La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, ha emitido una resolución en la que reprocha al Ayuntamiento de Cartaya que dirige el independiente Juan Polo junto con PP y PA en un gobierno tripartito, la adopción de «un acuerdo en forma irregular e incumplidora» sobre el nombramiento en 2015 de representantes municipales en la Mancomunidad de Municipios Beturia en proporción al resultado electoral.
Dicha resolución es el resultado de una queja que elevó el Grupo Municipal Socialista de la localidad en la que solicitó que se anulara el citado acuerdo por el que fueron designados vocales un representante del grupo independiente (Icar) y otro del PP, así como que se adoptara otro acuerdo donde «se respetara la proporcionalidad del resultado electoral nombrando vocales a los representantes de las fuerzas mayoritarias del pleno, PSOE e Icar», teniendo en cuenta que el Partido Socialista ganó las elecciones en la localidad y por tanto fue la fuerza más votada en los pasados comicios locales de mayo de 2015.
La resolución emitida por el Defensor del Pueblo Andaluz, a la que ha tenido acceso esta redacción, da por acreditado «el incumplimiento del citado precepto estatutario y de los legales, así como de la doctrina sobre los criterios de proporcionalidad en la designación de representantes» pese a su posterior anulación de igual forma en sede plenaria sin que finalmente se designara a representantes del PSOE. Es por ello por lo que señala que dicho acuerdo «merece el reproche de cualquier institución de control de la actividad político administrativa de gobierno local».
De esta forma recomienda al Ayuntamiento «respetar escrupulosamente las disposiciones legales vigentes que garantizan la efectividad del principio de participación en los asuntos públicos reconocido en el art. 23 de la Constitución Española».
A juicio de los socialistas, este acuerdo «incumple los estatutos» de la Mancomunidad, así como el adoptado en el pleno, que incumplía a su vez el artículo 67 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía (Laula), que establece que los estatutos de una mancomunidad «garantizarán que la composición del órgano de representación municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta», así como que «los representantes en el órgano citado se designarán, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales».
Este hecho fue advertido por escrito por parte del grupo socialista pero «no fue atendido» en la citada sesión plenaria, por lo que también fue denunciado ante la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación en Huelva, la cual igualmente presentó al Ayuntamiento requerimiento de anulación del citado acuerdo al considerar que «no se han respetado las reglas de proporcionalidad que imponen las normas legales descritas, y específicamente en los estatutos de la mancomunidad».
ABANDONO DE BETURIA
El pasado mes de mayo el Pleno del Ayuntamiento de Cartaya aprobó la separación voluntaria de la Mancomunidad de Municipios Beturia con el voto favorable del equipo de Gobierno tripartito (Icar-PP-PA), el voto en contra del PSOE y la abstención de IU.
