Fiscalía rebaja de 4 a 2 años la petición de penas contra el autor del apuñalamiento de un policía en Punta

El jefe de la Policía Local de Punta Umbría se ha mostrado "decepcionado" con la actuación de la Fiscalía, que ha rebajado de cuatro a dos años la petición de cárcel con la conformidad de la defensa: "Al final, tendré que pedir perdón yo", ha dicho

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha acogido este miércoles el juicio contra los tres acusados por los hechos ocurridos el pasado día 7 de agosto en la playa de Punta Umbría, donde resultó herido de arma blanca el subinspector jefe de la Policía Local de dicha localidad costera durante un dispositivo contra la venta ambulante ilegal. Los tres acusados han reconocido durante la vista los hechos que les imputaba el Ministerio Fiscal, y hasta los dos vendedores ambulantes ilegales acusados han pedido perdón.

Imágenes del vídeo de la agresión al jefe de la Policía Local de Punta Umbría

Por su parte el policía apuñalado, Antonio Garrido se ha mostrado «decepcionado» con la actuación de la Fiscalía, que ha rebajado de cuatro a dos años la petición de cárcel en el juicio contra su agresor, señalando que no esperaba que la Fiscalía actuara de esta forma ya que tiene «secuelas físicas, pero las más importante son las psicológicas; no entiendo que una sanción administrativa termine con un policía con navajazos con esa agresividad».

Publicidad.

«La suerte jugó un papel fundamental porque me podría haber matado en cualquier momento y, gracias a Dios, el cuchillo se cerró en un momento determinado, caí de pie y pude defenderme», además de la «rápida actuación de mis compañeros».

Garrido ha opinado que en España «es necesario un cambio de la legislación porque se valora el resultado y no la intencionalidad cuando todo el mundo ha visto por el vídeo de las redes sociales que se ve claro que la intención de él es matarme».

«Al final, tendré que pedir perdón yo», ha escrito Garrido en su perfil de Facebook, donde también ha lamentado que «primero se baja la calificación inicial de homicidio en grado de tentativa, al concurso de delitos de lesiones y atentado agravado», a lo que añade que «hoy la Fiscalía baja la petición de pena de cuatro a dos años, llegando a un acuerdo con la defensa para que el delincuente no entre en prisión. Afortunadamente la acusación particular sigue manteniendo la petición de cinco años».

Y es que el Ministerio Fiscal, con la conformidad de la defensa, ha rebajado la petición de pena para F.C.M. de cuatro a dos años de prisión por el delito de lesiones en concurso ideal con el atentado a agente de la autoridad; por cada uno de los cuatro delitos leves de lesiones la pena ha pasado de dos meses de multa con cuota diaria de seis euros, a un mes de multa a cuenta de tres euros diarios.

Todo ello después de haber aplicado al agresor la atenuante de reparación del daño puesto que ha depositado en la cuenta del Juzgado el dinero que se le solicita en concepto de responsabilidad civil, y por contar con una minusvalía reconocida que afecta a sus capacidades cognitivas y volitivas, según el informe del forense.

Para el otro acusado, también vendedor ambulante y hermano del anterior, que ha pedido perdón «si he hecho algo que no debería hacer», la Fiscalía solicita seis meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y una multa de un mes con tres euros diarios por los tres delitos leves de lesiones.

Finalmente, para el bañista, el cual intervino en defensa de los vendedores ambulantes, el Ministerio Fiscal pide seis meses de multa a razón de tres euros diarios por un delito de resistencia a la autoridad, y finalmente no se le impugna por el delito leve de lesiones a un agente.

Por su parte la acusación particular de todos los agentes afectados, incluido el jefe de la Policía Local, ha expresado su disconformidad y ha pedido para el agresor «la pena máxima»: entre los dos años y siete meses de prisión y los tres años y ocho meses para que se asegure su ingreso en prisión, así como ha pedido las accesorias de la prohibición durante cinco años de entrar en Punta Umbría y acercarse al agente y sus familiares, así como la prohibición durante cinco años de tenencia o porte de armas.

La acusación particular pidió en el juicio el visionado del vídeo de los hechos que se viralizó en las redes sociales, lo cual fue rechazado tras reconocer los hechos los acusados.

La sentencia se dará a conocer el lunes, por lo que el principal acusado permanecerá en prisión provisional hasta que se conozca su contenido.

CSIF MUESTRA SU SOLIDARIDAD CON EL POLICÍA AGREDIDO Y PIDE «CONTUNDENCIA Y EJEMPLARIDAD» EN LA SENTENCIA

Por otra parte el sindicato CSIF ha querido mostrar su solidaridad con la Policía Local de Punta Umbría, en especial con su subinspector jefe, Antonio Garrido, «que sufrió una grave agresión» el pasado 7 de agosto, y por la que se ha celebrado juicio, en el día de hoy, en el Juzgado de lo Penal número uno de la capital.

En un comunicado señala que es «especialmente significativo, y ha provocado un gran malestar en el colectivo de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la labor de la Fiscalía, que ha estado más pendiente de conseguir una condena -aceptada por la defensa- de dos años, para así facilitar que el acusado eluda la prisión, que de hacer justicia».

«Sin la labor de la acusación particular de los agentes afectados, facilitada por el Ayuntamiento de Punta Umbría -prosigue- es probable que el detenido a estas horas estuviese en su casa».

«Esto nos lleva a compartir el criterio de la acusación particular, a la que la Fiscalía ha dejado sola, en su petición de más de dos años de cárcel», indica CSIF, a lo que añade que «con acciones como la de hoy, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sienten el desamparo y abandono del Ministerio Fiscal. Esperamos que se haga justicia y, por ello, deseamos que el juez no atienda al acuerdo de la Fiscalía con la Defensa».

Por último señala que «debe estar por encima el bien jurídico que se protege, que es la vida y la integridad de los agentes de la autoridad, cuando ejercen sus funciones; con peticiones como ésta queda en entredicho», para concluir solicitando «contundencia y ejemplaridad en la sentencia para que se respalde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, evitando que queden desamparados; al mismo tiempo se daría un ejemplo nefasto de la Justicia hacia la ciudadanía. Hablamos de crear inseguridad y desconfianza entre los agentes, que pueden sentirse desprotegidos y a merced de personas que decidan agredirlos».