Cepaim afirma que hay casos “muy graves” de “acoso” en el campo, pero “no se puede generalizar”

La Fundación Cepaim ha afirmado que, si bien “no se puede generalizar” al conjunto de empresarios agrícolas onubenses sobre explotación laboral y sexual de las mujeres contratadas en origen para las campañas agrícolas de la provincia, “si existen pocos, pero suficientes, casos de irregularidades laborales, algunos de ellos muy graves, que implican indicios de acoso sexual y agresiones, poniendo en evidencia la necesidad de un mayor control y seguimiento de las contrataciones en origen, desde la selección, llegada, estancia de las mujeres y su retorno”.

Es la principal conclusión a la que ha llegado dicha entidad social, que tiene ya una dilatada implantación y experiencia en Huelva en materia de gestión de la inmigración, tras realizar en los últimos días un estudio en profundidad sobre la situación de las mujeres contratadas en origen para trabajar en el campo onubense, y tras las informaciones y denuncias que se están conociendo estos días sobre la cuestión.

Dicho estudio ha sido realizado a través de visitas por parte de cinco técnicos de la Fundación a fincas donde trabajan mujeres atendidas por la misma, en las que se ha comprobado sus condiciones de alojamiento y laborales. También han mantenido interlocución con encargados de empresas, así como con representantes de administraciones locales, autonómica y estatal, sindicatos y otras entidades sociales. Igualmente han recogido testimonios directos de mujeres, a las que ha prestado asistencia psicosocial, mediación, traducción y, en un total de seis casos, se ha facilitado la interposición de denuncias individuales, realizando posteriormente el seguimiento de los casos, derivando algunos de ellos a los cuerpos de seguridad del Estado, sindicatos, centros de la mujer y otras entidades.

La Fundación Cepaim considera que las mujeres contratadas en origen se encuentran en situación de “alta vulnerabilidad”, y que en general existe “desconocimiento” por parte de éstas de sus derechos laborales, por lo que concluye que el modelo de contratación en origen, en 2018, “no garantiza suficientemente” los derechos personales, sociales y laborales de dicho colectivo. “Se hace por tanto necesario –prosigue- adoptar medidas que impidan que vuelvan a repetirse estos hechos, que garanticen los derechos de las trabajadoras y que repercutan positivamente en el prestigio de la agricultura de Huelva”.

En el estudio, Cepaim considera que en “algunas empresas” se han dado “deficiencias aisladas”, algunas de ellas “muy graves”, que es necesario evaluar y abordar para mejorar o erradicar. Entre ellas destaca falta de control y seguimiento de las contrataciones en origen, desde la selección, llegada, estancia de las mujeres y retorno; vinculación de visados a empresas concretas; retención de pasaportes; solicitud de dinero para venir a España y, durante su estancia, para cubrir gastos de alojamiento; algunos casos de posible acoso laboral dejándolas sin trabajar durante unos días como castigo por no recoger suficientes cajas de fruta; falta de abono mensual de nóminas o retención de importes hasta su retorno; condiciones de habitabilidad de los alojamientos no adecuadas en algunas fincas; o presencia testimonial e insuficiente de mediadores sociales en las empresas.

A ello añade que “en algunos casos” se han realizado denuncias por acoso sexual o agresión por parte del manijero de la finca, no habiendo podido obtener datos sobre abortos en los centros de salud de los municipios donde trabajan estas mujeres, aunque sí ha detectado “unos pocos casos” de mujeres contratadas en origen que han dado a luz “sin que se les haya garantizado una adecuada alternativa residencial”.

Cepaim también ha detectado “dificultades y miedo” entre las mujeres para expresar sus quejas, por desconocimiento del idioma o de los cauces establecidos para ello, así como una situación de “alta vulnerabilidad” dada la necesidad imperiosa de lograr dinero para el sustento familiar; así como por el aislamiento producido por desconocimiento del idioma y de los recursos existentes; por el aislamiento físico dada la ubicación de los alojamientos; o por el desconocimiento de sus condiciones laborales y sus derechos. Todo esto, prosigue el informe, “podría originar la aparición de casos como los identificados, con el riesgo de que estas mujeres queden en situación de indefensión para poder velar por sus derechos”.

A pesar de ello, Cepaim “no tiene constancia” tras la realización del estudio de explotación laboral y sexual “de forma generalizada” entre el empresariado agrícola onubense, ni que haya un número especial de casos de abortos en los municipios donde trabajan las mujeres temporeras”.

RECHAZO Y MEDIDAS

La Fundación Cepaim también expresa en el informe su “rotundo rechazo” a estos hechos, a la vez que considera que el modelo de contratación en origen, en 2018, “no ha garantizado suficientemente el respeto a los derechos personales, sociales y laborales de algunas mujeres”.

Por todo ello exige una “actuación contundente” por parte de las organizaciones empresariales, sindicales y administraciones públicas, que investigue las condiciones de trabajo, que realice el seguimiento de las denuncias interpuestas, que adopte medidas para garantizar los derechos del personal contratado y, especialmente, que preste apoyo y dé voz a estas mujeres.

PROPUESTAS CONCRETAS DE CEPAIM

Por todo ello, la Fundación Cepaim propone de cara a futuras campañas la adopción de medidas encaminadas a impedir que vuelvan a repetirse estos hechos, que garanticen los derechos de las trabajadoras y que repercutan positivamente en el prestigio de la agricultura de Huelva y de sus empresarios.

Entre las propuestas destaca la participación de las entidades sociales en la Mesa de Contratación, junto con el Ministerio de Empleo, sindicatos y organizaciones empresariales; vincular los visados de las personas trabajadoras al sector y no a empresas; la creación de una comisión formada por integrantes del país de origen y receptor para la evaluación y seguimiento de todo el procedimiento, elaborando un protocolo de calidad de la acogida y distribuyendo entre las personas afiliadas a las organizaciones empresariales un manual de acogida y buenas prácticas.

Igualmente propone la creación de una red de mediadores sociales contratados por entidades sociales, con financiación pública y de las empresas, que se desplace por los campos onubenses para solucionar posibles incidencias; mejorar las condiciones de los alojamientos puestos a disposición, garantizando que el coste íntegro de los mismos sea asumido por los empresarios; o implementar un programa de formación y acompañamiento social a las personas contratadas en origen.

Para Cepaim es “imprescindible” actuar ante los casos de acoso laboral y sexual identificados, exigiendo que las empresas en las que se pueda acreditar estas prácticas sean “excluidas” del sistema de contratación en origen. También solicita una actuación preventiva facilitando formación a las empresas sobre políticas de igualdad entre hombres y mujeres, así como medidas frente al acoso.

FUNDACIÓN CEPAIM

La Fundación Cepaim trabaja desde 1994 para promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables y, de forma especial, de las personas migrantes. Actualmente está presente en 9 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia), la ciudad autónoma de Ceuta, y con presencia propia en Senegal.

Con un total de 32 centros territoriales la entidad pone el acento de su intervención directa con población en riesgo de exclusión social en los barrios de los territorios donde se ubica, trabajando en materia de acogida y protección internacional, vivienda, inserción laboral y formación, jóvenes y familias, acción comunitaria, igualdad, gestión de la diversidad y no discriminación, desarrollo rural y emprendimiento, y cooperación al desarrollo y codesarrollo.

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