Denuncian irregularidades en la selección de un peón por el Ayuntamiento de Cartaya

Uno de los afectados denuncia públicamente los hechos y solicita formalmente al Consistorio el inicio de un procedimiento administrativo con el objeto de que “se investiguen los hechos y se actúe de acuerdo a la Ley”

Hasta nueve horas de espera sin información y sin acondicionar un espacio o lugar para hacer sus necesidades, sin el equipo de protección individual (EPI) correspondiente para la realización del trabajo encomendado, o con una “total opacidad” en relación al desarrollo de la prueba. Así se vieron obligados el pasado miércoles, 25 de abril, a realizar el segundo ejercicio de una prueba de selección de personal para una plaza de peón de usos múltiples las casi 200 personas seleccionadas en primera instancia por el Ayuntamiento de Cartaya, y convocadas para ello, según ha denunciado públicamente uno de los afectados, que además ha solicitado formalmente al Consistorio cartayero el inicio de un procedimiento administrativo con el objeto de que “se investiguen los hechos y se actúe de acuerdo a la Ley”.

Según el documento registrado en el Ayuntamiento por el afectado el pasado día 29 de abril, al que ha tenido acceso esta redacción, el Consistorio lo convocó para la realización de dicha prueba en los almacenes municipales ubicados en el paraje de Malpica el pasado día 25 de abril a las nueve de la mañana, no siendo llamado para la realización de su ejercicio hasta las seis menos cuarto de la tarde, después de esperar ocho horas y cuarenta y cinco minutos. Un hecho que le lleva a lamentar la “absoluta falta de consideración del tribunal respecto a las necesidades de los concursantes” ya que según prosigue “no hicieron nada para evitar unas esperas de hasta nueve horas”. Igualmente detalla que “tampoco se informó ni se habilitó un espacio para que las personas hiciesen sus necesidades”, así como “tampoco se habilitó un espacio para los niños que fueron llegando a lo largo del proceso”. Unos hechos que según afirma “atentan contra la dignidad de las personas”.

El afectado también hace constar en su escrito la negativa del tribunal a grabar la prueba con sus propios medios, lo cual considera un “abuso de poder” ya que, según prosigue, “la opacidad del proceso favorece el nepotismo y pone en entredicho el principio de igualdad”. Y es que según prosigue “dado que en proceso selectivo no hay intimidad que proteger”, así como “para fiscalizar la labor del tribunal”, solicitó que la prueba fuese grabada íntegramente con sus propios medios, lo cual fue denegado por el presidente del tribunal “con un argumento ininteligible”.

Igualmente señala que la prueba se realizó a puerta cerrada y en grupos de dos personas, a las cuales se les dio un tiempo de cinco minutos para el desarrollo de cinco ejercicios, entre ellos el montaje de un andamio europeo, cambiar el disco de una radial, hacer mezcla o coger un ladrillo y colocarlo donde considerase el presidente del tribunal.

No obstante, concluye, “quizás lo más grave de todo” sea el “presunto delito contra los derechos de los trabajadores” que, a su juicio, cometió el tribunal, ya que según detalla en su escrito, se puso a disposición de los concursantes un EPI que “no incluye calzado de seguridad”, cuando “ni en las bases, ni en la convocatoria, se especifica la obligatoriedad de asistir con calzado de seguridad y ropa de trabajo”. Igualmente indicó al tribunal que “el montaje de un andamio es una parea para dos personas”, a lo cual el presidente del mismo le respondió que disponía “de todo lo necesario para realizar el ejercicio”.

Por todo ello solicita que “se investiguen los hechos y se actúe de acuerdo con la Ley, como corresponde a cualquier administración pública”, así como “ser considerado como parte del procedimiento administrativo que se inicia con este escrito, y que se me comuniquen los sucesivos actos que, como consecuencia de este expediente, se vayan produciendo, tal y como dicta el artículo 35.a y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC)”.

DENUNCIAS DE “ENCHUFISMO”

Este mismo proceso selectivo ya fue cuestionado hace unas semanas por el PSOE de Cartaya, que criticó las formas y que puso de manifiesto que el tribunal estaba constituido por personas que forman parte de la dirección del partido del alcalde de la localidad, Juan Miguel Polo, Independientes por Cartaya (ICAR).

Los socialistas aseguraron que tanto el titular de la presidencia del tribunal calificador como el secretario y dos de los tres vocales, “son miembros de la actual ejecutiva de dicho partido, elegida el 1 de abril de 2016”. Además, “uno de estos vocales, José Ponce Gómez, es el actual presidente de dicha formación política y en cuyo domicilio aparece registrado en el Ministerio del Interior el partido Independientes por Cartaya”.

El viceportavoz socialista, Manuel Vázquez, así como muchos de los inscritos, criticaron que la composición del tribunal “no es para nada imparcial”, y que “a un año de las elecciones municipales, el alcalde lo que pretende es dar carácter de normalidad y continuidad en el tiempo, priorizando a su gente y a personas allegadas a su partido, mediante procesos de selección que solo estén controlados de forma directa por él”.

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