En la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada en Madrid, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía, Carmen Crespo, ha expresado su decepción por la falta de interlocución y sensibilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al no haber incluido en el orden del día las 43 medidas del Estado para hacer frente a la crisis del sector agrario.
Crespo ha señalado que solo se les ha permitido hacer aportaciones al respecto durante tres minutos en el apartado de ‘Ruegos y Preguntas’, lo cual considera insuficiente para una adecuada relación entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
La consejera ha ejercido como portavoz de ocho comunidades autónomas españolas (Andalucía, Murcia, La Rioja, Cantabria, Madrid, Extremadura, Galicia y Baleares) para trasladar algunas de las consideraciones de estos territorios respecto al paquete anticrisis del Gobierno central.
Entre las principales preocupaciones del campo andaluz, Crespo ha destacado la simplificación llevada a cabo por la Unión Europea como respuesta a la solicitud de los territorios, pero ha rechazado la «desigualdad de oportunidades» derivada de la mayor cantidad de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (Bcam) establecidas en España.
Otra preocupación importante es la necesidad de que el campo reciba más recursos económicos del fondo Next Generation, especialmente para el regadío, y que el IVA sea un concepto elegible en estas subvenciones europeas.
Crespo también ha hecho hincapié en la importancia de velar por el control en las aduanas y evitar la competencia desleal reforzando los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) y aplicando cláusulas espejo en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países.
En cuanto a sanidad animal, la consejera ha solicitado una revisión de programas que permita actuar conjuntamente y de forma coordinada en el ámbito de las enfermedades del ganado. También ha expresado su preocupación por la definición de agricultor activo de la nueva Política Agraria Común (PAC), que ha dejado fuera a 4.000 agricultores y ganaderos de Andalucía.
Crespo ha solicitado que se estudie esta definición y se debata con las comunidades autónomas para poder incorporarla a la flexibilización de la política europea. En resumen, Andalucía considera que la Sectorial de Agricultura debería haber incluido las 43 medidas por la crisis del campo para una mejor relación entre el Ministerio y las comunidades autónomas y para abordar de manera más efectiva los problemas del sector agrario.
