Guerra abierta entre vecinos y dos familias okupas en una urbanización de Isla Cristina

La comunidad de vecinos de la urbanización Las Colinas, muy cerca de La Redondela y dentro del término municipal de Isla Cristina, ha mostrado su “desesperación” y el “miedo” que sienten los residentes en dicha zona desde que según sus representantes hace aproximadamente un año y medio se instalaran en tres viviendas desocupadas y propiedad de una entidad financiera dos familias de okupas que les hacen “la vida imposible”.

Así lo ha asegurado a esta redacción el presidente de dicha comunidad vecinal, Ángel Bonaque, quien ha señalado que unas sesenta familias están “afectadas” por este problema debido a la “actitud hostil” que los okupas muestran hacia los residentes en Las Colinas, así como por su “comportamiento totalmente incívico”.

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“Tenemos miedo”, ha subrayado, y la situación es ya “insoportable” porque “a pesar de nuestras continuas quejas tanto ante las autoridades locales, como ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a pesar de las aproximadamente treinta causas judiciales abiertas y emprendidas tanto por los vecinos a título individual, como por la comunidad de vecinos como entidad, las únicas soluciones que se nos aportan son esperar a que un juez decrete la expulsión de los okupas, lo cual se está eternizando en el tiempo”.

La urbanización Las Colinas es totalmente privada, por lo que según explica su presidente, todos los gastos de la misma corren por cuenta de los vecinos por mediación de la comunidad, desde los sistemas de suministro de luz y agua hasta la recogida de basuras, limpieza del viario, depuración de las aguas fecales o mantenimiento del mobiliario urbano, lo cual supone que “además de hacernos la vida imposible, los okupas nos están robando al haber enganchado ilegalmente las viviendas que ocupan a todas las redes de suministro propiedad de la urbanización”.

Igualmente señala que los vecinos se ven obligados a costear el arreglo de los “continuos destrozos que continuamente ocasionan en arquetas, tapas de arquetas, válvulas y otros elementos de dichas redes de suministro”.

Bonaque también ha querido poner de relieve lo “insoportable” de la situación por los “malos olores y ruidos que ocasionan los más de 20 perros que los okupas tienen sueltos por las parcelas que rodean a las tres viviendas ocupadas”. Un hecho que según sus palabras “no nos permite descansar ni dormir”.

Por su parte Javier Garrocho, vecino y mantenedor de la comunidad de vecinos cuya vivienda se encuentra pared con pared con las tres casas ocupadas, ha señalado que la situación es “crítica”. Y es que según este residente. A todo lo anterior se suma la “actitud amenazante de los okupas”, y los “continuos insultos y palabras obscenas que tenemos que oír todos los días tanto nosotros como nuestros hijos”.

Garrocho ha interpuesto ya 16 denuncias a título personal contra los ocupantes, contando incluso con una sentencia a su favor que condena y sanciona a los okupas por amenazas contra él y su familia, y lamenta el “escaso interés que por el momento las autoridades en general están mostrando por acabar con esta situación”.

En su caso concreto la situación ha llegado en algunas ocasiones a tal extremo de tensión que según ha narrado, una mañana los okupas “atravesaron uno de sus vehículos” justo delante de la puerta de su garaje, por lo que le fue imposible sacar del mismo su propio coche, impidiendo que una de sus hijas pudiese ir al colegio, y que tanto él como otra de sus hijas no pudiesen ir a trabajar ya que para salir de la urbanización es necesario desplazarse en coche por estar a varios kilómetros de cualquier núcleo urbano de los alrededores como son Lepe, La Redondela o Isla Cristina.

En otra ocasión, asegura, se encontró en su jardín “un muñeco tipo vudú atravesado por palitos, lo cual a mí no me afecta, siendo lo malo que para ello tuvieron que entrar en mi propiedad”. “Y así, cientos de historias más”, afirma.

Por todo ello asegura que la comunidad de vecinos ha acudido tanto a la justicia con aproximadamente una treintena de denuncias, como a la Policía Local y a la Guardia Civil, desde donde les aseguran que “no pueden hacer nada en tanto en cuanto un juez no eche a los okupas de las viviendas”, como a la Subdelegación del Gobierno “de la que no sabemos si está haciendo algo, como finalmente a la alcaldesa de Isla Cristina, la independiente Antonia Grao, “a la cual le pedimos audiencia en septiembre, nos atendió hace unos 20 días, y por el momento no ha mostrado interés en solucionar el problema”.

“Los vecinos ya no podemos hacer más -prosigue- y mientras esperamos a que actúe la justicia tenemos que seguir viviendo en nuestras propias casas un mes tras otro muertos de miedo, con mucha tensión, con una enorme ansiedad y estrés, y con la incertidumbre de si esto terminará con un estallido de violencia porque no sabemos qué van a hacer mañana”.