Emigrantes retornados se organizan en Cartaya para defender sus intereses

Casi medio centenar de emigrantes retornados de Cartaya han respondido este miércoles a la llamada realizada por la Asociación Onubense de Emigrantes Retornados (AOER), y se dieron cita en la asamblea general abierta que el colectivo convocó en el salón de actos de la Casa de la Cultura de dicha localidad costera.

El objetivo de la iniciativa, según precisaron sus responsables, no fue otro que “captar socios en la provincia de Huelva para ser más fuertes a la hora de plantear nuestras reivindicaciones ante las administraciones públicas, en especial ante el Gobierno de España y más concretamente ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” del cual criticaron su “afán recaudatorio” por el tratamiento fiscal que el colectivo recibe desde el año 2015.

El encuentro contó con el apoyo del PSOE local, cuyos responsables ofrecieron su sede de Cartaya como espacio de reunión para el colectivo de emigrantes retornados de la localidad costera.

Los emigrantes retornados que se dieron cita en este encuentro en Cartaya mostraron abiertamente su indignación, ante lo que muchos consideran un “auténtico robo”, dadas las cantidades que les ha solicitado la Agencia Tributaria Española por sus años de trabajo en el extranjero, concretamente en países del norte de Europa como Alemania, Holanda, Suiza o Francia.

AOER reclama al Gobierno que establezca un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero, cuyos beneficiarios son los españoles retornados, que permita la aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que correspondan a cada situación y que eviten la necesidad de regularizaciones posteriores.

Igualmente exigen que se proceda a la devolución de los importes cobrados indebidamente a los pensionistas emigrantes retornados de Alemania en atención a las sentencias judiciales dictadas a tales efectos; que se establezca un procedimiento de homologación de las pensiones públicas del extranjero para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF y evitar los recursos a que se ven obligados a plantear en la actualidad los emigrantes retornados con pensiones públicas de otros países; o la devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados «injustamente» que no han sido reclamadas por los retornados, y la no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización «dado que el Ministerio de Hacienda no ha puesto los medios necesarios para llevarlo a cabo dicho proceso de regularización, ni en medios humanos, informativos ni temporales».