzgado que esta resolución podría no ajustarse a derecho, «ya que estas construcciones están inmersas en un procedimiento judicial», según el propio denunciante.
En el mismo decreto judicial al que ha tenido acceso esta redacción, el juez requiere al Ayuntamiento de Cartaya que remita al juzgado el expediente administrativo completo, así como que notifique la resolución que ordene la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo.
El pasado mes de mayo el vecino de Cartaya que denunció la situación amplió su querella, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, contra el alcalde de Cartaya por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, ante la pretensión del primer edil de legalizar sus dos viviendas, por cuya construcción ya está siendo investigado y está por tanto imputado.
En esta denuncia exponía que el alcalde había presentado en el Ayuntamiento una solicitud para legalizar las construcciones e instalaciones existentes en una parcela en suelo no urbanizable de su propiedad. Al respecto, este vecino considera que el primer edil ha intentado que el Ayuntamiento «legalice las dos viviendas que posee en una parcela situada en suelo no urbanizable y calificado como de especial protección agrícola hasta mayo del 2015», a lo que añade que, según reza en la documentación obrante en el expediente de las diligencias previas por las que está imputado el primer edil, «no existen dos viviendas sino una vivienda y un almacén».
