La Fundación Cepaim ha tramitado en lo que llevamos de campaña agrícola un total de seis denuncias ante la Guardia Civil por «abusos» a trabajadoras temporeras contratadas en origen procedentes de Marruecos, una de ellas por «abusos sexuales», y las cinco restantes por «abusos laborales». Dichas denuncias han sido interpuestas en distintos puntos de la provincia onubense, y tramitadas con la ayuda de los técnicos de dicha entidad que trabajan en su sede de Cartaya.
Así lo ha señalado a HuelvaCosta.com el coordinador autonómico para Andalucía y Ceuta de la Fundación Cepaim, Javier Pérez, quien ha precisado que la denuncia más grave, la que se refiere a supuestos abusos sexuales, tuvo su origen hace unas semanas en una finca del Condado, interviniendo «de forma excelente» en la instrucción de la misma la Guardia Civil y técnicos de Cepaim ya que «todo se tramitó desde nuestra oficina en Cartaya».
Por el momento se desconocen más detalles tanto sobre las causas concretas de la denuncia, como sobre sus consecuencias, añadió Pérez.
Las restantes cinco denuncias, prosiguió el responsable de Cepaim, han tenido su origen en los supuestos «abusos laborales» padecidos por otras tantas trabajadoras marroquíes contratadas en origen para la presente campaña agrícola, especialmente por «agresiones verbales» en forma de «gritos» e «insultos» hacia ellas por parte de responsables de distintas explotaciones agrícolas, «motivados sobre todo por no haber recolectado el número mínimo de cajas de fruta estipulado por día». Algunos de estos casos, añade, «se han saldado con la expulsión de las trabajadoras de sus puestos de trabajo».
Javier Pérez ha añadido que «no son estos buenos modos ni buenas prácticas laborales», aunque ha querido dejar claro que en ninguno de los casos se ha llegado a la agresión física», por lo que se han quedado en lo que califica como «incidencias».
El máximo responsable de la Fundación Cepaim en Andalucía ha señalado por otra parte que todas las trabajadoras afectadas por estas denuncias ya han regresado a Marruecos tras haber cumplido el plazo legal establecido para su estancia laboral en España.
PARA CEPAIM «NO HAY QUE GENERALIZAR»
Finalmente ha querido dejar claro que, a pesar de estas denuncias, en la campaña agrícola onubense trabajan cada año miles de personas, y la mayoría de los empresarios y responsables de las fincas hacen una buena gestión de sus recursos humanos, por lo que «no podemos generalizar», si bien «es necesario, por la imagen del sector, atajar de raíz este tipo de comportamientos».
Por otra parte esta semana la Fundación Cepaim ha dado a conocer el resultado de un trabajo de campo que cinco de sus técnicos han realizado a lo largo de las últimas semanas como consecuencia de las denuncias que se están conociendo, el cual concluye que si bien «no se puede generalizar» al conjunto del empresariado agrícola onubense sobre explotación laboral y sexual de las mujeres contratadas en origen, «si existen pocos, pero suficientes, casos de irregularidades laborales, algunos de ellos muy graves, que implican indicios de acoso sexual y agresiones, poniendo en evidencia la necesidad de un mayor control y seguimiento de las contrataciones en origen, desde la selección, llegada, estancia de las mujeres y su retorno».
Dicho trabajo ha sido realizado a través de visitas a fincas donde trabajan mujeres atendidas por la Fundación, en las que se ha comprobado sus condiciones de alojamiento y laborales. Los técnicos de Cepaim también han mantenido interlocución con encargados de empresas, así como con representantes de administraciones locales, autonómica y estatal, sindicatos y otras entidades sociales, así como han recogido testimonios directos de mujeres.
La Fundación Cepaim considera que las mujeres contratadas en origen se encuentran en situación de «alta vulnerabilidad», y que en general existe «desconocimiento» por parte de éstas de sus derechos laborales, por lo que concluye que el modelo de contratación en origen, «no garantiza suficientemente» este año los derechos personales, sociales y laborales del colectivo. «Se hace por tanto necesario –prosigue- adoptar medidas que impidan que vuelvan a repetirse estos hechos, que garanticen los derechos de las trabajadoras y que repercutan positivamente en el prestigio de la agricultura de Huelva».
En su estudio, Cepaim ha comprobado como en «algunas empresas» se han dado «deficiencias aisladas», algunas de ellas «muy graves», que es necesario evaluar y abordar para mejorar o erradicar. Entre ellas destaca falta de control y seguimiento de las contrataciones en origen, desde la selección, llegada, estancia de las mujeres y retorno; vinculación de visados a empresas concretas; retención de pasaportes; solicitud de dinero para venir a España y, durante su estancia, para cubrir gastos de alojamiento; algunos casos de posible acoso laboral dejándolas sin trabajar durante unos días como castigo por no recoger suficientes cajas de fruta; falta de abono mensual de nóminas o retención de importes hasta su retorno; condiciones de habitabilidad de los alojamientos no adecuadas en algunas fincas; o presencia testimonial e insuficiente de mediadores sociales en las empresas.
Por todo ello, la Fundación Cepaim propone de cara a futuras campañas la adopción de medidas encaminadas a impedir que vuelvan a repetirse estos hechos, que garanticen los derechos de las trabajadoras y que repercutan positivamente en el prestigio de la agricultura de Huelva y de sus empresarios.
Entre las propuestas destaca la participación de las entidades sociales en la Mesa de Contratación, junto con el Ministerio de Empleo, sindicatos y organizaciones empresariales; vincular los visados de las personas trabajadoras al sector y no a las empresas; crear una comisión formada por personas del país de origen y receptor para la evaluación y seguimiento del procedimiento; elaborar un protocolo de calidad de la acogida, o distribuir entre los miembros de las patronales agrarias un manual de acogida y buenas prácticas.
Igualmente propone la creación de una red de mediadores sociales contratados por entidades sociales, con financiación pública y de las empresas, que se desplace por las fincas para solucionar posibles incidencias; mejorar las condiciones de los alojamientos puestos a disposición; garantizar que su coste íntegro sea asumido por el empresario; o implementar un programa de formación y acompañamiento social a las personas contratadas en origen.
Para Cepaim es «imprescindible» actuar ante los casos de acoso laboral y sexual identificados, exigiendo que las empresas en las que se pueda acreditar estas prácticas sean «excluidas» del sistema de contratación en origen. También solicita una actuación preventiva facilitando formación a las empresas sobre políticas de igualdad entre hombres y mujeres, así como medidas frente al acoso.
