La presidenta de la Diputación de Huelva, M.ª Eugenia Limón, ha vuelto a convocar la mesa para la restauración de las zonas mineras abandonadas para conocer las conclusiones del estudio sobre la recuperación ambiental de terrenos de la minería histórica que ha sido promovido por la Diputación provincial.
El principal objetivo del estudio, que fue licitado por la Diputación y adjudicado a la empresa la Fundación Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua), consiste en poner en marcha un plan de restauración de las zonas con pasivos mineros históricos de la provincia, identificarlas y saber su incidencia en los terrenos en los que se encuentran y las herramientas y tecnología que se pueden aplicar para la mejora de estos terrenos degradados.
Como ha explicado M.ª Eugenia Limón, la restauración de las zonas mineras degradas “es imprescindible” para la mejora de la calidad ambiental del territorio de los municipios onubenses de la Faja Pirítica Ibérica, afectados por los pasivos mineros históricos.
Limón ha asegurado que la obtención de recursos hídricos depurados “son esenciales para el avance de la agricultura, el empuje de la industria ya existente y las que se están impulsando, como el Hidrógeno verde, así como para recuperar zonas mineras antiguas, para el desarrollo de proyectos futuros en sectores como el extractivo, el turismo y la naturaleza”.
El siguiente paso para conseguir la puesta en marcha de este plan de recuperación de zonas degradadas consiste en “adelantar las conclusiones de este estudio y los objetivos del plan a las administraciones competentes, como son la Junta de Andalucía y el Gobierno de España”, ha señalado la presidenta de la Diputación.
Por su parte, la gerente de Aminer, Priscila Moreno, que ha calificado esta reunión de “muy positiva” ha subrayado la necesidad de lograr el compromiso de todas las administraciones, en “un gran pacto de estado” para Huelva, “porque se lo merece, somos el primer productor de cobre de España y el segundo de Europa y tenemos en nuestro terreno una riqueza geológica necesaria y estratégica para atender la demanda de mineral de Europa y nos merecemos ese trato estratégico que venga a poner en valor nuestro territorio”.
En opinión del presidente de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu), Juan Antonio Millán Jaldón, “esta mesa tiene mucha fuerza local, que es desde donde se conoce el territorio y el potencial de la provincia, y la Diputación, como representante del territorio y los municipios, unida a todos los colectivos representados en esta mesa nos hemos marcado el objetivo de abrir el diálogo con otras administraciones”. Según Millán, la minería de la faja pirítica “merece un plan como lo ha tenido la del carbón, porque Huelva necesita aprovechar sus recursos naturales para crear riqueza y empleo de una manera sostenible”, ha asegurado, y “ese es el objetivo que nos hemos marcado”.
En el transcurso de la reunión se ha manifestado la necesidad de desarrollar un plan de restauración ambiental de las zonas mineras abandonadas, no sólo desde la Diputación Provincial y los Ayuntamientos, sino también desde dos de los sectores con mayor importancia en la economía y el empleo de la provincia de Huelva: a través del apoyo e implicación de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER) que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en Andalucía, y por parte de La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (COREHU), COPREHU, que agrupa a las comunidades de regantes de la provincia de Huelva y a los promotores de regadíos; a las que se ha sumado la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva y Aguas de Huelva, como entidades que gestiona el ciclo integral del agua de la mayoría de municipios de la provincia de Huelva y en Huelva capital; y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (AIQBE) que integra a la mayoría de las más grandes empresas y factorías de la provincia de Huelva.
El conjunto de estas organizaciones se han comprometido en poner en marcha un frente común para que, junto con las administraciones central y autonómica, se planifique y ejecute un plan de restauración de las zonas mineras degradadas por operaciones históricas, aprovechando la financiación extraordinaria y ordinaria de la UE y los respectivos presupuestos anuales.