Ciudadanos pacta la alcaldía de Cartaya con Polo pese a la imputación de este por prevaricación

Independientes por Cartaya (ICAR), Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo que permitirá que mañana sábado sea investido como alcalde Juan Polo (ICAR), quien pretende seguir gobernando en el municipio cartayero a partir de este sábado, 15 de junio, a pesar de estar inmerso en una causa judicial que le mantiene imputado desde el año 2015 por sendos delitos contra el medio ambiente y por prevaricación.

A este acuerdo se ha llegado tras intensas negociaciones a tres bandas después de que, en las pasadas elecciones municipales, ninguna formación política de las que concurrieron lograsen mayoría absoluta.

Por tanto, el nuevo Gobierno local cartayero estará integrado por un tripartito que según fuentes próximas a Ciudadanos Cartaya incluye un turno en la alcaldía de 16 meses por formación. La primera investidura será la de Juan Polo, que dada la imputación del independiente podría darse la circunstancia de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte pueda abrir juicio oral contra el alcalde de Cartaya y fijar una fecha para su celebración durante la próxima legislatura.

EL ‘CASO POLO’

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte citó en febrero de 2015 a declarar en calidad de imputado al primer edil en funciones cartayero por un delito contra el medio ambiente, y otro de prevaricación, presuntamente cometidos en los años 1995 y 2003, cuando era teniente de alcalde en el Consistorio cartayero y se edificó dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable.

Según el auto, el juzgado admitió a trámite una querella contra Polo, ordenando la práctica de una serie de diligencias como la solicitud del informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela, y de la licencia urbanística y finalización de las obras.

Del mismo modo solicitó la inspección ocular de la citada parcela, así  como las construcciones ubicadas en la misma, y al Ayuntamiento la copia de la concesión de la licencia, solicitada por la esposa del alcalde para la construcción de un almacén agrícola de 50 metros cuadrados, y una copia testimoniada del expediente administrativo de disciplina urbanística, si la hubiera, tramitado para una vivienda de 257 metros en la misma parcela, y de restablecimiento de la legalidad urbanística.

A su vez, el juez solicitó una copia testimoniada del expediente administrativo de concesión de licencia instado en 2004, cuando Polo, siendo teniente de alcalde de Obras, pidió una licencia para construir un nuevo almacén agrícola de 67 metros cuadrados.

En octubre de 2015 la Audiencia Provincial de Huelva desestimó el recurso de apelación interpuesto por el alcalde cartayero, dando luz verde a la continuidad de la instrucción de la causa, al considerar que Juan Polo se valió de sus cargos políticos para «favorecer la construcción ilegal y la no incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística infringida».

La Audiencia confirmó así el auto del 27 de abril de 2015, y ordenaba proseguir la investigación del primer edil por un delito de prevaricación porque «del resultado de las diligencias instruidas se desprende la existencia de indicios que demuestran el ánimo o voluntad del querellado, concejal y alcalde del Ayuntamiento, para omitir la emisión de resolución alguna sobre la restauración de la legalidad urbanística de las obras sin licencia (nave y ampliaciones), de forma arbitraria, al apartarse de los requerimientos, y de no ajustarse a la legalidad vigente requerida por los organismos del Servicio Territorial de Fomento y Medio Ambiente, y Ministerio Fiscal, de forma consciente».

Por otro lado, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta remitió un oficio al juzgado en el que expresa que las dos viviendas por las que está imputado el alcalde están construidas en suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística.

AMPLIACIÓN DE LA QUERELLA CONTRA POLO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS, PREVARICACIÓN Y FALSEDAD

En mayo del año 2016 el mismo Juzgado admitió a trámite ampliar la querella contra el primer edil cartayero por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental, al tratar de legalizar dichas construcciones en suelo no urbanizable.

El escrito de ampliación de dicha querella precisa que éste presentó en el Ayuntamiento que él mismo preside una solicitud para legalizar dichas edificaciones.

En la solicitud se pide el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación «falseando las características de las edificaciones y en contra de la legislación urbanística que actualmente está en vigor en Cartaya».

De esta forma, según el denunciante, el alcalde trata de que el Ayuntamiento legalice las dos viviendas que posee en esa parcela, calificada como de especial protección agrícola hasta mayo de 2015, cuando según la documentación obrante en el expediente de las diligencias previas por las que está investigado, no existen dos viviendas sino que tan solo existe una vivienda y un almacén.

Además, el alcalde hace constar en su solicitud una superficie de la construcción principal de 201,75 m2, donde se incluye una ampliación de la misma de casi 30 m2, cuya construcción finalizó, según informe del secretario municipal, en octubre de 2010, por lo que no se le puede aplicar el Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable de Andalucía.

A juicio de la acusación, el alcalde de Cartaya «está usando la Junta de Gobierno Local que preside para conseguir tiempo y manipulando los expedientes administrativos para lograr el reconocimiento fraudulento y, con ello, la legalización de las dos construcciones del alcalde».

En esta ampliación de querella la acusación pide que se tome declaración al alcalde, en calidad de investigado y al secretario del Ayuntamiento, además de escuchar como testigos al teniente de alcalde delegado de Urbanismo, que obra como instructor del expediente de legalización, y al resto de miembros de la junta de gobierno local del consistorio, que con su voto afirmativo aprobaron el expediente de legalización.

Posteriormente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Huelva paralizó mediante un decreto fechado el 20 de septiembre 2016 el expediente con el que el alcalde intentaba regularizar sus viviendas construidas supuestamente en suelo no urbanizable, y por tanto presuntamente ilegales.

Para ello admitió a trámite un recurso contra dicho expediente de regularización, tramitado por el Ayuntamiento de Cartaya en la Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de junio de ese mismo año con el propósito de regularizar las dos viviendas propiedad del primer edil.

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